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Ramón Mendoza
Guest
Mientras veía un reportaje de una respetable televisora internacional, escuché el término gansterización, aplicado al desarrollo del crimen organizado en Europa. Este flagelo se extiende y opera silenciosamente, generando miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico, la prostitución, la extorsión, el blanqueo de capitales y el tráfico de armas, personas y órganos humanos, además de otras múltiples modalidades de actividades criminales.
La conclusión del programa fue: Europa se está gansterizando. Cada año aumentan los índices de criminalidad y el tráfico de drogas es incesante, a pesar de los mecanismos policiales y judiciales que se utilizan.
La gansterización puede definirse como la generación y el desarrollo de estructuras criminales que poseen, como cualquier empresa, una misión, una visión y valores. A esto se añade el apoyo de abogados, contadores, banqueros, financistas, políticos y funcionarios públicos, ahora también mediante aplicaciones de inteligencia artificial.
La gansterización tiene efectos visibles: los asesinatos por territorios, el pandillerismo, los crímenes por encargo y los ajustes de cuentas. Estos escenarios delincuenciales tienen, en su gran mayoría, un factor común: el mercado de las drogas, que, a su vez, forma parte del crimen organizado.
Hay otro escenario menos visible: el blanqueo de capitales y el control sobre los políticos y las autoridades administrativas o judiciales. Las políticas contra la delincuencia prestan mayor atención al primer escenario, como ocurre con el Plan Estratégico Interinstitucional (PEI) y la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC) del Minseg. Esta última tiene un costo de $30 millones y se desarrolla en colaboración con el BID, sin que se hayan obtenido logros encomiables, a pesar de los programas de resocialización y prevención que ejecuta.
El segundo escenario es más difícil de enfrentar y erradicar. El control que puede tener —y tiene— el crimen organizado en las esferas políticas, administrativas y judiciales no constituye un estigma visible.
Organizaciones internacionales dedicadas a analizar el fenómeno han calificado a Panamá como un país con debilidades funcionales que permiten la presencia y el desarrollo del crimen organizado. Esto se deriva de deficiencias estructurales e institucionales, como las debilidades en las investigaciones y en la administración de justicia, la corrupción del sistema penitenciario y la falta de aplicación efectiva de las normas.
Por ejemplo, el Índice Global del Crimen Organizado, publicado por Global Initiative Against Transnational Organized Crime con el apoyo de Interpol, refleja que, en 2025, Panamá, aunque mejoró ligeramente —de 6.98 a 6.93—, siguió catalogado entre los países con mayor exposición al crimen organizado. Ocupó el puesto 21 entre los 193 países analizados y el tercero entre los ocho países centroamericanos.
En 2025, los componentes que registraron los mayores índices en Panamá fueron el tráfico de cocaína, los funcionarios públicos utilizados por el crimen o vinculados a este, la trata de personas, el tráfico de migrantes, los delitos financieros, el pandillerismo —grupos mafiosos— y los actores criminales insertos en el Estado.
Factores como los complejos portuarios, la Zona Libre de Colón, el sistema bancario y la palpable falta de efectividad legislativa y judicial hacen perceptible la impunidad normativa. La existencia de un sistema legislativo en el que varios de sus miembros han sido señalados por su presunta vinculación con actividades criminales, sin que existan sanciones ciertas, se encuentra entre los factores que están permitiendo la gansterización de Panamá.
Lo más grave es que las autoridades y las entidades especializadas en el tema lo saben, pero la reacción es poca o nula.
El autor es exprofesor de Ciencia Política y Teoría del Estado. Miembro de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional.
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La conclusión del programa fue: Europa se está gansterizando. Cada año aumentan los índices de criminalidad y el tráfico de drogas es incesante, a pesar de los mecanismos policiales y judiciales que se utilizan.
La gansterización puede definirse como la generación y el desarrollo de estructuras criminales que poseen, como cualquier empresa, una misión, una visión y valores. A esto se añade el apoyo de abogados, contadores, banqueros, financistas, políticos y funcionarios públicos, ahora también mediante aplicaciones de inteligencia artificial.
La gansterización tiene efectos visibles: los asesinatos por territorios, el pandillerismo, los crímenes por encargo y los ajustes de cuentas. Estos escenarios delincuenciales tienen, en su gran mayoría, un factor común: el mercado de las drogas, que, a su vez, forma parte del crimen organizado.
Hay otro escenario menos visible: el blanqueo de capitales y el control sobre los políticos y las autoridades administrativas o judiciales. Las políticas contra la delincuencia prestan mayor atención al primer escenario, como ocurre con el Plan Estratégico Interinstitucional (PEI) y la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC) del Minseg. Esta última tiene un costo de $30 millones y se desarrolla en colaboración con el BID, sin que se hayan obtenido logros encomiables, a pesar de los programas de resocialización y prevención que ejecuta.
El segundo escenario es más difícil de enfrentar y erradicar. El control que puede tener —y tiene— el crimen organizado en las esferas políticas, administrativas y judiciales no constituye un estigma visible.
Organizaciones internacionales dedicadas a analizar el fenómeno han calificado a Panamá como un país con debilidades funcionales que permiten la presencia y el desarrollo del crimen organizado. Esto se deriva de deficiencias estructurales e institucionales, como las debilidades en las investigaciones y en la administración de justicia, la corrupción del sistema penitenciario y la falta de aplicación efectiva de las normas.
Por ejemplo, el Índice Global del Crimen Organizado, publicado por Global Initiative Against Transnational Organized Crime con el apoyo de Interpol, refleja que, en 2025, Panamá, aunque mejoró ligeramente —de 6.98 a 6.93—, siguió catalogado entre los países con mayor exposición al crimen organizado. Ocupó el puesto 21 entre los 193 países analizados y el tercero entre los ocho países centroamericanos.
En 2025, los componentes que registraron los mayores índices en Panamá fueron el tráfico de cocaína, los funcionarios públicos utilizados por el crimen o vinculados a este, la trata de personas, el tráfico de migrantes, los delitos financieros, el pandillerismo —grupos mafiosos— y los actores criminales insertos en el Estado.
Factores como los complejos portuarios, la Zona Libre de Colón, el sistema bancario y la palpable falta de efectividad legislativa y judicial hacen perceptible la impunidad normativa. La existencia de un sistema legislativo en el que varios de sus miembros han sido señalados por su presunta vinculación con actividades criminales, sin que existan sanciones ciertas, se encuentra entre los factores que están permitiendo la gansterización de Panamá.
Lo más grave es que las autoridades y las entidades especializadas en el tema lo saben, pero la reacción es poca o nula.
El autor es exprofesor de Ciencia Política y Teoría del Estado. Miembro de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional.
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