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Horda de reyezuelos donde hay autonomía
Urgen cambios electorales sobre participación voluntaria, partidos diz que políticos y aspirantes autonombrados.
Mario Antonio Sandoval
22 de junio de 2026
|
00:05h
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Una horda es una multitud desordenada e indisciplinada, a menudo violenta y caótica, según indica el Diccionario de la Lengua Española. Esta definición cabe cómodamente en varias entidades de Guatemala, entre ellas las municipalidades y el sistema electoral, debido al rechazable desorden en el concepto de autonomía, considerado un libertinaje total para los alcaldes, y también en la libertad de conseguir nombres de ciudadanos ya sea por amenazas, convicciones o compra de firmas para crear más “partidos” políticos. Son 25 y están en proceso otros 20 en el Tribunal “Supremo” Electoral, entre comillas porque sus decisiones son sujeto de amparos y de toda clase de trabas, con lo cual crece sin detenerse el negocio de crearlos, junto con el hastío ciudadano.
Crear un “partido” de esta clase es invertir fondos con el fin de obtener ganancias por su venta, o cumplir su meta de obligar a la segunda vuelta, algo imposible porque ninguno puede obtener la mitad más uno para salir victorioso en la primera ronda. Esto no es casualidad, sino consiste en un plan de numerosos y supuestos “líderes políticos”. Todo esto se confirma plenamente con la participación constante de personajes nebulosos, quienes sueñan con lograr el segundo puesto en la primera elección y así participar en la vuelta definitiva, donde prácticamente ninguno de ellos logra votos favorables adicionales a los logrados en la primera vuelta, y si los obtiene es porque los ciudadanos votan contra alguno de esos dos, o por quien consideran “menos pior”.
La próxima elección no podrá ser distinta si se mantiene la participación de candidatos eternos o autonombrados salvadores del país.
En las municipalidades sucede lo mismo. Los alcaldes nacen dentro de “comités cívicos” integrados por una mezcolanza de amigos y parentelas consanguíneas o políticas. No existen candidatos pertenecientes a los pseudopartidos, porque estos tampoco tienen oficinas en casi la totalidad de los municipios. Hay un problema adicional: la posibilidad de reelecciones sin límite y el 10% de fondos constitucionales se ha convertido en una fuente de gastos desorbitados e innecesarios decididos por los jefes ediles. Esta es una causa de la destrucción del patrimonio histórico de esos poblados, muchos con varios siglos de existencia. Los alcaldes deciden sin dar cuentas a nadie, y esta negatividad se multiplica cuando una obra abarca varios municipios. El caso Xochi lo ejemplifica.
Ante la falta de seguridad jurídica y la arbitrariedad de las decisiones, no se puede mantener el sistema como está. La ciudadanía necesita conocer los hechos inevitables si son encajados dentro de cambios legales basados en la más mínima lógica, no solo jurídica, y con el principio de ética y moral. Esto se conoce mejor y más rápidamente a causa de los avances tecnológicos en la comunicación inmediata, aunque por desgracia haya cientos de criminales de la información, al divulgarla con intenciones aviesas, malvadas y corruptas. Todo esto también debe ser considerado como un efecto negativo ajeno a los criterios politiqueros y a calificaciones de izquierda o derecha, las cuales por su fanatismo significan por igual consecuencias de atrasos nacionales.
La próxima elección no podrá ser distinta si se mantiene la participación de candidatos eternos o autonombrados salvadores del país, además de las causas de la democracia de papel en la cual se convirtió el sistema político y constitucional aprobado el 31 de mayo de 1985 y vigente desde el 14 de enero de 1986. En esa última fecha no habían nacido el 98% de la totalidad y el 48% de los adultos, quienes han vivido toda su vida bajo un régimen de elecciones, sin golpes de Estado. Ante esto, también es urgente realizar los cambios necesarios para medir con exactitud los resultados porcentuales verdaderos, basados en el derecho de negarse siempre a participar, porque la votación debe ser voluntaria, uno de los elementos positivos de nuestro sistema electoral.
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