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Betty Jumbo
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La sentencia contra 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores de edad en el sector de Las Malvinas, en Guayaquil, marca un hito relevante para el Estado de derecho en Ecuador.
No solo constituye un acto de justicia frente a un crimen grave, sino que envía un mensaje institucional claro: la lucha contra el crimen organizado no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en un permiso para vulnerar derechos humanos.
El Tribunal de Garantías Penales del Guayas impuso penas de hasta 34 años y ocho meses de prisión a 11 militares, mientras que otros cinco recibieron condenas menores tras cooperar con la Fiscalía.
La decisión judicial reconoce la gravedad de la desaparición forzada de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, niños y adolescentes de entre 11 y 15 años. También, reafirma que estos delitos no pueden quedar en la impunidad, incluso cuando ocurren en el contexto de una “guerra interna” declarada contra el crimen organizado.
El fallo sienta un precedente necesario. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana, pero también de asegurar que sus fuerzas actúen dentro del marco constitucional y legal.
El uso legítimo de la fuerza exige controles, proporcionalidad y responsabilidad de militares y policías. Cuando estos límites se cruzan, la justicia debe actuar con firmeza, como ocurrió en este caso.
La sentencia también desmonta narrativas peligrosas. La disposición de ofrecer disculpas públicas, realizar un acto de desagravio y reconocer el daño causado responde, en parte, al intento inicial de presentar a las víctimas como delincuentes. Esa práctica no solo revictimiza a las familias, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegerla.
Las medidas de reparación —multas, compensaciones económicas y actos simbólicos— no restituyen la vida perdida, pero sí cumplen una función esencial: reconocer la responsabilidad del Estado, dignificar a las víctimas y advertir que los abusos tendrán consecuencias penales, administrativas y morales.
Esta sentencia condenatoria no debe leerse como un ataque a las Fuerzas Armadas. Más bien debe interpretarse como una defensa de su rol profesional y constitucional. La sanción a quienes se exceden fortalece, y no debilita, a las instituciones. La impunidad, en cambio, las degrada.
Para los padres de los cuatro menores, la sentencia representa un cierre judicial tras más de un año de dolor y búsqueda, que comenzó el 8 de diciembre de 2024. Para el país, es una señal de que la justicia puede imponerse pese a presiones y contextos adversos. Y para el Estado, es una obligación renovada: combatir el crimen con eficacia, pero siempre con humanidad, legalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.
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No solo constituye un acto de justicia frente a un crimen grave, sino que envía un mensaje institucional claro: la lucha contra el crimen organizado no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en un permiso para vulnerar derechos humanos.
El Tribunal de Garantías Penales del Guayas impuso penas de hasta 34 años y ocho meses de prisión a 11 militares, mientras que otros cinco recibieron condenas menores tras cooperar con la Fiscalía.
La decisión judicial reconoce la gravedad de la desaparición forzada de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, niños y adolescentes de entre 11 y 15 años. También, reafirma que estos delitos no pueden quedar en la impunidad, incluso cuando ocurren en el contexto de una “guerra interna” declarada contra el crimen organizado.
El fallo sienta un precedente necesario. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana, pero también de asegurar que sus fuerzas actúen dentro del marco constitucional y legal.
El uso legítimo de la fuerza exige controles, proporcionalidad y responsabilidad de militares y policías. Cuando estos límites se cruzan, la justicia debe actuar con firmeza, como ocurrió en este caso.
La sentencia también desmonta narrativas peligrosas. La disposición de ofrecer disculpas públicas, realizar un acto de desagravio y reconocer el daño causado responde, en parte, al intento inicial de presentar a las víctimas como delincuentes. Esa práctica no solo revictimiza a las familias, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegerla.
Las medidas de reparación —multas, compensaciones económicas y actos simbólicos— no restituyen la vida perdida, pero sí cumplen una función esencial: reconocer la responsabilidad del Estado, dignificar a las víctimas y advertir que los abusos tendrán consecuencias penales, administrativas y morales.
Esta sentencia condenatoria no debe leerse como un ataque a las Fuerzas Armadas. Más bien debe interpretarse como una defensa de su rol profesional y constitucional. La sanción a quienes se exceden fortalece, y no debilita, a las instituciones. La impunidad, en cambio, las degrada.
Para los padres de los cuatro menores, la sentencia representa un cierre judicial tras más de un año de dolor y búsqueda, que comenzó el 8 de diciembre de 2024. Para el país, es una señal de que la justicia puede imponerse pese a presiones y contextos adversos. Y para el Estado, es una obligación renovada: combatir el crimen con eficacia, pero siempre con humanidad, legalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.
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