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La Prensa
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La investigación sobre la irrupción del contralor en una diligencia de la Fiscalía Anticorrupción no puede reducirse a un simple incidente administrativo. Todo el país vio las imágenes. Circularon ampliamente en redes sociales y, hasta ahora, el propio contralor no ha negado su presencia en el lugar. Ante hechos públicos y notorios, corresponde que las instituciones actúen conforme a la ley y no bajo cálculos políticos o corporativos. Que el procurador general haya impulsado diligencias y solicitado el control judicial de las pruebas es exactamente lo que se espera en un Estado mínimamente institucional. Investigar no equivale a condenar; significa cumplir con el deber constitucional de esclarecer posibles delitos, sin importar el cargo de los involucrados. Al mismo tiempo, el contralor tiene derecho al debido proceso y a todas las garantías legales. Ahora corresponde a la Corte Suprema de Justicia actuar con independencia, aplicar el Código Procesal Penal y resolver conforme a Derecho, no a conveniencias coyunturales.
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