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Laura Martínez Quesada
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Históricamente, Talamanca ha sido un territorio con una enorme riqueza natural y cultural. Cuenta con importantes bienes comunes: cinco ríos de gran importancia, la cordillera más importante del país, la cordillera de Talamanca, uno de los parques más importantes de Costa Rica, el Parque Internacional La Amistad, y una gran diversidad cultural.
Precisamente esa riqueza también ha convertido al territorio en objeto de grandes intereses. Desde hace mucho tiempo han existido disputas sobre las tierras, que en gran parte son boscosas, muy fértiles y poseen una enorme cantidad de recursos hídricos. Es por esto que las corporaciones, junto con actores vinculados a empresas, al Estado, a los gobiernos, a grupos políticos y financieros, mantienen un fuertes interés sobre estos recursos.
Lo que nosotros hemos defendido históricamente es nuestro proyecto de vida. Ese proyecto de vida está constituido por la tierra, los bosques, los ecosistemas, los ríos, nuestras formas de producción, nuestra alimentación y nuestras expresiones culturales. Todo ese conjunto conforma el proyecto de vida de los pueblos indígenas y, precisamente por eso, es lo que se ve amenazado por esos intereses externos.
A lo largo de la historia hemos enfrentado intereses petroleros, madereros e hidroeléctricos. En los últimos años, además, con la discusión internacional sobre el cambio climático y las estrategias para mitigar sus efectos, ha aparecido una nueva amenaza: el mercado de carbono.
El mercado de carbono consiste, básicamente, en negociar nuestros bosques con empresas y corporaciones, muchas veces con el impulso de los propios gobiernos. En este caso, uno de los actores más vinculados con estas iniciativas es el Ministerio de Ambiente, que mantiene relaciones tanto con empresas como con otras instituciones del Estado y con distintos gobiernos que también tienen intereses sobre estos mecanismos.
Todo esto forma parte de una historia mucho más amplia. No se trata únicamente de lo ocurrido en los últimos cinco o diez años; estos intereses han existido desde hace mucho tiempo. Por eso podríamos decir que han coexistido dos agendas distintas en el territorio. Por un lado, la agenda del Estado y de las corporaciones. Por otro, la agenda propia de los pueblos indígenas.
Con frecuencia, los gobiernos no atienden las prioridades y a los tiempos de los pueblos indígenas ni las agendas construidas desde los propios territorios. Mientras tanto, impulsan con mucha fuerza -e incluso violentando derechos- las agendas institucionales o corporativas.
Hay responsabilidades que corresponden claramente al Estado. Los gobiernos, tanto el actual como los anteriores, tienen pendientes la construcción de colegios, centros educativos, carreteras y puentes, tareas que forman parte de sus obligaciones en cualquier lugar del país.
Si ni siquiera esas responsabilidades básicas han sido plenamente atendidas, imaginemos cuánto más relegadas quedan las agendas propias de los pueblos indígenas, aquellas que responden verdaderamente a nuestras prioridades y necesidades.
Ahí radica una de las discusiones centrales: cómo lograr que las acciones del Estado respondan realmente a los tiempos, las prioridades y las decisiones de las comunidades indígenas. En los últimos meses, en nuestro territorio se ha generado una fuerte discusión en torno a las negociaciones relacionadas con los mercados de carbono.
Actualmente existe, al menos, una empresa interesada expresamente en adquirir créditos o derechos asociados al mercado de carbono dentro de nuestro territorio. Esa empresa obtuvo la firma de la persona que representa legalmente al territorio. Sin embargo, esa firma no representa necesariamente la voluntad de las comunidades.
No ha existido un proceso de información suficiente, tampoco un proceso de consulta, ni un procedimiento que garantice la participación libre, previa e informada de las comunidades para decidir si desean o no involucrarse en este tipo de mecanismos de negociación. Esa situación ha generado una importante tensión dentro del territorio.
Es más, la primera vez que se conoció ese interés en abril de 2025, la Asamblea del territorio eliminó del Plan Operativo la posibilidad de negociar nuevos contratos relacionados con los mercados de carbono con empresas privadas. Esa fue una decisión tomada por la propia Asamblea de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Talamanca (ADITIBRI).
Posteriormente, a partir de una investigación y de la documentación que se recopiló sobre este tema, el asunto volvió a presentarse ante la Asamblea de este año, 2026. Lo que finalmente resolvió la Asamblea fue que no podía mantenerse esa situación sin asumir responsabilidades. Como resultado de ese proceso, la Asamblea acordó la destitución de la Presidencia de la Asociación.
En nuestro territorio existen aproximadamente 32 comunidades y alrededor de 24 Consejos de Vecinos. Muchos de esos consejos no fueron informados ni consultados sobre este proceso.
Aunque muchas veces se intenta reducir la discusión a un asunto personal o individual, lo que la mayoría de las comunidades ha señalado es la omisión de sus derechos colectivos. Si una Asamblea ya había tomado la decisión de eliminar ese tipo de negociaciones, no se entiende por qué existe la insistencia en imponer una agenda que no forma parte de las prioridades definidas por las comunidades.
Detrás de todo esto existen muchos intereses. También hay que recordar que, históricamente, las corporaciones han financiado actores, liderazgos e incluso han intentado influir sobre las estructuras de representación y organización de las comunidades.
Cuando cuestionamos la omisión de esos derechos por parte de quienes nos representan, muchas veces se intenta deslegitimar esa defensa. Sin embargo, nosotros estamos hablando de derechos fundamentales: el derecho a la consulta, el derecho a la información, el derecho a la participación y el derecho a la representación.
Tenemos que entender que existe una corriente, tanto a nivel continental como nacional, que busca imponer agendas de manera violatoria de los derechos de los pueblos indígenas. Se pretende imponer estrategias definidas por el Estado, mientras se omiten derechos fundamentales relacionados con la participación y la representación de las comunidades.
Actualmente, la Asociación recibe recursos provenientes del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). También recibe recursos asociados a créditos de carbono administrados por el Estado.
El nuevo contrato fue firmado sobre una misma área territorial que ya se encontraba incorporada a esos mecanismos. Es decir, se trataba de un territorio que ya estaba bajo contratos del Programa de Pago por Servicios Ambientales y también bajo contratos relacionados con créditos de carbono administrados por el Estado.
A pesar de ello, se suscribió un tercer contrato con una empresa privada. Hasta este momento no conocemos con precisión cuáles podrían ser las implicaciones jurídicas de ese nuevo contrato para el territorio ni para las comunidades que eventualmente podrían verse afectadas. Esa incertidumbre sigue presente.
La posición que han sostenido las comunidades ha sido muy clara: cualquier decisión de esta naturaleza debe ser informada, consultada y respetar plenamente el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.
* Texto escrito con base en la participación del Programa Voces y Política de Radio Universidad del 8-7-26.
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