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La Prensa
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La prima de antigüedad nació como una compensación vinculada al trabajo y a la permanencia del servidor público. Al extenderla a ministros, diputados, directores y otros funcionarios, la Corte Suprema de Justicia equipara situaciones que, aunque pertenecen al servicio público, tienen naturaleza distinta. Quien acepta un cargo político o de elección popular conoce su temporalidad, ejerce poder público y, generalmente, recibe remuneraciones superiores a las del funcionario común. Reconocer esas diferencias no significa afirmar que su trabajo vale menos. Significa entender que la igualdad no obliga a otorgar idénticos beneficios a quienes se encuentran en condiciones diferentes. Durante 13 años, distintas leyes mantuvieron esas exclusiones de manera expresa. Ahora, bajo el principio de igualdad, desaparecen. El resultado merece reflexión: una protección concebida con fundamento de justicia social alcanza a la cúpula del Estado y genera nuevas obligaciones para el erario. La igualdad pierde sentido cuando, al borrar diferencias legítimas, termina creando nuevos privilegios.
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