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Gerardo Villacreces Carbo
Guest
José Julio Neira, director encargado de la UAFE y funcionario de alta confianza del ejecutivo, lanzó recientemente en una entrevista radial una frase de considerable repercusión pública: “¿En qué entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales? Pronto lo sabremos”. La frase impacta por su dureza, pero también por lo que sugiere, esto es, la posible existencia de controles bancarios insuficientes o entidades eventualmente permeables al lavado.
Sin embargo, cabe distinguir: una cosa es investigar operaciones sospechosas realizadas por clientes de una institución financiera; y, otra muy distinta, es insinuar que un banco lava dinero. Confundir ambas cosas puede ser injusto, irresponsable y peligroso. Pero negarse a investigar, por el peso económico o reputacional de una entidad, sería aún peor.
La Superintendencia de Bancos, en coordinación con la UAFE, ha solicitado al sistema financiero información relacionada con personas naturales vinculadas al caso Encuentro. El pedido habría incluido expedientes de conocimiento de los clientes, perfiles de riesgo, alertas transaccionales y eventuales reportes de operaciones sospechosas. La propia Superintendencia ha sido clara: esta solicitud no implica una determinación de responsabilidad. Esa precisión es fundamental. Por su parte, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador – Asobanca – destacó que, los requerimientos de información de las autoridades son parte habitual de los procesos de control y supervisión, los mismos que deben llevarse por los canales institucionales, con rigurosidad técnica, confidencialidad y debido proceso.
El dinero ilícito necesita rutas, vehículos, fachadas, asesores, empresas, contratos, cuentas, transferencias y silencios. A veces usa el sistema financiero sin que este sea cómplice. Otras veces se aprovecha de controles débiles. Y, en los escenarios más extremos, puede encontrar negligencia, o incluso complacencia y colaboración interna, lo cual – de darse – sería muy grave. La diferencia entre esos niveles no se resuelve con discursos, sino con evidencia técnica, trazabilidad del dinero, documentos y asientos contables, debido proceso, reserva y, con sensatez.
Por eso este caso exige dos esenciales requisitos: firmeza y prudencia, los mismos que rara vez caminan juntas en el Ecuador, sobre todo cuando el tema pudiera estar influenciado por la política y con mayor motivo cuando se lo asocia a la posibilidad de extradición desde Argentina de Hernán Luque L. Así, se requiere: a) Firmeza: para seguir las huellas del dinero sin mirar apellidos, gobiernos, bancos, grupos económicos ni amistades políticas. b) Prudencia: para no convertir un requerimiento de información en sentencia anticipada. En un Estado de derecho, nadie debe ser condenado por insinuación, entrevista o titular.
Las derivaciones políticas y empresariales del resurgimiento del caso Encuentro vuelven a tocar una herida aún abierta y profunda: la sospecha de que parte de la corrupción pública no termina en bolsillos aislados, sino que encontraría mecanismos para ingresar al circuito formal de la economía. Si eso se prueba, el país estaría frente a algo más grave que un simple caso judicial: estaría frente a una radiografía de cómo la delincuencia organizada puede ingresar a espacios del Estado y luego intentar blanquear sus beneficios mediante estructuras aparentemente legales.
Cuando se habla de lavado de activos, cada palabra pesa. No se protege la confianza pública ocultando investigaciones; pero tampoco se la protege convirtiéndolas en espectáculo. La transparencia no debe afectar la presunción de inocencia, al mismo tiempo que, la prudencia no debe convertirse en encubrimiento.
La confianza de la ciudadanía en el sistema financiero ecuatoriano es sensible, necesita certezas y no especulaciones. Un banco serio no debería temer a una investigación seria. Y una autoridad seria no debería necesitar condenar públicamente antes de probar.
El verdadero desafío está allí: que el país sepa, con pruebas y no con rumores, si el dinero del crimen encontró puertas abiertas, controles insuficientes o simples canales utilizados por clientes investigados. La respuesta importa no solo para un banco, un caso o un gobierno anterior. Importa para saber si el Ecuador quiere combatir al crimen organizado en su raíz o apenas perseguir sus síntomas.
El señor Neira debería tener presente que, hay frases que no solamente retumban por el ruido político, sino también por los potenciales oleajes económicos.
El dinero mal habido siempre buscará dónde esconderse. Y si el Estado quiere fortalecer la autoridad, debe seguirlo hasta el final. Sin miedo, sin abuso, sin privilegios y sin espectáculo…
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Sin embargo, cabe distinguir: una cosa es investigar operaciones sospechosas realizadas por clientes de una institución financiera; y, otra muy distinta, es insinuar que un banco lava dinero. Confundir ambas cosas puede ser injusto, irresponsable y peligroso. Pero negarse a investigar, por el peso económico o reputacional de una entidad, sería aún peor.
La Superintendencia de Bancos, en coordinación con la UAFE, ha solicitado al sistema financiero información relacionada con personas naturales vinculadas al caso Encuentro. El pedido habría incluido expedientes de conocimiento de los clientes, perfiles de riesgo, alertas transaccionales y eventuales reportes de operaciones sospechosas. La propia Superintendencia ha sido clara: esta solicitud no implica una determinación de responsabilidad. Esa precisión es fundamental. Por su parte, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador – Asobanca – destacó que, los requerimientos de información de las autoridades son parte habitual de los procesos de control y supervisión, los mismos que deben llevarse por los canales institucionales, con rigurosidad técnica, confidencialidad y debido proceso.
El dinero ilícito necesita rutas, vehículos, fachadas, asesores, empresas, contratos, cuentas, transferencias y silencios. A veces usa el sistema financiero sin que este sea cómplice. Otras veces se aprovecha de controles débiles. Y, en los escenarios más extremos, puede encontrar negligencia, o incluso complacencia y colaboración interna, lo cual – de darse – sería muy grave. La diferencia entre esos niveles no se resuelve con discursos, sino con evidencia técnica, trazabilidad del dinero, documentos y asientos contables, debido proceso, reserva y, con sensatez.
Por eso este caso exige dos esenciales requisitos: firmeza y prudencia, los mismos que rara vez caminan juntas en el Ecuador, sobre todo cuando el tema pudiera estar influenciado por la política y con mayor motivo cuando se lo asocia a la posibilidad de extradición desde Argentina de Hernán Luque L. Así, se requiere: a) Firmeza: para seguir las huellas del dinero sin mirar apellidos, gobiernos, bancos, grupos económicos ni amistades políticas. b) Prudencia: para no convertir un requerimiento de información en sentencia anticipada. En un Estado de derecho, nadie debe ser condenado por insinuación, entrevista o titular.
Las derivaciones políticas y empresariales del resurgimiento del caso Encuentro vuelven a tocar una herida aún abierta y profunda: la sospecha de que parte de la corrupción pública no termina en bolsillos aislados, sino que encontraría mecanismos para ingresar al circuito formal de la economía. Si eso se prueba, el país estaría frente a algo más grave que un simple caso judicial: estaría frente a una radiografía de cómo la delincuencia organizada puede ingresar a espacios del Estado y luego intentar blanquear sus beneficios mediante estructuras aparentemente legales.
Cuando se habla de lavado de activos, cada palabra pesa. No se protege la confianza pública ocultando investigaciones; pero tampoco se la protege convirtiéndolas en espectáculo. La transparencia no debe afectar la presunción de inocencia, al mismo tiempo que, la prudencia no debe convertirse en encubrimiento.
La confianza de la ciudadanía en el sistema financiero ecuatoriano es sensible, necesita certezas y no especulaciones. Un banco serio no debería temer a una investigación seria. Y una autoridad seria no debería necesitar condenar públicamente antes de probar.
El verdadero desafío está allí: que el país sepa, con pruebas y no con rumores, si el dinero del crimen encontró puertas abiertas, controles insuficientes o simples canales utilizados por clientes investigados. La respuesta importa no solo para un banco, un caso o un gobierno anterior. Importa para saber si el Ecuador quiere combatir al crimen organizado en su raíz o apenas perseguir sus síntomas.
El señor Neira debería tener presente que, hay frases que no solamente retumban por el ruido político, sino también por los potenciales oleajes económicos.
El dinero mal habido siempre buscará dónde esconderse. Y si el Estado quiere fortalecer la autoridad, debe seguirlo hasta el final. Sin miedo, sin abuso, sin privilegios y sin espectáculo…
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