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Betty Jumbo
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La acusación del presidente de Gustavo Petro por un supuesto bombardeo de Ecuador en territorio de Colombia elevó la tensión entre los dos países y aleja una solución a la crisis comercial bilateral. El señalamiento, realizado este 17 de marzo de 2026, aparece en un momento en que la relación entre Ecuador y Colombia ya enfrenta fricciones en el comercio y en la seguridad de la frontera.
El abogado y profesor de Derecho Internacional de la Universidad Internacional del Ecuador, Pablo Játiva, explica que la disputa política complica la búsqueda de una solución al conflicto comercial. Ecuador y Colombia enfrentan una guerra comercial que ya provoca alzas en productos de primera necesidad en ambos países.
Entre esos productos aparecen alimentos, medicinas y repuestos de automóviles. Según Játiva, el comercio bilateral enfrenta una presión directa por los aranceles y las sanciones. En ese contexto, la acusación de un ataque militar agrava el escenario político entre los dos gobiernos.
No deje de leer: Gustavo Petro denuncia bombardeos desde Ecuador en medio de tensión bilateral
El experto señala que un conflicto de carácter militar o político dificulta un acuerdo rápido en materia comercial. La tensión entre los dos Estados reduce el margen para negociaciones que permitan retirar aranceles o sanciones.
El impacto alcanza a exportadores y pequeños productores de ambos países. El comercio bilateral constituye un espacio clave para esos sectores productivos. La prolongación del conflicto político deja más lejos una solución en la mesa de negociación.
La analista política Dayana León explica que esta controversia aparece en un contexto de tensiones previas entre ambos países, por la disputa comercial que ya afectaba la relación bilateral por la aplicación de aranceles.
El 21 de enero, el presidente Daniel Noboa anunció la aplicación de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, las cuales empezaron a regir desde el 1 de febrero de 2026.
Según el mandatario, la medida se impuso ante la falta de reciprocidad del país vecino en los esfuerzos conjuntos para enfrentar al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.
Días después, el Ministerio de Comercio de Colombia confirmó la imposición de gravamen del 30% a 20 de productos ecuatorianos que ingresan a su mercado, con la posibilidad de ampliar el alcance de la medida.
Cuando parecía que ambos países iban a lograr un acuerdo, el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, informó que el diálogo con el Gobierno colombiano se suspendió de manera unilateral. Jaramillo dijo que la decisión se tomó ante la falta de respuestas de la administración de Petro a las peticiones de reforzar el control militar en la zona de frontera para combatir el narcotráfico y la minería ilegal.
Colombia también anunció un arancel del 50% a los productos ecuatorianos, pero la medida aún no se ha puesto en vigencia. Se espera la oficialización del decreto.
La denuncia de Colombia surge en medio de un escenario complejo y lo que más preocupa es que aún no hay evidencias del supuesto bombardeo ecuatoriano en el territorio de Colombia.
Según la analista León, el debate se mantiene en el nivel de declaraciones y acusaciones políticas, ya que no aparece evidencia pública que establezca el lugar exacto del supuesto ataque.
León explica que el primer paso consiste en determinar si ocurrió una acción militar dentro del territorio colombiano. Para ello resultan necesarias pruebas como geolocalización u otros registros técnicos.
En este momento la situación se mantiene en el terreno de una controversia diplomática. En ese contexto no se puede discutir si ocurrió una violación de soberanía.
Esta información le interesa: ‘Presidente Petro, sus declaraciones son falsas’, dice Daniel Noboa tras denuncia de bombardeos
Játiva explica que Colombia tampoco presenta una queja formal a través de los canales diplomáticos establecidos en el derecho internacional. Hasta ahora aparecen pronunciamientos en redes sociales y entrevistas del presidente Petro.
El experto indica que una acusación entre Estados suele iniciar con procedimientos diplomáticos formales, como una carta de queja o gestiones entre cancillerías. Ninguno de esos pasos aparece en este caso.
Tampoco existe evidencia pública sobre el tipo de artillería que habría causado el supuesto ataque. La frontera entre Ecuador y Colombia constituye una zona con presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico.
Entre esos grupos aparece el Comando de la Frontera Norte, que en ocasiones anteriores utilizó explosivos. Por esa razón, Játiva sostiene que una investigación técnica resulta necesaria para determinar el origen de cualquier arma utilizada.
Un peritaje puede identificar si un misil, mortero u otro tipo de explosivo pertenece a inventarios militares de Ecuador o a otro actor armado.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo este martes 17 de marzo que los operativos militares se limitan al territorio ecuatoriano.
Por eso, rechazó las acusaciones de su homólogo colombiano y calificó como falsas esas afirmaciones y defendió los operativos que ejecuta su gobierno.
Noboa aseguró que las fuerzas ecuatorianas actúan dentro de su propio territorio. Las acciones se concentran en estructuras vinculadas al narcotráfico, pero señaló que estos grupos se movilizan en la zona fronteriza sin control suficiente por parte de Colombia.
“Falso, estamos atacando estructuras narcoterroristas en territorio ecuatoriano, que el gobierno de Petro deja pasearse por la zona”, dijo a la revista Semana.
El derecho internacional contempla mecanismos para resolver controversias entre Estados. Játiva explica que Ecuador y Colombia pueden acudir a organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos o la Comunidad Andina de Naciones.
Estas instituciones pueden designar expertos en artillería y armamento militar para analizar evidencia técnica. Esos especialistas pueden establecer el origen del armamento utilizado en un ataque.
El análisis también puede determinar si un explosivo pertenece a fuerzas militares ecuatorianas, a grupos armados en la frontera o incluso a unidades del propio Ejército colombiano.
León señala que también existen otras opciones como comisiones binacionales de investigación, observadores internacionales y revisiones técnicas de información militar.
Ecuador y Colombia cuentan con inteligencia militar, radares e intercepción de comunicaciones que pueden ayudar a esclarecer el supuesto bombardeo.
El analista internacional Hernán Moreano plantea otro elemento clave. Para entender el incidente resulta necesario conocer si existe comunicación entre los dos países sobre operaciones militares en la frontera.
También es importante confirmar si existe coordinación conjunta entre Ecuador y Colombia para enfrentar amenazas de seguridad en esa zona.
Mientras esa información no aparezca y no exista una investigación técnica, la controversia permanece abierta en el plano diplomático y político.
Tanto Játiva como León analizan que la acusación de Petro se da en un escenario político en Colombia, pues se está por elegir al nuevo presidente de ese país.
“La intención de Petro probablemente es politizar lo que acaba de pasar. No hay que olvidarnos que Colombia está enfrentando elecciones presidenciales. Hay un candidato de Petro en la contienda y eso también también podría ser parte de una estrategia política para tratar de cerrar filas alrededor del candidato de Petro”.
Según Játiva, “muchas veces en la historia se han usado los conflictos bélicos y políticos; ojalá este no sea uno de ellos”.
La crisis actual recuerda el antecedente de 2008, cuando fuerzas colombianas realizaron la operación conocida como Fénix en territorio ecuatoriano.
En ese episodio, Colombia ejecutó un ataque contra un campamento guerrillero donde murió Raúl Reyes. El entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe, aceptó la operación.
El gobierno ecuatoriano de ese momento, dirigido por Rafael Correa, denunció una violación de soberanía. La crisis diplomática llevó a la intervención de la OEA y del Grupo de Río.
La situación actual presenta una diferencia clave. En 2008 existió confirmación del ataque dentro del territorio ecuatoriano. En 2026 todavía no aparece evidencia independiente sobre la acusación de Colombia. Por esa razón, el conflicto permanece en una fase de controversia diplomática.
Información externa: Ecuador tuvo una crisis diplomática con Colombia en 2008
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Acusación agrava tensión política y comercial entre Ecuador y Colombia
El abogado y profesor de Derecho Internacional de la Universidad Internacional del Ecuador, Pablo Játiva, explica que la disputa política complica la búsqueda de una solución al conflicto comercial. Ecuador y Colombia enfrentan una guerra comercial que ya provoca alzas en productos de primera necesidad en ambos países.
Entre esos productos aparecen alimentos, medicinas y repuestos de automóviles. Según Játiva, el comercio bilateral enfrenta una presión directa por los aranceles y las sanciones. En ese contexto, la acusación de un ataque militar agrava el escenario político entre los dos gobiernos.
No deje de leer: Gustavo Petro denuncia bombardeos desde Ecuador en medio de tensión bilateral
El experto señala que un conflicto de carácter militar o político dificulta un acuerdo rápido en materia comercial. La tensión entre los dos Estados reduce el margen para negociaciones que permitan retirar aranceles o sanciones.
El impacto alcanza a exportadores y pequeños productores de ambos países. El comercio bilateral constituye un espacio clave para esos sectores productivos. La prolongación del conflicto político deja más lejos una solución en la mesa de negociación.
La analista política Dayana León explica que esta controversia aparece en un contexto de tensiones previas entre ambos países, por la disputa comercial que ya afectaba la relación bilateral por la aplicación de aranceles.
Acusación de Colombia eleva la crisis comercial con Ecuador
El 21 de enero, el presidente Daniel Noboa anunció la aplicación de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, las cuales empezaron a regir desde el 1 de febrero de 2026.
Según el mandatario, la medida se impuso ante la falta de reciprocidad del país vecino en los esfuerzos conjuntos para enfrentar al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.
Días después, el Ministerio de Comercio de Colombia confirmó la imposición de gravamen del 30% a 20 de productos ecuatorianos que ingresan a su mercado, con la posibilidad de ampliar el alcance de la medida.
Cuando parecía que ambos países iban a lograr un acuerdo, el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, informó que el diálogo con el Gobierno colombiano se suspendió de manera unilateral. Jaramillo dijo que la decisión se tomó ante la falta de respuestas de la administración de Petro a las peticiones de reforzar el control militar en la zona de frontera para combatir el narcotráfico y la minería ilegal.
Colombia también anunció un arancel del 50% a los productos ecuatorianos, pero la medida aún no se ha puesto en vigencia. Se espera la oficialización del decreto.
Colombia acusa un bombardeo en la frontera pero no presenta evidencias
La denuncia de Colombia surge en medio de un escenario complejo y lo que más preocupa es que aún no hay evidencias del supuesto bombardeo ecuatoriano en el territorio de Colombia.
Según la analista León, el debate se mantiene en el nivel de declaraciones y acusaciones políticas, ya que no aparece evidencia pública que establezca el lugar exacto del supuesto ataque.
León explica que el primer paso consiste en determinar si ocurrió una acción militar dentro del territorio colombiano. Para ello resultan necesarias pruebas como geolocalización u otros registros técnicos.
En este momento la situación se mantiene en el terreno de una controversia diplomática. En ese contexto no se puede discutir si ocurrió una violación de soberanía.
Esta información le interesa: ‘Presidente Petro, sus declaraciones son falsas’, dice Daniel Noboa tras denuncia de bombardeos
Játiva explica que Colombia tampoco presenta una queja formal a través de los canales diplomáticos establecidos en el derecho internacional. Hasta ahora aparecen pronunciamientos en redes sociales y entrevistas del presidente Petro.
El experto indica que una acusación entre Estados suele iniciar con procedimientos diplomáticos formales, como una carta de queja o gestiones entre cancillerías. Ninguno de esos pasos aparece en este caso.
Tampoco existe evidencia pública sobre el tipo de artillería que habría causado el supuesto ataque. La frontera entre Ecuador y Colombia constituye una zona con presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico.
Entre esos grupos aparece el Comando de la Frontera Norte, que en ocasiones anteriores utilizó explosivos. Por esa razón, Játiva sostiene que una investigación técnica resulta necesaria para determinar el origen de cualquier arma utilizada.
Un peritaje puede identificar si un misil, mortero u otro tipo de explosivo pertenece a inventarios militares de Ecuador o a otro actor armado.
Ecuador niega el ataque y afirma que operaciones militares se limitan a su territorio
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo este martes 17 de marzo que los operativos militares se limitan al territorio ecuatoriano.
Por eso, rechazó las acusaciones de su homólogo colombiano y calificó como falsas esas afirmaciones y defendió los operativos que ejecuta su gobierno.
Noboa aseguró que las fuerzas ecuatorianas actúan dentro de su propio territorio. Las acciones se concentran en estructuras vinculadas al narcotráfico, pero señaló que estos grupos se movilizan en la zona fronteriza sin control suficiente por parte de Colombia.
“Falso, estamos atacando estructuras narcoterroristas en territorio ecuatoriano, que el gobierno de Petro deja pasearse por la zona”, dijo a la revista Semana.
OEA o Comunidad Andina pueden investigar la acusación entre Ecuador y Colombia
El derecho internacional contempla mecanismos para resolver controversias entre Estados. Játiva explica que Ecuador y Colombia pueden acudir a organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos o la Comunidad Andina de Naciones.
Estas instituciones pueden designar expertos en artillería y armamento militar para analizar evidencia técnica. Esos especialistas pueden establecer el origen del armamento utilizado en un ataque.
El análisis también puede determinar si un explosivo pertenece a fuerzas militares ecuatorianas, a grupos armados en la frontera o incluso a unidades del propio Ejército colombiano.
León señala que también existen otras opciones como comisiones binacionales de investigación, observadores internacionales y revisiones técnicas de información militar.
Ecuador y Colombia cuentan con inteligencia militar, radares e intercepción de comunicaciones que pueden ayudar a esclarecer el supuesto bombardeo.
El analista internacional Hernán Moreano plantea otro elemento clave. Para entender el incidente resulta necesario conocer si existe comunicación entre los dos países sobre operaciones militares en la frontera.
También es importante confirmar si existe coordinación conjunta entre Ecuador y Colombia para enfrentar amenazas de seguridad en esa zona.
Mientras esa información no aparezca y no exista una investigación técnica, la controversia permanece abierta en el plano diplomático y político.
Tanto Játiva como León analizan que la acusación de Petro se da en un escenario político en Colombia, pues se está por elegir al nuevo presidente de ese país.
“La intención de Petro probablemente es politizar lo que acaba de pasar. No hay que olvidarnos que Colombia está enfrentando elecciones presidenciales. Hay un candidato de Petro en la contienda y eso también también podría ser parte de una estrategia política para tratar de cerrar filas alrededor del candidato de Petro”.
Según Játiva, “muchas veces en la historia se han usado los conflictos bélicos y políticos; ojalá este no sea uno de ellos”.
Precedente de Angostura muestra diferencia con la crisis actual
La crisis actual recuerda el antecedente de 2008, cuando fuerzas colombianas realizaron la operación conocida como Fénix en territorio ecuatoriano.
En ese episodio, Colombia ejecutó un ataque contra un campamento guerrillero donde murió Raúl Reyes. El entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe, aceptó la operación.
El gobierno ecuatoriano de ese momento, dirigido por Rafael Correa, denunció una violación de soberanía. La crisis diplomática llevó a la intervención de la OEA y del Grupo de Río.
La situación actual presenta una diferencia clave. En 2008 existió confirmación del ataque dentro del territorio ecuatoriano. En 2026 todavía no aparece evidencia independiente sobre la acusación de Colombia. Por esa razón, el conflicto permanece en una fase de controversia diplomática.
Información externa: Ecuador tuvo una crisis diplomática con Colombia en 2008
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