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Laura Martínez Quesada
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Hace unos días, el economista Leonardo Garnier (La Nación, 28 de mayo de 2026) presentó una serie de reflexiones muy pertinentes sobre la capacidad de Costa Rica para producir “ciencia de verdad”, respaldando su afirmación con ejemplos de investigaciones desarrolladas en la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Su artículo me motivó a complementar esa argumentación con algunos ejemplos de investigación científica que actualmente desarrolla la Universidad Nacional (UNA).
Con frecuencia se desconoce la magnitud de los aportes que las universidades públicas realizan mediante la investigación científica y tecnológica, así como los beneficios concretos que generan para la sociedad. En parte, esto ocurre porque muchos de sus resultados se manifiestan en el mediano y largo plazo; también porque las propias universidades no siempre han sabido comunicar adecuadamente el impacto de su trabajo. Sin embargo, cuando se examinan con detenimiento, sus contribuciones revelan un enorme valor económico, social y ambiental.
Conviene recordar que la docencia, la extensión y la investigación universitaria se financian mediante el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Por ello, estos recursos no deben entenderse como un gasto, un privilegio o un subsidio, sino como una inversión estratégica del país. El FEES constituye el combustible que impulsa la formación de profesionales, la generación de conocimiento y la innovación que requiere el sector productivo nacional para elevar su competitividad y enfrentar los desafíos del siglo XXI.
Algunos ejemplos ilustran claramente esta realidad
El Laboratorio de Física Aplicada de la UNA (LabFA-UNA) del Departamento de Física procesa imágenes médicas hospitalarias para el modelado e impresión tridimensional de órganos complejos, como el corazón. Esta tecnología permite a los equipos médicos planificar intervenciones quirúrgicas sobre modelos físicos de alta precisión, reduciendo riesgos para los pacientes y optimizando los tiempos en sala de operaciones.
Por su parte, el Laboratorio de Genómica (LAGen-UNA) de la Escuela de Ciencias Biológicas desarrolla investigaciones ómicas que generan información estratégica para la seguridad alimentaria y la gestión sostenible de recursos pesqueros, incluyendo estudios sobre la corvina reina (Cynoscion albus). Asimismo, el monitoreo de genes de resistencia a antibióticos aporta herramientas esenciales para anticipar y enfrentar futuras amenazas a la salud pública.
Otro caso destacado es el Programa de Investigación en Enfermedades Tropicales (PIET-UNA) de Medicina Veterinaria, que actúa como un verdadero centinela de la seguridad sanitaria nacional mediante el estudio de bacterias, virus y enfermedades zoonóticas. Su trabajo contribuye a prevenir riesgos que afectan tanto la salud humana como la producción agropecuaria.
También sobresalen las investigaciones en biotintas y biopolímeros desarrolladas en la Escuela de Química de la UNA. Mediante la utilización de nanocelulosa y nanoquitina se crean estructuras tridimensionales capaces de transportar metabolitos naturales para el tratamiento de heridas e infecciones animales, ofreciendo alternativas innovadoras frente al creciente problema mundial de la resistencia antimicrobiana.
Las universidades públicas también funcionan como verdaderos “primeros respondedores” frente a amenazas naturales, transformando información científica compleja en herramientas concretas para la protección de vidas humanas y actividades económicas. El ejemplo más visible es el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA). Más allá de su reconocido monitoreo volcánico, esta institución ha desarrollado, con cooperación internacional, un sistema de alerta temprana de terremotos que permite informar a la población mediante una aplicación móvil con niveles diferenciados de advertencia según la intensidad esperada del evento.
Asimismo, el Laboratorio de Fitoplancton de la UNA, también de Ciencias Biológicas, realiza una vigilancia permanente de las mareas rojas en el Golfo de Nicoya y en las costas de Guanacaste. Su labor previene intoxicaciones masivas, protege la salud pública y contribuye a la sostenibilidad de actividades económicas tan relevantes como la pesca y el turismo.
A estos ejemplos podrían añadirse numerosos proyectos en biotecnología marina, economía circular, gestión territorial, ciudades inteligentes y sostenibles, energía solar, química atmosférica, cosecha de agua en territorios secos, ingeniería agrícola y pecuaria, rehabilitación cardiaca, entre muchas otras áreas. La limitación de espacio impide describirlos aquí, pero todos comparten un rasgo común: generan conocimiento útil para resolver problemas reales del país.
En síntesis, las universidades públicas no son únicamente centros de formación para la juventud costarricense. Son también laboratorios de innovación, plataformas de desarrollo tecnológico y motores de generación de conocimiento al servicio de la sociedad y del sector productivo nacional. Cada avance científico mencionado en estas líneas ha sido posible gracias a una decisión colectiva de invertir en educación superior pública.
Por ello, el debate nacional no debería centrarse en cuánto cuesta financiar las universidades, sino en cuánto perdería Costa Rica si dejara de hacerlo. Reducir o debilitar la inversión en educación superior significaría renunciar a capacidades científicas construidas durante décadas, limitar la innovación empresarial, disminuir la competitividad nacional y comprometer la posibilidad de encontrar soluciones propias a nuestros desafíos económicos, sociales y ambientales. Fortalecer el FEES no es defender un presupuesto universitario; es apostar por un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la ciencia y la innovación. Los países que hoy lideran la economía mundial son precisamente aquellos que entendieron que la investigación científica no es un lujo, sino una de las inversiones más rentables para construir prosperidad, bienestar y futuro.
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