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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha aprobado la concesión de la semilibertad para 56 presos de ETA desde 2003 utilizando para ello el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite el principio de flexibilidad que acaba de ser cuestionado por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional por su aplicación por parte del Gobierno vasco.
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