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Wilfrido Benítez
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La imputada fue identificada como Graciela Verónica Páez Caballero (29), quien vive con sus dos hijas pequeñas en una vivienda ubicada en el barranco del río Paraná. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 26 de julio, en el sector conocido como Pica Piedra.
Según la investigación encabezada por el fiscal Carlos Antonio Almada, la mujer habría instalado un sistema de electrificación en el perímetro de su vivienda, sin contar con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.
La mujer habría tomado la decisión luego de denunciar un supuesto hurto y acusar a un vecino como presunto responsable. Según su versión, posteriormente habría recibido amenazas, situación que la llevó a adoptar la medida.
La Fiscalía argumenta que el joven, quien se desempeñaba como reciclador, habría resbalado y, al intentar sujetarse para evitar caer, se sostuvo con el alambre, momento en el que una descarga eléctrica le provocó la muerte en el lugar.
Tras el hecho, se realizó el procedimiento correspondiente en el lugar y el levantamiento del cuerpo. El Ministerio Público incorporó a la investigación el informe policial, el acta del procedimiento fiscal, el certificado de defunción y otros elementos reunidos durante las primeras diligencias.
La conducta atribuida a Páez Caballero fue calificada provisoriamente como homicidio culposo.
El fiscal Almada solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de cuatro meses para avanzar con las diligencias y presentar el requerimiento conclusivo. Asimismo, pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la prohibición de cambiar de domicilio, salir del país y la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades.
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Según la investigación encabezada por el fiscal Carlos Antonio Almada, la mujer habría instalado un sistema de electrificación en el perímetro de su vivienda, sin contar con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.
La mujer habría tomado la decisión luego de denunciar un supuesto hurto y acusar a un vecino como presunto responsable. Según su versión, posteriormente habría recibido amenazas, situación que la llevó a adoptar la medida.
La Fiscalía argumenta que el joven, quien se desempeñaba como reciclador, habría resbalado y, al intentar sujetarse para evitar caer, se sostuvo con el alambre, momento en el que una descarga eléctrica le provocó la muerte en el lugar.
Tras el hecho, se realizó el procedimiento correspondiente en el lugar y el levantamiento del cuerpo. El Ministerio Público incorporó a la investigación el informe policial, el acta del procedimiento fiscal, el certificado de defunción y otros elementos reunidos durante las primeras diligencias.
La conducta atribuida a Páez Caballero fue calificada provisoriamente como homicidio culposo.
Solicitó cuatro meses de investigación
El fiscal Almada solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de cuatro meses para avanzar con las diligencias y presentar el requerimiento conclusivo. Asimismo, pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la prohibición de cambiar de domicilio, salir del país y la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades.
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