Junta Directiva de la CCSS lleva más de un mes paralizada; listas de espera, deuda del Estado y ERP siguen pendientes

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Monserrat Cordero Parra

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La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encuentra paralizada desde el 21 de mayo anterior cuando sesionó por última vez, debido al vencimiento de varios nombramientos y el rechazo de sus sustitutos por parte del Consejo de Gobierno

Esto quiere decir que, desde hace más de un mes, temas relacionados con el sistema informático ERP-SAP, infraestructura, listas de espera, pensiones y la deuda del Estado, entre otros, continúan a la espera de ser analizados por el máximo órgano. Esto a su vez, genera graves afectaciones sobre la población que día a día recibe los servicios de la CCSS.

“Es sumamente grave que el Consejo de Gobierno no permita que la Junta Directiva de la CCSS, corazón del Estado Social de Derecho costarricense, pueda sesionar de manera completa, al no juramentar a los miembros faltantes de ese cuerpo”, externó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Janice Sandí.

La Junta Directiva está compuesta de forma tripartita por nueve miembros, según la Ley Constitutiva de la institución: tres de los trabajadores (sindicatos, asociaciones solidaristas y cooperativas); tres de los patronos, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep); y tres del Estado, incluyendo a la presidencia ejecutiva. Estos sectores son los encargados de elegir a sus representantes en el máximo órgano, quienes luego son juramentados por el Consejo.

Rechazan representante sindical

El caso más polémico tiene que ver con los sindicatos. Ante el vencimiento del período de su representante, el Movimiento Sindical Costarricense eligió el pasado 9 de junio a la exdiputada Rocío Alfaro para ocupar este cargo; sin embargo, el Consejo de Gobierno rechazó su designación recientemente.

En una certificación, con fecha de 26 de junio, el Consejo decidió no aceptar el nombre de Alfaro, alegando que “no cumple el requisito legal de competencia en materias económico-sociales y honorabilidad, previstos en los artículos 6 y 7 inciso a).

Argumentaron además que la exdiputada incumple lo establecido en el artículo 11 de la Ley Constitutiva de la CCSS, que prohíbe a los miembros de la Junta Directiva y a los gerentes participar activamente en asuntos de política electoral. También señalaron un potencial conflicto de interés debido a su parentesco con dos funcionarios del Hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés.

“Aparte de la gravedad de irrespetar la autonomía y libertad sindical, de pretender incluso limitar el derecho ciudadano —en el caso mío—, de querer hacer retroactivo el tema de participación política, lo cual es absurdo, lo que debe preocupar más a la población es que siguen postergando la conformación del quórum estructural de la CCSS. No se pueden tomar decisiones de ningún tipo, sobre infraestructura, listas de espera, aumento de plazas, medicamentos. No se puede hacer nada”, criticó Rocío Alfaro.

Sobre los motivos detrás del rechazo a su nombramiento, mencionó que el Gobierno busca posicionar un cambio en el modelo de administración de la CCSS de tripartito a empresarial, lo que implica quitar la representación de los sectores. A esto se suma la necesidad de crear una situación de crisis en la institución que obligue luego a tomar medidas de urgencia que respondan a este nuevo modelo.

El Consejo rechazó también el nombre de la exdirectiva Martha Rodríguez como representante suplente, indicando que “no cumple el requisito legal de máxima honorabilidad previsto en los artículos 6 y 7 inciso a) de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”. La sindicalista fue destituida el año anterior por el Consejo de Gobierno producto de un procedimiento ordinario por infracción al principio de probidad, según indica la certificación.

Rodríguez coincidió con Alfaro y destacó la importancia de que la Junta Directiva retome sus funciones para reducir la afectación a los usuarios de la CCSS.

“No pueden tomarse decisiones por parte de la presidencia ejecutiva, ni siquiera como funcionario de hecho. Son decisiones fundamentales que son competencia exclusiva de la Junta Directiva como órgano integrado colegiado”, externó Rodríguez, quien agregó que este retraso tiene gran incidencia en contrataciones, compras, infraestructura, cobro de la deuda del Estado con la CCSS, y la prestación de servicios, entre otros.

El Movimiento Sindical Costarricense rechazó este martes el acuerdo del Consejo de Gobierno, indicando que la decisión constituye un grave precedente para la democracia, la libertad sindical y la autonomía de los trabajadores. Agregaron que agotarán las vías de presión social, administrativas, y judiciales tanto nacionales e internacionales con el fin de revocarla.

Nombramientos de otros sectores

En el caso de los patronos, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) indicó que su propuesta fue rechazada por el Consejo de Gobierno, debido a que una de las personas —aunque no revelaron el nombre— no cumplía con todos los requisitos.

Agregaron que por esta razón realizarán una segunda Asamblea el próximo 6 de julio “a fin de hacer los nombramientos en la Junta Directiva de la CCSS”.

Fernando Zúñiga, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol), señaló que ese sector eligió hace varias semanas a la señora Vilma Zúñiga como su representante ante la Junta Directiva de la CCSS. Sin embargo, aseguró que, hasta la fecha, no han recibido respuesta del Consejo de Gobierno.

Pese a esa designación, la CCSS confirmó a UNIVERSIDAD que el Consejo volvió a nombrar a la señora Vianey Hernández como representante del sector solidarista en la Junta Directiva.

Esta sería la segunda ocasión en que el Consejo de Gobierno desconoce la decisión de la organización. En 2024, las asociaciones solidaristas afiliadas a la Confederación también eligieron a Zúñiga para ocupar ese puesto; no obstante, el Ejecutivo juramentó en su lugar a Hernández, quien entonces representaba a la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Fecaspri).

El señor Martín Robles fue reelegido también por parte del sector cooperativista como su representante, según confirmó a UNIVERSIDAD. Agregó que, en su caso, ya fue juramentado por el Consejo.

UNIVERSIDAD consultó al Consejo de Gobierno sobre el estado de los nombramientos y juramentaciones de los distintos sectores que conforman la Junta Directiva; sin embargo, al cierre de edición se nos indicó que la respuesta aún estaba en trámite.

“Si bien es cierto, oficialmente terminó el Gobierno de Rodrigo Chaves, es un hecho político constatable que él sigue siendo la cabeza político-operativa del Poder Ejecutivo en este momento. Nosotros sabemos que el grupo dominante que él encabeza es enemigo de la CCSS y quisieran generar en ella un colapso político de funcionamiento, un colapso financiero no amortizando la deuda, un colapso estructural incluso, porque todos sabemos que la CCSS es un suculento pastel listo para el sector privado”, criticó el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas.



La agenda que espera

CCSS sin estados financieros


  • El sistema informático ERP entró a funcionar en junio del año anterior. Pese a las expectativas generadas y los esfuerzos realizados para su consolidación, la CCSS aún enfrenta importantes dificultades operativas asociadas al sistema, entre ellas la falta de trazabilidad y certeza sobre las cuentas de inventario, así como la ausencia de estados financieros actualizados desde junio del año anterior.

Sin certeza de deuda del Estado con la CCSS

  • La entrada en vigencia del ERP generó también que la CCSS perdiera la capacidad de actualizar los registros contables vinculados a las obligaciones del Estado. Hasta finales de mayo del año anterior el adeudo correspondía a ₡4,4 billones.

Crecen listas de espera

  • La Defensoría de los Habitantes informó recientemente que de enero a octubre del año pasado se presentó una tendencia de crecimiento sostenida y preocupante en las listas de espera de consulta externa, procedimientos y cirugías electivas.
  • En consulta externa, el tiempo de espera pasó de 470 días en promedio a 573 de enero a septiembre del año pasado, mientras que en procedimientos se llegó a un tiempo promedio de hasta 203 días. En el caso de la lista de espera quirúrgica, por su parte, los tiempos oscilan entre 424 y 439 días en promedio.

Infraestructura pendiente

  • Proyectos de infraestructura como los del Hospital Nacional de Niños y el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes continúan pendientes y requieren aún de acuerdos con el objetivo de materializarse.


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