Jerarca MEP: no hay metodología diseñada, protocolo de implementación ni decisión administrativa para visitas de estudiantes a cárceles

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Vinicio Chacón Soto

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Mucho ha insistido la presidenta Laura Fernández en llevar estudiantes de colegio a cárceles, en particular el aún en ciernes Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO).

Sin embargo, el Ministro de Educación Pública (MEP) Leonardo Sánchez Hernández, en un correo al personal de la Dirección de Vida Estudiantil manifestó que “al día de hoy no existe una metodología pedagógica diseñada, un protocolo de implementación ni una decisión administrativa adoptada sobre este tema. Lo que existe es el inicio de un proceso de análisis técnico e interdisciplinario”.

Las palabras de Sánchez Hernández se dieron como respuesta a un oficio que el personal de esa dirección envió a su directora, Jacqueline Badilla Jara, el pasado 16 de julio.

En la nota ofrecieron una posición técnica y profesional sobre la iniciativa y entre otras cosas se indicó que “las intervenciones basadas en la exposición de personas menores de edad a contextos de privación de libertad con fines preventivos no cuentan, a la fecha, con evidencia científica suficiente que permita sustentar su efectividad”.

El documento del personal de Vida Estudiantil pondera que “estas iniciativas parten del supuesto de que el contacto con la realidad penitenciaria generará un efecto disuasorio capaz de modificar conductas futuras; no obstante, las revisiones sistemáticas y evaluaciones internacionales disponibles han concluido que dicha relación no ha podido ser demostrada de manera consistente”.

En su respuesta, el jerarca agradece el análisis técnico e incluso asegura que “los criterios expuestos constituyen un insumo técnico valioso que será incorporado al proceso de análisis institucional. Precisamente, la Dirección de Vida Estudiantil formará parte de las dependencias técnicas que participarán en dicho proceso”.

Además, apunta que “la eventual metodología que pudiera llegar a analizarse no parte de la intención de replicar programas o experiencias internacionales cuya efectividad ha sido cuestionada por la evidencia científica”.

Más bien “cualquier eventual propuesta únicamente podría ser considerada si demuestra, de manera objetiva, que contribuye al fortalecimiento de las estrategias de prevención para proteger a la niñez y la adolescencia del reclutamiento por parte de organizaciones criminales. Para ello deberá sustentarse en evidencia científica, criterios técnicos especializados, mediación pedagógica, evaluación de riesgos y pleno respeto al interés superior de la persona menor de edad, los derechos humanos y el ordenamiento jurídico vigente”.

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