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Adrián Z. Rivero
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Aunque el pasado 6 de mayo la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) ordenó la suspensión del piloto 5G que actualmente Kölbi ofrece a sus clientes, el operador continúa ofreciendo el servicio sin tener autorización para hacerlo.
Así lo confirmó la propia superintendencia, la cual ordenó la interrupción debido a que detectó incumplimientos regulatorios en la iniciativa que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) emprendió en alianza con Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) desde el 22 de agosto de 2025.
La suspensión del servicio consta en la resolución 04293-SUTEL-SCS-2026, del 6 de mayo de 2026, donde se le ordena a Racsa “descontinuar cualquier iniciativa” hasta que no acredite el cumplimiento de varias disposiciones obligatorias que se establecen en la regulación.
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En concreto, la Sutel indica que Racsa debía garantizar, previo a lanzar el plan piloto, la integración del servicio con el Sistema de Gestión de Terminales Móviles (SGTM), que sirve para gestiones como el bloqueo y desbloqueo de celulares, detectar dispositivos clonados, entre otros, para desincentivar el robo de teléfonos.
Además, debía cumplirse con el bloqueo de la señal celular dentro de los centros penitenciarios y habilitarse la posibilidad de intercepción legal de comunicaciones con el Centro Judicial de Intervención de Comunicaciones (CJIC), instancia que realiza escuchas telefónicas ordenadas por jueces para la investigación de delitos.
Pese a los efectos inmediatos que tenía la orden del ente regulador, Racsa informó a UNIVERSIDAD que el piloto continuaría funcionando hasta el 30 de junio de 2026.
Sin embargo, ese mismo 30 de junio, Kölbi promocionó nuevamente el plan piloto en sus redes sociales, y en su página web sostiene que estará vigente hasta el 22 de agosto de 2026.
(Foto: Tomado del Facebook de Kölbi).
“A la fecha no se ha realizado ningún acto de aceptación sobre el proyecto asociado a la provisión de servicios de tipo OMV (Operador Móvil Virtual) en cuestión”, informó la Sutel a este medio, el pasado 17 de julio, sobre el proyecto piloto de Racsa y el ICE.
La superintendencia agregó que todavía está verificando el cumplimiento de los requisitos para brindar el servicio, luego de que Racsa asegurara el 19 de junio de 2026 que, desde su perspectiva, ya cumplía con la regulación requerida.
De igual forma, el ente regulador confirmó la apertura de una investigación por este tema: “Existe un proceso de investigación preliminar en curso relacionado con el cumplimiento general de disposiciones regulatorias, el cual resulta confidencial por la etapa procedimental en la que se encuentra”, anotó el ente.
Según la Sutel, en caso de que se determine procedente el inicio de un procedimiento sancionatorio, este podría culminar en las multas dispuestas en la Ley General de Telecomunicaciones (8642).
Dicha norma establece sanciones que van desde un 0,025% hasta un 1% de los ingresos brutos del operador durante el último periodo fiscal, dependiendo de la gravedad de la infracción.
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