INS no puede demostrar resultados favorables de millonario patrocinio que cambió nombre al Estadio Nacional

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Daniela Muñoz Solano

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A 6 meses de haber suscrito el millonario patrocinio que cambió el nombre del Estadio Nacional a “INS Estadio”, el Instituto Nacional de Seguros no puede mostrar los resultados favorables de tan oneroso gasto para la institución.

Esto quedó evidenciado durante la sesión de este lunes 13 de abril de la comisión legislativa de control de Ingreso y Gasto Público ante la que comparecieron Kattia Castro, jefa de la Subdirección de Relaciones Corporativas del INS y Diana Posada, gerente general del estadio.

El año pasado, en mayo, el INS despidió a 130 personas de su planilla alegando temas de desempeño, transformación digital y costos.

Tan solo unos meses después, en octubre, se suscribió un contrato de patrocinio por casi ₡900 millones para que el conocido Estadio Nacional pasara oficialmente a llamarse “INS Estadio” por 3 años.

La comisión legislativa llamó a ambas funcionarias para que dieran respuestas sobre esta decisión y los resultados que ha tenido, pero luego de dos horas de interrogatorio, las respuestas fueron escasas.

Varias diputaciones cuestionaron a Castro sobre los motivos de la decisión de gastar tantísimo dinero en modificar el nombre de un “emblema nacional” y la funcionaria dijo que se trataba de un acuerdo publicitario para fortalecer la “recordación” de la marca INS.

La funcionaria además agregó que por razones de confidencialidad no podía revelar los beneficios que había tenido el convenio pero que la “matriz de costo-beneficio arroja beneficios positivos”.

No obstante cuando le preguntaron sobre los efectos directos del acuerdo, es decir se habían aumentado las ventas de seguros durante o inmediatamente después de eventos en el inmueble, o algo parecido, Castro trató de evitar responder de manera directa diciendo que “así no funciona” la publicidad sino que tiene efectos posteriores de visibilidad y recordación.

La diputada Katherine Moreira, sin embargo, le salió al paso explicando cómo funciona el ciclo de la publicidad y detallando que el objetivo final es el incremento en las ventas, pero que en este caso no se podía demostrar que el millonario patrocinio hubiera tenido favorables para la empresa pública.

La diputada, junto con la presidenta de la comisión Dinorah Barquero y Vanessa Castro, también cuestionó a Diana Posada sobre los motivos para “vender” el nombre de un emblema nacional.

Posada justificó la decisión explicando que esto era común en otras latitudes y que se trataba de un acuerdo temporal, pero no brindó explicación alguna sobre si se tomó en cuenta la importancia, en materia de identidad nacional, del inmueble en cuestión.

Ambas funcionarias evitaron dar respuesta sobre dónde o cómo se originó la idea del patrocinio y el consecuente cambio de nombre del estadio.

Durante la comparecencia además, tanto Castro como Posada evitaron referirse a si se habían negociado ofertas con otras empresas para patrocinar el Estadio, igualmente por temas de confidencialidad.

Por eso al cerrar al audiencia, la diputada Luz Mary Alpízar pidió que servicios técnicos aclarara el asunto y aunque esa entidad reiteró que debía respetarse la confidencialidad manifiesta por las comparecientes, la presidenta de la comisión solicitó que se entregara a la comisión copia de la cláusula respectiva que evitaba que revelaran más datos.



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