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Adrián Z. Rivero
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El juicio del rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, que estaba previsto para iniciar este jueves, se aplazó hasta el próximo año luego de un cambio de agenda de última hora.
Así lo confirmó el abogado Gerardo Huertas, quien representa al rector en este caso. El defensor explicó que la modificación se realizó a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), que es parte querellante en el proceso.
“Tienen (la PGR) un choque de agenda con otro debate, con otro juicio que están llevando a cabo en este momento, en el que además hay una persona privada de libertad”, indicó Huertas.
El litigante señaló que, cuando hay choques entre juicios, prevalece el que tenga a un privado de libertad o el que haya sido señalado primero, por lo que “no queda más que esperar al juicio para la nueva fecha que fue señalada”.
El juicio de Araya inicialmente estaba programado para el 6 y 7 de abril de 2027, pero la semana pasada se adelantó para el 9 de julio de este año. Ahora, con la última modificación, el debate quedará para la fecha prevista originalmente.
“Es lamentable puesto que nosotros desde la defensa siempre hemos dicho que somos los más interesados en que este proceso avance, que consideramos que los hechos son totalmente atípicos, que aquí no hay delito alguno y por eso queríamos que pudiera hacerse el juicio cuanto antes”, agregó el abogado.
Huertas además manifestó que existen otros procuradores que podrían haber sido asignados para el juicio, pero que, como no se hizo así, al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública no le quedó otra alternativa más que suspender el señalamiento.
El caso del rector
El presunto incumplimiento de deberes lo habría cometido Araya cuando, durante una sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU) del 1 de abril de 2025, votó contra una moción sobre la que, en apariencia, debía abstenerse de participar, ya que la votación trataba sobre él mismo.
“En el caso en específico de este funcionario público, a él se le endilga haber participado en una votación en la que se discutía un asunto relacionado con sí mismo y la obligación legal que él tenía era de separarse, de inhibirse de conocer este asunto”, señaló el fiscal del caso, Diego Maroto, en declaraciones emitidas desde el año pasado.
La referida moción fue presentada por otro miembro del CU con la intención de que el rector se inhibiera de conocer asuntos relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) de la UCR, para evitar posibles conflictos de interés, debido a otro caso que estalló a inicios del 2025.
Sobre el supuesto incumplimiento de deberes por la votación en el CU, en julio de 2025, la Fiscalía comunicó que solicitaría la apertura de juicio contra Araya, tras concluir su investigación y haber formulado la acusación. Además, la PGR informó que reclamará ₡1 millón por concepto de daño social en este caso. En abril de este año fue la audiencia preliminar donde se definió que el caso irá a juicio.
“Estamos convencidos de que en ese debate se va a confirmar la absoluta inocencia de don Carlos, porque la acusación presentada por el Ministerio Público es completamente temeraria, acusa hechos manifiestamente atípicos que no pueden configurar delito alguno”, defendió Huertas, en declaraciones anteriores a UNIVERSIDAD.
El defensor sostiene que Araya ya había trasladado previamente la competencia del tema de esa votación a una vicerrectoría, por lo cual la exhortación para que se inhibiera “ya no tenía ninguna razón de ser”.
“Desde un punto de vista técnico no puede configurar delito alguno y estamos confiados en que eso es lo que se va a valorar en el debate y lo que se verá con toda la prueba que ahí existe. Así que estaremos esperando ese juicio con ansias y llegaremos a exponer eso y esperamos que ahí se va a confirmar su inocencia y se le absolverá de toda responsabilidad que, conforme a derecho, creemos que es lo único que corresponde”, sostuvo el abogado.
En cuanto a una posible condena, el Artículo 339 del Código Penal establece la sanción por el delito de incumplimiento de deberes, en los siguientes términos:
“Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”.
Araya es rector de la UCR desde el 1 de enero de 2025 y su periodo se extiende por cuatro años, por lo que enfrentará su juicio poco después de haber concluido la primera mitad de su gestión.
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Por su parte, el Sindeu defiende que tiene una “minuta de acuerdos” en la que la Administración promete pagar anualidades y escalafones de los últimos años.
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