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Mario Bermúdez Vives
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El Plenario legislativo volverá a quedar concentrado en el trámite de las reformas laborales para las jornadas de doce horas, o jornadas de cuatro por tres, a partir de este martes.
La presidenta legislativa Yara Jiménez anunció este lunes que el proyecto 24.290, «Establecimiento de jornadas excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados» regresó a la corriente legislativa, por lo que a partir de mañana martes se retornará a su trámite prioritario de vía rápida, por lo que tiene prevalencia sobre el resto de los expedientes.
El proyecto pretende regular la figura de las jornadas laborales excepcionales, que algunas empresas ya practican, con el fin de darles «seguridad jurídica», y el chavismo lo convirtió en una de sus apuestas claves desde la anterior Asamblea, con la promesa de generar empleo y atraer inversión foránea, pero enfrenta la oposición de sectores laborales y principalmente la fracción del Frente Amplio (FA), que asegura que su intención es limitar derechos laborales y reducir el pago de horas extras.
El trámite de esta reforma arrancó el 7 de julio del 2024 en el Plenario, con un trámite de vía rápida para resolver 2.564 mociones, (5.128 con las revisiones), pero el 24 de febrero del 2026 una mayoría de 46 diputados aprobó una moción para suspender ese procedimiento y trasladarlo a la siguiente Asamblea Legislativa, con el fin de evitar que otros proyectos quedaran enterrados en este proceso, que en ese momento se estimaba podría requerir entre 9 y 21 meses, dependiendo de la velocidad que tomara el trámite silencioso de las propuestas.
Jiménez informó a los diputados que a partir de este martes, se retomará el horario establecido por la moción de procedimiento extraordinario, lo que implica que el Plenario sesionará en forma matutina de 9 de la mañana al mediodía, de lunes a jueves, y en las tardes, de 3 de la tarde a 7 p.m.
Al proyecto le restan más de 4.200 mociones (1.624 de fondo, más 2.564 revisiones; es decir, más del 80% del total) que deben ser votadas sin el uso de la palabra, antes de que el expediente pueda ser conocido por el fondo.
Sin embargo, de las 880 mociones que se tramitaron en la anterior Asamblea Legislativa, se aprobaron 20, que introdujeron cambios importantes, desde prohibiciones expresas de discriminación a trabajadores, condiciones que pueden originar la cancelación del permiso para estas jornadas, y beneficios para los empleados, como descansos de 90 minutos diarios, evaluaciones médicas costeadas por el empleador, y posibilidad de retornar a la jornada ordinaria, entre otras. Esto provocó que uno de los principales defensores de la iniciativa, la Unión de Cámaras y Asociaciones Costarricenses de la Empresa Privada (Uccaep) indica el 20 de enero del 2026, en un comunicado, que el proyecto se había vuelto «inviable» con la inclusión de 14 mociones.
A ello se debe sumar que aunque el Gobierno tiene la mayoría suficiente para aprobar el proyecto (31 votos), no alcanza la mayoría calificada de 38 que necesitaría para ajustes en la moción de vía rápida.
De momento, Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) se distanció del proyecto, que en la anterior Asamblea obtuvo apoyo de los verdiblancos en algunos trámites (como creación de la vía rápida). Ramírez indicó que el proyecto, como está hoy, no satisface ni a trabajadores ni empresarios, por lo que no cuenta con el apoyo del PLN, que está sin embargo en la búsqueda de esquemas que den seguridad jurídica a las empresas, pero sin afectar los derechos laborales.
Pero el tema tiene también otras aristas. Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), consideró que no era casualidad que el Gobierno convocara el proyecto cuando la Asamblea entraba al período de sesiones ordinarias. «Es una estrategia para bloquear a otras fracciones, no es el momento para tratar de mover este proyecto que ya no importa a nadie porque va a bloquear la agenda de las sesiones ordinarias durante tres meses».
En esa misma dirección se pronunció Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). «Saben que el proyecto no tiene viabilidad política, pero le va a caer encima a la agenda legislativa y la va a bloquear. Y va a matar la posibilidad de conversar para una reforma laboral a la que hay que entrarle, pero que con el texto actual no resuelve nada a nadie», expresó.
También José María Villalta, el jefe de fracción del FA, consideró que se trataba básicamente de una maniobra de distracción. «La decisión busca distraer la atención de denuncias de corrupción y procura tener la agenda legislativa bloqueada, para no resolver temas como la devolución del ROP y problemas de seguridad. Es un proyecto lleno de errores y problemas de constitucionalidad», expresó.
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