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Fabiola Pomareda García
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El director de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), Carlos Arias, advirtió que los diputados de la Comisión de Sociales de la Asamblea Legislativa revivieron un proyecto de ley para imponer un tope a las pensiones del Magisterio Nacional equiparándolas a las del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), aún cuando el aporte de los trabajadores del Magisterio a lo largo de los años es de casi el doble.
Esta mañana, durante su intervención en el foro “Violencia hacia las personas adultas mayores: Un desafío nacional”, Arias dijo que congelar pensiones y reducir presupuestos también es una forma de violencia contra las personas adultas mayores.
En el foro, realizado en el antiguo edificio de la Asamblea Legislativa, Arias destacó la necesidad de que la población adulta mayor tenga “mapeada” esta iniciativa de ley que les afecta.
El proyecto de ley “Luchando por la justicia del sistema de pensiones del Sector Público” (expediente 24.786), fue presentado por la administración Chaves Robles en enero del año pasado.
Esa iniciativa busca fijar un tope máximo a las pensiones en curso de pago y a las pensiones futuras, otorgadas por medio del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional, del régimen del Poder Judicial y las que están con cargo al Presupuesto Nacional.
Esto lo hace homologando esas pensiones al tope fijado periódicamente por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que es de ₡1.765.859.
Arias explicó que estas pensiones no se pueden homologar porque si bien los regímenes son tripartitas (con contribución del Estado, patrono y trabajador), los aportes son distintos.
Por ejemplo, en el IVM, el patrono aporta 5.33% y en el 2029 se llegará a un 5.75%; en el de Jupema el patrono aporta un 6.75% (un 1% más); y en el del Poder Judicial el aporte es aún mayor. En el caso del trabajador, el aporte también es diferente, pues mientras en el IVM los trabajadores aporta un 4.32%, en el de Jupema aportan un 8%, recordó Arias.
“Entonces hay una diferencia sustancial de prácticamente el doble, ¿verdad? En temas de aportes, usted no puede igualar chayotes con naranjas”, subrayó Arias.
Había sido archivado y lo revivieron
Cuando se discutió en la legislatura pasada, el proyecto recibió fuerte oposición de Jupema y también de Servicios Técnicos de la Asamblea legislativa, que señaló vicios de inconstitucionalidad por violentar derechos adquiridos.
En noviembre del año pasado y con una votación de 6 a 1, los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales enviaron al archivo el expediente. La única que emitió un dictamen a favor del proyecto fue la oficialista Ada Acuña.
Según explicó Carlos Arias a UNIVERSIDAD, hace un par de semanas, dicha Comisión tomó el dictamen positivo para revivir el expediente y rechazó el dictamen negativo.
“Entonces, en este momento ese proyecto está en la Comisión de Sociales. Hasta el momento han aprobado una moción, que fue básicamente un texto sustitutivo, y las otras las han rechazado. Entonces, lo que se ve es una posibilidad de que ese sí camine ahora”, dijo Arias, apuntando a que el partido de Gobierno tiene mayoría en la comisión.
“Tiene un montón de inconsistencias, que, sin duda alguna, si se presenta un recurso constitucional, pues, el proyecto es inviable”, destacó Arias.
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales para el periodo 2026-2030 está integrada por cinco diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Esmeralda Britton, Roberth Barrantes, Anna Katherina Müller, Royner Mora y Kristel Ward; por tres liberacionistas, Diana Murillo, Karol Matamoros y Víctor Manuel Hidalgo Solís; y el frenteamplista Edgardo Araya.
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