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Laura Martínez Quesada
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Costa Rica suele presentarse como un país comprometido con la protección de las personas más vulnerables. Sin embargo, la realidad que enfrenta el Hogar Buen Samaritano, en Alajuela, invita a reflexionar sobre las brechas que aún persisten entre el marco legal y la respuesta institucional. Este hogar atiende a más de cincuenta personas, principalmente adultos mayores en condición de abandono, habitantes de calle y personas con antecedentes de consumo de alcohol o drogas. Muchos llegan con enfermedades avanzadas, discapacidad, desnutrición o sin redes familiares, encontrando allí un espacio donde recuperan, al menos, parte de su dignidad.
La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley N.° 7935) reconoce el derecho de las personas adultas mayores a una vida digna y asigna al CONAPAM un papel relevante en la promoción y apoyo de programas destinados a esta población. Asimismo, el IMAS tiene el mandato de atender situaciones de pobreza extrema y exclusión social, mientras que el IAFA desarrolla acciones dirigidas a personas con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas. No obstante, cuando estas condiciones convergen en una misma persona, la respuesta institucional parece fragmentarse.
La experiencia de don Gerardo, de 76 años, ilustra esta realidad. Vivía en condiciones precarias, trabajaba cuidando vehículos, padecía un cáncer ocular y tenía serios problemas de movilidad. Al buscar un espacio para su atención, la respuesta de varios centros fue similar: cuotas económicas imposibles de asumir y la necesidad de contar con una referencia o aval de CONAPAM para acceder a los subsidios que permiten financiar la permanencia de los usuarios. En una consulta realizada al propio CONAPAM se indicó que existían miles de solicitudes pendientes. La pregunta es inevitable: ¿qué ocurre con quienes requieren atención inmediata?
El Hogar Buen Samaritano continúa funcionando gracias a la solidaridad de ciudadanos y empresas, mientras enfrenta elevados costos de alimentación, medicamentos, infraestructura y atención especializada. Más allá de señalar responsables, este caso evidencia la urgente necesidad de fortalecer la coordinación entre CONAPAM, IMAS, IAFA y demás instituciones públicas para que ninguna persona quede excluida por pertenecer a una población con múltiples factores de vulnerabilidad.
Una sociedad se mide por la forma en que trata a quienes ya no pueden defenderse solos. El Hogar Buen Samaritano demuestra diariamente que la solidaridad existe; ahora corresponde al Estado garantizar que esa solidaridad no sustituya permanentemente las obligaciones que la legislación costarricense reconoce en materia de protección social. Fortalecer estas alianzas no solo es una decisión administrativa: es un imperativo ético y un compromiso con la dignidad humana.
La entrada Hogar Buen Samaritano: cuando la solidaridad sustituye al Estado aparece primero en Semanario Universidad.
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