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Álvaro Murillo
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El Gobierno pretende ejecutar embargos de dinero o propiedades sin necesidad de orden judicial contra contribuyentes morosos, se lee en uno de los tres proyectos presentados por el Ministerio de Hacienda este jueves con la justificación de mejorar los ingresos tributarios del país.
El proyecto que reformaría el Código de Normas y Procedimientos Tributarios plantea permitir a la Administración Tributaria aplicar embargos preventivos con base en su propia certificación de deuda y eliminar la necesidad de una orden judicial, como ocurre en la actualidad.
“La Administración Tributaria podrá contar con instrumentos legales que le permitan agilizar y materializar el cobro de las deudas, comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados tributarios, así como adoptar medidas cautelares en los términos previstos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En igual sentido, conforme a las mejores prácticas, se le da a esta Oficina las facultades de decretar y ejecutar embargos”, dice el texto en la página 6.
Este proyecto tiene altas posibilidades de ser aprobado en la Asamblea Legislativa por la mayoría absoluta que goza el partido de Gobierno, con 31 diputados.
Para justificar el cambio, se señala que “el derecho de propiedad no es absoluto. En el constitucionalismo contemporáneo, la propiedad se encuentra sometida al interés público, a la función social y al deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. Por ello, las medidas de ejecución tributaria constituyen restricciones legítimas cuando persiguen fines públicos legítimos, son necesarias y resultan proporcionales”.
Aunque advierte que toda medida cautelar debe corresponderse con un debido proceso, la propuesta del Ministerio de Hacienda alega que ya “numerosos ordenamientos jurídicos han fortalecido las potestades de las administraciones tributarias para ejecutar créditos fiscales sin depender exclusivamente de procesos judiciales ordinarios”. Esto con el objetivo de procurar la sostenibilidad financiera del Estado y una recaudación de impuestos suficiente, además de combatir la evasión y buscar mecanismos más ágiles para recuperar recursos públicos, se lee en el documento.
La iniciativa es parte de las medidas fiscales que impulsa el Ejecutivo con el argumento de mejorar la recaudación, tras advertencias hechas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a pesar de la señalada “economía jaguar” que promueve el oficialismo.
“Se propone dotar a la Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda, de las facultades acordes con las nuevas tendencias tributarias internacionales, para dar solución apropiada para el sistema jurídicamente obsoleto de cobro actual, en el cual se torna ineficiente el cobro judicial”, añade el proyecto, según el cual la intervención de jueces sólo sería necesaria en casos de allanamientos o recursos posteriores al embargo.
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