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Ana Carvajal
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Novecientos cincuenta mil estudiantes iniciaron el año lectivo 2026 en Panamá, un país que atraviesa una ola de violencia que ya alcanza las aulas.
Ningún sistema educativo puede ignorarlo: nadie aprende con miedo. Conviene dar un paso atrás.
Dos adolescentes fueron detenidos en junio por tentativa de homicidio tras dos ataques con arma blanca en un colegio de Colón. Atribuir culpas ofrece un alivio inmediato, pero desplaza el foco: ¿qué ocurre en nuestra sociedad, cómo corregirlo y qué parte corresponde a cada uno?
Pocos lo saben, pero la legislación existe y cubre justamente lo que hoy falla: la prevención. Panamá no requiere una nueva ley para tener escuelas seguras, sino cumplir y hacer cumplir la normativa vigente.
La Ley 289 de 24 de marzo de 2022 promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y exige que cada centro, oficial o particular, cuente por escrito con un Plan de Sana Convivencia y Disciplina Escolar, con protocolos de actuación y al menos un docente especialista en acoso escolar, bajo el seguimiento de la Defensoría del Pueblo. A ella se suman la Ley 285 de 2022, sobre garantías de los derechos de la niñez, y el Decreto Ejecutivo 142 de 1997, que fija el régimen disciplinario.
El debate sobre cómo responder se abrió en las últimas semanas: el director de la Policía Nacional propuso instalar detectores de metales en algunos planteles. La ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que la medida puede evaluarse, aunque advirtió que la solución de fondo exige un cambio cultural. Ambas posiciones tienen razón, aunque de forma parcial. No son excluyentes.
Un detector puede evitar una tragedia, pero su límite es claro: ubica el arma cuando es introducida al plantel. El cambio cultural opera en sentido contrario. Es más difícil de medir, pero es el único que actúa antes del hecho. Supone enseñar a resolver conflictos sin agresión; formar a docentes y acudientes para detectar a tiempo las señales de riesgo; y asegurar que un estudiante en crisis encuentre a un adulto en su escuela. Una política seria no escoge entre ambas opciones: adopta la primera como medida de contención y financia la segunda como solución.
La Asociación de Trabajadores Sociales advirtió en mayo de 2026 que un mismo equipo de especialistas atiende a varias escuelas. La conclusión es evidente: la escuela no puede sola.
El Ministerio Público registró 2,475 denuncias por hechos delictivos con menores involucrados entre enero y junio de 2026. Esa violencia no se origina en el aula: llega con los estudiantes cada mañana. Un docente a cargo de treinta alumnos no puede revertir en una hora lo que se gestó durante años fuera del plantel. Por eso, el respaldo de las familias y de la comunidad resulta esencial.
La Unesco señala que la violencia escolar deteriora el rendimiento académico y el bienestar de estudiantes y docentes. Cada incidente cuesta aprendizaje. Una escuela segura no es un lujo ni una obra para inaugurar. Es un derecho y la condición mínima para que todo lo demás funcione.
Desde Jóvenes Unidos por la Educación, nuestra propuesta 24 para el 24 plantea justamente eso: el programa Escuelas Seguras, con estándares integrales de calidad y seguridad que garanticen espacios escolares confiables, protejan a los estudiantes en el perímetro escolar y sus alrededores, y aseguren el acceso a servicios esenciales —agua, electricidad, comunicación, saneamiento e internet— para el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Una escuela segura no se logra con una medida aislada, sino con un estándar que la sociedad entera se comprometa a cumplir.
Hay tareas concretas que no dependen del presupuesto. Los padres de familia deben solicitar el Plan de Sana Convivencia de sus hijos, leerlo y preguntar quién es el especialista en acoso escolar del plantel. Los docentes deben activar el protocolo ante la primera señal, sin esperar a que el conflicto escale. Como sociedad civil, acompañemos a las escuelas de nuestro entorno y exijamos el cumplimiento de la ley con datos, no con consignas.
La escuela no puede sola. No tiene por qué, si decidimos acompañarla. Cuidar a los mismos niños no requiere que coincidamos en todo. Requiere que empecemos a acompañarlos a tiempo y a construir, entre todos, el país que queremos.
La autora es abogada y forma parte de Jóvenes Unidos por la Educación.
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Ningún sistema educativo puede ignorarlo: nadie aprende con miedo. Conviene dar un paso atrás.
Dos adolescentes fueron detenidos en junio por tentativa de homicidio tras dos ataques con arma blanca en un colegio de Colón. Atribuir culpas ofrece un alivio inmediato, pero desplaza el foco: ¿qué ocurre en nuestra sociedad, cómo corregirlo y qué parte corresponde a cada uno?
Pocos lo saben, pero la legislación existe y cubre justamente lo que hoy falla: la prevención. Panamá no requiere una nueva ley para tener escuelas seguras, sino cumplir y hacer cumplir la normativa vigente.
La Ley 289 de 24 de marzo de 2022 promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y exige que cada centro, oficial o particular, cuente por escrito con un Plan de Sana Convivencia y Disciplina Escolar, con protocolos de actuación y al menos un docente especialista en acoso escolar, bajo el seguimiento de la Defensoría del Pueblo. A ella se suman la Ley 285 de 2022, sobre garantías de los derechos de la niñez, y el Decreto Ejecutivo 142 de 1997, que fija el régimen disciplinario.
El debate sobre cómo responder se abrió en las últimas semanas: el director de la Policía Nacional propuso instalar detectores de metales en algunos planteles. La ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que la medida puede evaluarse, aunque advirtió que la solución de fondo exige un cambio cultural. Ambas posiciones tienen razón, aunque de forma parcial. No son excluyentes.
Un detector puede evitar una tragedia, pero su límite es claro: ubica el arma cuando es introducida al plantel. El cambio cultural opera en sentido contrario. Es más difícil de medir, pero es el único que actúa antes del hecho. Supone enseñar a resolver conflictos sin agresión; formar a docentes y acudientes para detectar a tiempo las señales de riesgo; y asegurar que un estudiante en crisis encuentre a un adulto en su escuela. Una política seria no escoge entre ambas opciones: adopta la primera como medida de contención y financia la segunda como solución.
La Asociación de Trabajadores Sociales advirtió en mayo de 2026 que un mismo equipo de especialistas atiende a varias escuelas. La conclusión es evidente: la escuela no puede sola.
El Ministerio Público registró 2,475 denuncias por hechos delictivos con menores involucrados entre enero y junio de 2026. Esa violencia no se origina en el aula: llega con los estudiantes cada mañana. Un docente a cargo de treinta alumnos no puede revertir en una hora lo que se gestó durante años fuera del plantel. Por eso, el respaldo de las familias y de la comunidad resulta esencial.
La Unesco señala que la violencia escolar deteriora el rendimiento académico y el bienestar de estudiantes y docentes. Cada incidente cuesta aprendizaje. Una escuela segura no es un lujo ni una obra para inaugurar. Es un derecho y la condición mínima para que todo lo demás funcione.
Desde Jóvenes Unidos por la Educación, nuestra propuesta 24 para el 24 plantea justamente eso: el programa Escuelas Seguras, con estándares integrales de calidad y seguridad que garanticen espacios escolares confiables, protejan a los estudiantes en el perímetro escolar y sus alrededores, y aseguren el acceso a servicios esenciales —agua, electricidad, comunicación, saneamiento e internet— para el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Una escuela segura no se logra con una medida aislada, sino con un estándar que la sociedad entera se comprometa a cumplir.
Hay tareas concretas que no dependen del presupuesto. Los padres de familia deben solicitar el Plan de Sana Convivencia de sus hijos, leerlo y preguntar quién es el especialista en acoso escolar del plantel. Los docentes deben activar el protocolo ante la primera señal, sin esperar a que el conflicto escale. Como sociedad civil, acompañemos a las escuelas de nuestro entorno y exijamos el cumplimiento de la ley con datos, no con consignas.
La escuela no puede sola. No tiene por qué, si decidimos acompañarla. Cuidar a los mismos niños no requiere que coincidamos en todo. Requiere que empecemos a acompañarlos a tiempo y a construir, entre todos, el país que queremos.
La autora es abogada y forma parte de Jóvenes Unidos por la Educación.
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