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Monserrat Cordero Parra
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A Zaida Solano la vida le cambió por completo hace 30 años. En 1996 su hija Hannia Meléndez fue sobreirradiada en una unidad de cobalto Alcyon II del Hospital San Juan de Dios, perdiendo la vida años más tarde por las secuelas que le dejó este accidente radiológico.
Hannia fue una de las 115 personas que entre agosto y setiembre de 1996 recibieron cerca de un 66% más de la dosis de radiación que se tenía estimada debido a un error humano, específicamente una mala calibración del equipo.
“En agosto de 1996 mi hija empezó radioterapia. En el transcurso de una semana se puso amarilla. Empezó con síntomas que no le habían dicho. Olía raro, como a metal. Otros pacientes también empezaron a presentar síntomas similares”, externó Solano.
Para Gerardo Noguera, físico médico del Cicanum, el caso ocurrido en el Hospital San Juan de Dios es una evidencia de la inacción de las autoridades, según el reporte elaborado por el OIEA. (Foto: Monserrat Cordero)
“Yo empecé a notar que mi hija vomitaba, tenía cansancio extremo, piel quemada en el pecho y garganta. No podía tragar. Todo el grupo tenía síntomas extraños. Empecé a preguntar. Fueron uno tras otro, cayendo o muriendo”, agregó esta madre, quien comentó que su hija ya estaba curada del linfoma de Hodgkin; sin embargo, los médicos le recomendaron recibir radioterapia para evitar que este reincidiera.
De acuerdo con un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), elaborado en 1997, el accidente se generó debido a una confusión fatal en la lectura del panel de mandos del equipo: 0,3 unidades correspondían a 0,3 minutos (18 segundos), pero el personal utilizó 30 segundos como referencia para los cálculos.
Esta confusión matemática provocó que el tiempo de exposición se multiplicara por un factor de 1,66 (30/18). La tasa de dosis se subestimó resultando en una sobreexposición masiva y letal para algunos pacientes.
Por este accidente, en el año 2001 fue condenado a seis años de prisión el técnico en radioterapia de ese centro médico, Juan Francisco Cabezas, quien operó la máquina de cobalto que causó la mayor tragedia médica de Costa Rica.
La radioterapia consiste en emplear dosis precisas de radiación ionizante para dañar el ADN de las células cancerosas y evitar que sigan reproduciéndose. Tras la irradiación, el tumor reduce su tamaño y, en algunos casos, desaparece por completo.
¿Hubo negligencia?
Para Gerardo Noguera, físico médico del Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (Cicanum), el caso del Hospital San Juan de Dios es una evidencia de la inacción de las autoridades, según el reporte elaborado por el OIEA.
En detalle, Noguera explicó que estas máquinas necesitan una especie de doble check y desde 1990 el Servicio Postal de Verificación de la OIEA detectó notables diferencias entre las dosis que reportaba el Hospital San Juan de Dios y las que medía OIEA, pero no se hizo nada al respecto.
“Desde 1990 se tenían resultados desfavorables, en el procedimiento algo tenía que estar mal y se hizo caso omiso de esa revisión, de esos resultados que decían que los procedimientos estaban entregando dosis que no coincidían con el laboratorio del OIEA”, indicó Noguera.
El experto comentó que, en julio de ese año —un mes antes del accidente— se hizo un cambio en la fuente radioactiva de este equipo de radioterapia del Hospital San Juan de Dios. En este recambio se hizo una calibración del sistema, y fue donde se cometió el fatídico error que luego fue comprobado.
Agregó que fue un radioterapeuta del Hospital Calderón Guardia, que refería pacientes a Radioterapia del San Juan de Dios, quien primeramente alertó que estas personas en lugar de mejorar, por el contrario, empeoraban, y empezó a sospechar que podía ser una sobreirradiación.
En ese momento, el Hospital San Juan de Dios comenzó a hacer investigaciones preliminares. Un mes después de esto, el 3 de octubre de 1996, el encargado de dosimetría de ese centro médico reportó al Ministerio de Salud que estaba teniendo discrepancias entre sus mediciones y los datos del fabricante. La cartera ordenó detener el uso del equipo inmediatamente y abrió una investigación.
Se encontró también que el encargado de dosimetría del centro médico tampoco poseía ningún título académico formal, y que solo había asistido a cursos.
El 16 de octubre de 1996, según dijo Noguera, el presidente de la Comisión de Energía Atómica (CEA) impulsado por un grupo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizó una petición de ayuda urgente a la OIEA, por la sospecha de un “accidente con implicaciones desconocidas en el país”. No obstante, el Ministerio de Salud dejó sin efecto la solicitud.
“Un día después, el Ministerio de Salud dijo que ellos eran la autoridad competente para hacerlo y se paralizó todo”, destacó.
En respuesta, el 18 de octubre de 1996, el OIEA respondió al presidente de la CEA que estaban dispuestos a ayudar, pero que el Gobierno de Costa Rica primero debía ponerse de acuerdo internamente.
Tras este hecho, pasaron seis meses de silencio, sin respuestas para las familias. No fue sino hasta el 20 de abril y 8 de mayo de 1997 que la Defensoría de los Habitantes comenzó a presionar y pidió ayuda a la CEA para evaluar el accidente.
El 23 de mayo de 1997 el presidente de la CEA volvió a pedir ayuda a la OIEA para cumplir con la petición de la Defensoría, pero esta última retiró el 30 de mayo su petición. Una vez más el presidente de la Comisión solicitó ayuda el 3 de junio.
Ante este caos interno, el organismo contactó directamente al ministro de Relaciones Exteriores y le dio un ultimátum, indicándole que enviaría a expertos a menos de que el Gobierno lo prohibiera expresamente.
Esto hizo que, entre el 16 y 19 de junio de 1997, el director general de Política Exterior y el presidente de la CEA aceptaran la ayuda. Expertos del Organismo finalmente estuvieron analizando la situación en Costa Rica del 7 al 11 de julio de ese mismo año.
“El Organismo confirmó la sobreirradiación de pacientes. El reporte de ellos indicaba que la actividad de radioterapia era justificada, pero que se tenían que implementar una serie de mejoras que aseguraran la protección del personal y de los pacientes. Eso implicaba análisis de staff, capacitaciones continuas, etc.”, destacó Noguera.
Agregó que el análisis confirmó que la máquina estaba bien, pero que faltaba capacitación del talento humano, de controles cruzados y de protocolos.
Esta situación provocó un cambio significativo en lo relativo a Radioterapia, alegó Noguera; eso sí, a cuestas, de este gran accidente. Entre los cambios, se dio el fortalecimiento de la CCSS con más imagenólogos, oncólogos y físicos médicos.
“Ya pasaron 30 años y la institución no puede bajar la guardia porque hay tecnologías que entregan mucha dosis, más posicionada, más puntual, más segura, pero el tema de la garantía de calidad es lo que hace que todo esto sea seguro. Si no hay garantía de calidad en todo esto, puede significar un riesgo para la salud”, mencionó.
¿Podría pasar de nuevo?
Este accidente radiológico marcó un antes y un después en Costa Rica, debido a la gran afectación que generó en la población. Para Noguera, un accidente de esta magnitud es difícil que vuelva a suceder en el país, debido a la misma tecnología.
“Tendría que ser un tipo de negligencia estructurada, que es ‘pongámonos de acuerdo para que salga mal’. ¿Por qué? Porque los equipos de ahora, con los cambios tecnológicos, si ven que hay valores anómalos en la entrega, ellos mismos se bloquean”, destacó.
El experto indicó que, posterior a este hecho que data de 1996, sí se han presentado casos de personas sobreirradiadas, debido a negligencia de profesionales, entre otros.
Asimismo, destacó que la Universidad de Costa Rica es un acompañante de la CCSS en la mejora continua y en la formación de profesionales asociados al servicio de Radioterapia.
Zaida Solano conserva viva la memoria de su hija Hannia Meléndez, quien sobrevivió seis años tras recibir una dosis letal de radiación en 1996. (Foto: Kattia Alvarado)
“A mi hija y a todos los demás que murieron por ese accidente los mataron”
A tres décadas de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos en la historia de la salud pública costarricense, el tiempo no ha logrado borrar las huellas del sufrimiento y la negligencia. En agosto de 1996, una falla en la calibración de la bomba de cobalto Alcyon II del Hospital San Juan de Dios expuso a más de un centenar de pacientes con cáncer a dosis altas y letales de radiación.
Detrás de este accidente está la historia de Zaida Solano y su hija Hannia, una joven estudiante de Turismo y Hotelería de 23 años, cuya vida fue apagada 6 años después por causa de esta tragedia.
La pesadilla de la familia comenzó a inicios de 1996, cuando a Hannia le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin en el mediastino. Pese a la gravedad del tumor inoperable, el tratamiento de quimioterapia fue un éxito rotundo: a los seis meses, los exámenes confirmaron que el tumor se había eliminado.
No obstante, para prevenir eventuales reincidencias, los médicos le propusieron someterse a sesiones preventivas de radioterapia en el Hospital San Juan de Dios. Su madre sentía una corazonada, pero Hannia decidió iniciar el tratamiento en agosto de 1996.
A los pocos días, los síntomas revelaron que algo andaba mal: se empezó a poner amarilla, olía a metal, tenía la piel quemada, tenía un cansancio extremo y vomitaba.
“Empecé a preguntar a otros pacientes y todos tenían síntomas terribles. Los del hospital me dijeron que si continuaba preguntando lo que iba a hacer era provocar una psicosis grupal. La gravedad de todo esto fue que uno tras otro fueron cayendo o muriendo”, agregó.
Pasaron los días, y un médico que regresaba de vacaciones, entregó a Solano una documentación crítica que confirmaba la causa del desastre: la máquina de cobalto había sido mal calibrada por un funcionario sin la especialización ni los conocimientos requeridos.
“Esta situación fue destruyendo poco a poco a nuestros familiares. Hoy en día, hay pocos vivos, tres o cuatro personas, estas fueron irradiadas en partes que no eran tan peligrosas”, agregó.
Tras este accidente, su hija Hannia vivió seis años, pese a que incluso expertos internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de Viena estimaron que sobreviviría un máximo de dos años, debido a la severidad de las lesiones, que le provocaron fallas orgánicas múltiples con pérdida de la movilidad.
“Mi hija fue un ejemplo de vida, a sus cortos 23 años fue mi heroína y la recuerdo valiente. Siempre que estoy pasando por momentos difíciles me enfoco en ella, en su recuerdo, y me da valor y fortaleza. Ver morir a cada persona era muy fuerte”, añadió.
Finalmente, la madre alegó que ese accidente no debe ser olvidado, y culpó tanto al Ministerio de Salud como a la CCSS debido a las negligencias que generaron este fatal accidente.
“Perder un hijo es algo espantoso, lo que estábamos haciendo era confiar en una institución para poder darle vida, y ver que pasó por un descuido, por algo que no debieron haber hecho nunca, poner a alguien que no tenía una especialización”, señaló.
“Tanta culpabilidad tenían el Ministerio de Salud como la CCSS. Lo seguiré diciendo, a mi hija y a todos los demás que murieron por ese accidente los mataron. Nosotros rogamos porque los internaran y les pusieran suero. Como era un accidente que nunca había pasado no los querían ni tocar”, finalizó.
La entrada La bomba de cobalto: una tragedia que reclama respuestas 30 años después aparece primero en Semanario Universidad.
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