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Maria Nuñez Chacón
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Los ingresos del Gobierno central, que pasaron de 15,69% del producto interno bruto (PIB) en el año 2021 al 14,42% en 2025, y medidas que sujetaron el gasto ponen en riesgo la educación, la seguridad, la infraestructura y los programas sociales, mientras tanto la deuda pública alcanzó la indeseable relación del 60,4% del PIB. Este balance muestra un panorama nada bueno para el país.
Un análisis desarrollado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA) sobre la situación fiscal del país, así como un informe presentado por la contralora general de la República, Marta Acosta, ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios resultaron con muchas coincidencias.
Fernando Rodríguez del OES-UNA dijo, en términos generales, que los ingresos del Gobierno caen desde hace cuatro años y en especial los tributarios, es decir, los que provienen del pago de impuestos. El deterioro fiscal significó una reducción del 15,69% del PIB en el 2021 a un 14,4% en 2025.
Mientras tanto, la contralora reveló que en el dictamen del proyecto de liquidación del presupuesto del 2025 se denota que los ingresos tributarios del Gobierno alcanzaron ₡6,6 billones con un leve crecimiento de 0,7% con respecto al 2024, convirtiéndose en la menor tasa de la última década, con excepción del año 2020 cuando se dio la pandemia. Si se toman los datos de la carga tributaria entre el año 2021 y el 2025, el porcentaje en relación con el PIB cayó de 13,80% en 2021 a 12,78% en 2025.
“Claramente, la estructura impositiva actual se desvincula de la productiva del país, lo que dificulta el financiamiento de las obligaciones de gasto que tiene el Estado. Ante esto se ha tenido que recurrir al endeudamiento en un contexto donde el presupuesto nacional aún muestra una dependencia estructural de este tipo de recursos”, indicó Marta Acosta ante los legisladores.
Los principales impuestos que han tenido una baja desde el año 2021 a 2026 (marzo) son los de ingresos y utilidades, los conocidos como renta, la cual pasó de 1,55% del PIB al 1,25%; el impuesto al valor agregado (IVA), del 1,21% al 1,15%, incluso este último había logrado en 2024 ubicarse en 1,24%; y el selectivo de consumo retrocedió al 0,12% que alcanzó hace cinco años, mientras que el año pasado era de 0,14%.
“En términos generales los ingresos tributarios están perdiendo espacio, lo que evidencia un debilitamiento en la capacidad recaudatoria del Estado y probablemente obligue, como hemos venido diciendo, a plantear reformas para recuperar el espacio en los próximos meses”, agregó Fernando Rodríguez.
Un gasto que desnuda sectores
Con menores ingresos en las arcas del Estado, la tendencia en materia gasto de recursos por parte del Gobierno ha inclinado la balanza hacia la reducción, sobre todo en actividades esenciales, que deberían verse como inversión para el desarrollo.
Aunque el pago de intereses de la deuda pública ha disminuido, el análisis del OES-UNA muestra que es muy probable que se deba a la baja en el tipo de cambio del dólar, porque una buena parte está en moneda extranjera, ya que las tasas de interés en el mercado no han reaccionado lo suficiente a la reducción de las tasas del Banco Central y si se analizan las tasas promedio de la deuda pública no ha habido disminución sostenida.
La contralora explicó que cuando se saca de la ecuación el pago de intereses de la deuda se aprecia cómo el gasto del 2025 se incrementó en un 1,4% del PIB, en relación con el 2024, en gran medida por las transferencias de capital que se realizaron al Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), así como remuneraciones en el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.
“Pese a esto, se disminuyó el gasto en transferencias corrientes en un 1,7%, la entidad con mayor disminución fue el Instituto Mixto de Ayuda Social, con el traslado de recursos al programa Avancemos, así como las que debían ser giradas a las juntas de educación y administrativas que hacen la distribución para los comedores escolares. Entonces, vemos cómo los desequilibrios presupuestarios acarrean repercusiones en los sectores más vulnerables”, alertó Acosta.
Rodríguez coincidió en que las medidas que se han tomado en términos presupuestarios se enfocan en la reducción del gasto donde los más afectados han sido las funciones de educación, protección social, orden público y seguridad, lo que plantea una disyuntiva para el país, entre alcanzar y mantener finanzas públicas sanas y la capacidad del gobierno para atender funciones claves para cohesión social.
Las restricciones continuarán
La deuda pública alcanzó el 60,4% del PIB en 2025 y la previsión es que se mantenga elevado durante lo que resta de este año, incluso podría empeorar, dependiendo de distintos factores.
Este paso arriba del umbral del 60% del PIB implica que se reactivan las mayores restricciones del gasto público de la Regla Fiscal para el próximo año, por lo tanto, habrá más contención, se vuelven a congelar los salarios y se reduce la posibilidad de crecer como país en términos de desarrollo social.
Precisamente, el Ministerio de Hacienda anunció el recorte de un 5% del presupuesto vigente para este año 2026 para los otros poderes de la República, con la justificación de procurar ahorrar dinero público y que para el año 2027 enviará a la Asamblea Legislativa reducciones adicionales.
Las instituciones afectadas serán la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, que incluirá a ministerios del Poder Ejecutivo, con la intención de reducir el gasto público y bajar la presión fiscal que ha sido señalada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a pesar de la bonanza económica de la que se ufanó al acabar su gobierno en mayo de este año.
Ante esta situación, los magistrados acordaron rebajar ₡13.242 millones de su presupuesto en 2026 y rechazar cualquier disminución en 2027, advirtiendo que ya esta medida tendrá impacto en el combate a la criminalidad, sobre todo en la disminución de operativos policiales, construcción de oficinas del OIJ en zonas rurales y servicios a poblaciones vulnerables. El TSE acordó realizar un recorte presupuestario de ₡6.825.210.800, lo cual representa una reducción del 10% de sus recursos, más del doble de lo solicitado por el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves.
La entrada Hacienda enfrenta la peor tasa de ingresos, una deuda por las nubes y abundancia en recortes aparece primero en Semanario Universidad.
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