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Marcela Rojas Hidalgo
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La Comisión de Limón de la Asamblea Legislativa aprobó este martes 14 de abril el informe final de la investigación sobre el cumplimiento de los compromisos y objetivos de la concesión con APM Terminals en la administración de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), revelando que esta última, el principal puerto de Costa Rica, “funcionó bajo un esquema de vigilancia intermitente, sin control continuo por parte del Estado, de la carga, las tripulaciones ni los flujos logísticos”.
El informe cita al Ministro de Seguridad, Mario Zamora, en su comparecencia ante la comisión el 20 de mayo de 2025, quien afirmó que esta cartera “no tiene participación alguna en el contrato relacionado a APM Terminal” y que, antes de la implementación de la Operación Soberanía, el país no contaba con un esquema de control permanente dentro del puerto.
“No tenemos presencia permanente 24/7 en el puerto… la policía llegaba, revisaba contenedores… y luego se volvía a ir”, expresó en dicha sesión.
Entre los demás hallazgos detallados en el informe se encuentran las vulnerabilidades estructurales del sistema portuario que han permitido que la TCM se utilice como posible punto de partida para el narcotráfico con repercusión internacional.
Según el análisis, en la sesión del año pasado de la Comisión de Limón en la que compareció Zamora, se reconoció explícitamente que el país fue identificado desde 2020 como un punto relevante para la reexportación de drogas a través del puerto de Moín.
En su intervención, el ministro indicó que Costa Rica fue identificada como un “gran reexportador internacional de droga” a través de APM Terminals, con un crecimiento sostenido de envíos hacia Europa y Estados Unidos.
Según el texto, estas palabras confirman que el riesgo era conocido con suficiente antelación, tanto a nivel nacional como internacional.
La situación se agrava aún más por las posteriores advertencias internacionales. “Particularmente en 2023, cuando autoridades europeas alertaron sobre el volumen de droga detectado en puertos como Hamburgo, Róterdam y Amberes, generando incluso riesgos para la reputación comercial del país y la eventual imposición de restricciones a exportaciones costarricenses”, explica el documento.
Impacto socieconómico
Otro punto del informe subraya el impacto socioeconómico que la concesión de la TCM ha tenido en la provincia de Limón, asociado a la reducción del empleo portuario tradicional, la precarización laboral y la desarticulación del sistema productivo local.
El secretario del Sindicato de Trabajadores de Japdeva y Afines Portuarios (Sintrajap), Antonio Wells, señaló, durante una audiencia ante la Comisión de Limón el 24 de junio de 2025, que los niveles críticos de desempleo, pobreza y debilitamiento económico que enfrenta la provincia están vinculados a las decisiones políticas adoptadas en torno al modelo portuario.
Wells afirmó que el traslado de la carga a la terminal concesionada provocó la pérdida de aproximadamente el 80% de la actividad que anteriormente gestionaba la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Por su parte, el asesor legal Bernal Gamboa explicó las ineficiencias observadas en la operación portuaria, ejemplificando la desconexión entre el Plan Maestro Portuario del Caribe y el diseño contractual de la concesión.
El Plan Maestro preveía una estructura portuaria en la que, para el período 2016-2020, el sistema contaría con al menos cinco puestos de atraque operativos y, en una fase posterior, a partir de 2021, hasta siete en total. Sin embargo, en la práctica, el sistema opera con solo dos puestos de atraque en la terminal concesionada.
Adicionalmente, cada puesto de atraque tiene una capacidad de manejo promedio de entre 300.000 y 450.000 TEU (capacidad de carga de un contenedor estándar) al año. Aun así, la terminal concesionada opera con volúmenes que superan los 1.200.000 TEU anuales, lo que implica una sobrecarga estructural.
Al final del informe, se recomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en coordinación con el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y Japdeva, que inicie de inmediato los procedimientos administrativos correspondientes para investigar posibles infracciones en el ejercicio de las funciones públicas relacionadas con la gestión, supervisión y control del contrato de concesión de la TCM.
Respecto a su aprobación, la diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, declaró que fue un proceso complejo, pero lograron “tener un informe técnico con recomendaciones puntuales para la mejora, no solo de la gestión adecuada de esta terminal, sino también para hacer una efectiva fiscalización del cumplimiento y las condiciones básicas para la terminal portuaria más importante de nuestro país”.
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