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Moisés Cáceres
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Eran cerca de las 13:30 del miércoles 7 de enero de 2026 cuando un guardia de seguridad fue asesinado cuando intentó frenar un asalto en un local del norte de Quito. Ese mismo día, una cafetería en Cumbayá sufrió un robo armado y, un día antes, delincuentes dispararon a un ciudadano para robarle joyas en la avenida Gaspar de Villarroel. A estos hechos se sumó un caso de sacapintas, en el que delincuentes robaron cerca de 40 000 dólares a una mujer que salió de una entidad bancaria, también en el norte de la capital.
Expertos consultados por EL COMERCIO indicaron que los hechos violentos registrados en zonas comerciales y de alta circulación evidencian cómo la falta de coordinación entre el Municipio de Quito y el Gobierno central impacta en la seguridad de la ciudad.
La secretaria de Seguridad de Quito, Carolina Andrade, señaló que el Municipio actúa dentro de sus competencias en tres frentes: prevención, control territorial y coordinación interinstitucional con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Según Andrade, el Municipio recauda alrededor de 10 millones de dólares anuales por la tasa de seguridad. En 2024, el Cabildo devengó cerca de 11,4 millones de dólares, es decir, un monto superior a lo recaudado ese año. Además, detalló que en 2024 el Municipio entregó a la Policía Nacional apoyo logístico que bordea los 13 millones de dólares.
Ese respaldo incluyó la entrega de más de 200 motocicletas, 134 vehículos patrulleros y de uso operativo, así como tecnología para el eje investigativo. Andrade explicó que el Municipio asumió ese apoyo ante la falta de recursos logísticos suficientes para la Policía Nacional.
En el ámbito del control territorial, Andrade indicó que el Municipio coordinó más de 1 800 operativos interinstitucionales durante 2025. Estos controles abarcaron ejes viales, centros de tolerancia, licencias de funcionamiento, espacio público y transporte.
Una línea prioritaria se centró en el control de motocicletas. Durante 2025, el Municipio coordinó cerca de 700 operativos de “dos en moto”, que permitieron retener alrededor de 4 500 motocicletas por distintas infracciones, entre ellas la circulación con dos ocupantes.
En los operativos interinstitucionales, las autoridades municipales reportaron el retiro de 661 armas blancas, nueve armas de fuego, así como sanciones a más de 2 000 personas por consumo de alcohol en espacio público. Andrade precisó que estas acciones se ejecutaron junto a Policía Nacional y Fuerzas Armadas, debido a que el Municipio no cuenta con armamento letal ni no letal.
Para Andrade, las acciones locales no alcanzan sin una estrategia nacional articulada. Señaló que el Gobierno central dirige a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas y concentra las capacidades de inteligencia e investigación criminal.
Desde su perspectiva, la falta de coordinación con el Ejecutivo reduce el impacto de los esfuerzos municipales.
Afirma que mientras el Municipio destina recursos, personal y logística, no existe una planificación nacional que integre de forma efectiva a las ciudades con mayor presión delictiva.
Quito, Guayaquil y Cuenca, sostuvo, enfrentan escenarios similares con respuestas fragmentadas.
El experto en seguridad Wilson Goyes explicó que los episodios recientes generan alarma por su repetición y por la violencia empleada. Desde su análisis, los municipios pueden actuar en prevención y control territorial, pero el combate al crimen organizado requiere conducción nacional coordinada con los gobiernos locales.
Edison Mafla, también experto en seguridad, señaló que el problema en Quito no se limita al número de delitos, sino a la forma en que ocurren. Robos de baja cuantía ahora terminan en muertes, lo que eleva el riesgo para cualquier ciudadano.
Mafla identificó una debilidad de gobernanza: falta de articulación entre Gobierno nacional, Municipio, sistema judicial y comunidad.
Además, advirtió que sin coordinación con Fiscalía y jueces, la percepción de control disminuye y la reincidencia se incrementa. A su criterio, la prevención comunitaria pierde fuerza cuando no se integra a una estrategia estatal amplia.
Para Goyes, uno de los principales indicadores de seguridad en una ciudad es la presencia de personas en el espacio público. Señaló que esa ocupación se reduce de forma progresiva en Quito: menos ciudadanos caminan por parques y calles, mientras más personas optan por permanecer en lugares que perciben como controlados, como los centros comerciales.
Los casos recientes reactivaron la discusión sobre delincuentes que se hacen pasar por repartidores. En este contexto, la concejala Analía Ledesma retomó un nuevo enfoque para una propuesta de ordenanza sobre el servicio de delivery que presentó en 2019 y que hasta ahora no recibe aprobación del Concejo Metropolitano.
El planteamiento actual mantiene el objetivo de control, pero propone un giro: la regulación se enfocaría en las personas que prestan el servicio y no únicamente en los vehículos.
La iniciativa plantea la creación de un catastro municipal de repartidores, mientras el control vehicular se articula con el Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV), conocido como tercera placa, aprobado en enero de 2026.
Ledesma aclaró que esta propuesta no busca criminalizar una actividad laboral ni resolver por sí sola la violencia criminal, sino aportar a la prevención dentro de las competencias municipales.
Ledesma citó el Informe de Calidad de Vida 2025 de la iniciativa Quito Cómo Vamos, con datos de la Policía Nacional. Entre 2019 y 2024, la proporción de muertes intencionales en Quito asociadas al uso de armas de fuego subió del 9,6 % al 58,4 %. En 2024, la delincuencia común concentró el 71,8 % de estos casos.
Los datos reflejan un crecimiento sostenido frente a 2019 y refuerzan la lectura de un avance de la violencia criminal sin una respuesta estatal integral.
Desde el Ministerio del Interior informaron a EL COMERCIO que el ministro John Reimberg no concede entrevistas en este momento y que es el único vocero autorizado de la entidad. Indicaron que, cuando se defina una agenda de medios, se habilitará un espacio para atender a la prensa.
Durante esa semana, la única referencia pública de Reimberg sobre Quito constó en sus redes sociales, el 6 de enero de 2026. Ese día informó sobre un operativo en el Distrito Manuela Sáenz, donde, según señaló, se desplegaron más de 390 servidores policiales en sectores como el bulevar 24 de Mayo, Plaza del Teatro, Santo Domingo y San Juan (Puente del Guambra).
De acuerdo con ese pronunciamiento, el operativo se ejecutó junto a la Policía Nacional y buscó afectar a una estructura vinculada al grupo delictivo Los Lobos, que —según el ministro— pretendía generar violencia y temor mediante delitos como microtráfico, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, asalto, robo y trata de personas.
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Expertos consultados por EL COMERCIO indicaron que los hechos violentos registrados en zonas comerciales y de alta circulación evidencian cómo la falta de coordinación entre el Municipio de Quito y el Gobierno central impacta en la seguridad de la ciudad.
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¿Qué hace el Municipio de Quito frente a la inseguridad?
La secretaria de Seguridad de Quito, Carolina Andrade, señaló que el Municipio actúa dentro de sus competencias en tres frentes: prevención, control territorial y coordinación interinstitucional con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Según Andrade, el Municipio recauda alrededor de 10 millones de dólares anuales por la tasa de seguridad. En 2024, el Cabildo devengó cerca de 11,4 millones de dólares, es decir, un monto superior a lo recaudado ese año. Además, detalló que en 2024 el Municipio entregó a la Policía Nacional apoyo logístico que bordea los 13 millones de dólares.
Ese respaldo incluyó la entrega de más de 200 motocicletas, 134 vehículos patrulleros y de uso operativo, así como tecnología para el eje investigativo. Andrade explicó que el Municipio asumió ese apoyo ante la falta de recursos logísticos suficientes para la Policía Nacional.
Operativos, motocicletas y control territorial
En el ámbito del control territorial, Andrade indicó que el Municipio coordinó más de 1 800 operativos interinstitucionales durante 2025. Estos controles abarcaron ejes viales, centros de tolerancia, licencias de funcionamiento, espacio público y transporte.
Una línea prioritaria se centró en el control de motocicletas. Durante 2025, el Municipio coordinó cerca de 700 operativos de “dos en moto”, que permitieron retener alrededor de 4 500 motocicletas por distintas infracciones, entre ellas la circulación con dos ocupantes.
En los operativos interinstitucionales, las autoridades municipales reportaron el retiro de 661 armas blancas, nueve armas de fuego, así como sanciones a más de 2 000 personas por consumo de alcohol en espacio público. Andrade precisó que estas acciones se ejecutaron junto a Policía Nacional y Fuerzas Armadas, debido a que el Municipio no cuenta con armamento letal ni no letal.
El límite municipal sin una estrategia nacional
Para Andrade, las acciones locales no alcanzan sin una estrategia nacional articulada. Señaló que el Gobierno central dirige a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas y concentra las capacidades de inteligencia e investigación criminal.
Desde su perspectiva, la falta de coordinación con el Ejecutivo reduce el impacto de los esfuerzos municipales.
Afirma que mientras el Municipio destina recursos, personal y logística, no existe una planificación nacional que integre de forma efectiva a las ciudades con mayor presión delictiva.
Quito, Guayaquil y Cuenca, sostuvo, enfrentan escenarios similares con respuestas fragmentadas.
- Esta información le puede interesar: Cuando la inseguridad rompe la confianza cotidiana en Quito
Lo que advierten los expertos en seguridad
El experto en seguridad Wilson Goyes explicó que los episodios recientes generan alarma por su repetición y por la violencia empleada. Desde su análisis, los municipios pueden actuar en prevención y control territorial, pero el combate al crimen organizado requiere conducción nacional coordinada con los gobiernos locales.
Edison Mafla, también experto en seguridad, señaló que el problema en Quito no se limita al número de delitos, sino a la forma en que ocurren. Robos de baja cuantía ahora terminan en muertes, lo que eleva el riesgo para cualquier ciudadano.
Mafla identificó una debilidad de gobernanza: falta de articulación entre Gobierno nacional, Municipio, sistema judicial y comunidad.
Además, advirtió que sin coordinación con Fiscalía y jueces, la percepción de control disminuye y la reincidencia se incrementa. A su criterio, la prevención comunitaria pierde fuerza cuando no se integra a una estrategia estatal amplia.
Para Goyes, uno de los principales indicadores de seguridad en una ciudad es la presencia de personas en el espacio público. Señaló que esa ocupación se reduce de forma progresiva en Quito: menos ciudadanos caminan por parques y calles, mientras más personas optan por permanecer en lugares que perciben como controlados, como los centros comerciales.
Repartidores, un debate pendiente desde 2019
Los casos recientes reactivaron la discusión sobre delincuentes que se hacen pasar por repartidores. En este contexto, la concejala Analía Ledesma retomó un nuevo enfoque para una propuesta de ordenanza sobre el servicio de delivery que presentó en 2019 y que hasta ahora no recibe aprobación del Concejo Metropolitano.
El planteamiento actual mantiene el objetivo de control, pero propone un giro: la regulación se enfocaría en las personas que prestan el servicio y no únicamente en los vehículos.
La iniciativa plantea la creación de un catastro municipal de repartidores, mientras el control vehicular se articula con el Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV), conocido como tercera placa, aprobado en enero de 2026.
Ledesma aclaró que esta propuesta no busca criminalizar una actividad laboral ni resolver por sí sola la violencia criminal, sino aportar a la prevención dentro de las competencias municipales.
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Las cifras que muestran un problema estructural
Ledesma citó el Informe de Calidad de Vida 2025 de la iniciativa Quito Cómo Vamos, con datos de la Policía Nacional. Entre 2019 y 2024, la proporción de muertes intencionales en Quito asociadas al uso de armas de fuego subió del 9,6 % al 58,4 %. En 2024, la delincuencia común concentró el 71,8 % de estos casos.
Los datos reflejan un crecimiento sostenido frente a 2019 y refuerzan la lectura de un avance de la violencia criminal sin una respuesta estatal integral.
Desde el Ministerio del Interior informaron a EL COMERCIO que el ministro John Reimberg no concede entrevistas en este momento y que es el único vocero autorizado de la entidad. Indicaron que, cuando se defina una agenda de medios, se habilitará un espacio para atender a la prensa.
Durante esa semana, la única referencia pública de Reimberg sobre Quito constó en sus redes sociales, el 6 de enero de 2026. Ese día informó sobre un operativo en el Distrito Manuela Sáenz, donde, según señaló, se desplegaron más de 390 servidores policiales en sectores como el bulevar 24 de Mayo, Plaza del Teatro, Santo Domingo y San Juan (Puente del Guambra).
De acuerdo con ese pronunciamiento, el operativo se ejecutó junto a la Policía Nacional y buscó afectar a una estructura vinculada al grupo delictivo Los Lobos, que —según el ministro— pretendía generar violencia y temor mediante delitos como microtráfico, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, asalto, robo y trata de personas.
- Información extra: Quito
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