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María Teresa Blanco, ABC Color
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El juicio que afronta el ex intendente de San Pedro de Ycuamandyyú Gustavo Rodríguez (ANR-HC), por un presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones, continuó con la declaración de la licenciada Raquel Bazán, especialista en el área contable y tributaria del Ministerio Público.
La profesional analizó el informe final de auditoría que hizo la Contraloría General de la República que derivó en una denuncia judicial y posterior intervención de la gestión de Gustavo Rodríguez (ANR-HC).
Lea más: Gustavo Rodríguez: Equipo interventor confirma descalabro administrativo en San Pedro de Ycuamandyyú
“Todas las conclusiones a las que llegué son idénticas a la totalidad realizada por la Contraloría General de la República”, indicó la perito Raquel Bazán.
Manifestó que analizó toda la base documental que consta en el juicio y confirmó que se emitieron cheques a nombre del intendente Gustavo Rodríguez y otros ordenadores de gastos que no tuvieron contraprestación para el municipio.
Su participación técnica en juicio fue crucial para explicar el movimiento de los cheques municipales, los balances de gestión y la falta de respaldo documental en las órdenes de pago que salieron durante los años investigados.
Lea más: Gustavo Rodríguez: Auditores de CGR confirman desprolijidades
La declaración de la perito del Ministerio Público vino a reforzar las declaraciones realizadas antes por los auditores de la Contraloría General de la República y por los miembros del equipo interventor, encabezado por Amancio Rivas, quienes confirmaron el descalabro administrativo que generó un presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones durante el 2021-2022.
Gustavo Rodríguez está acusado junto a Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).
Asimismo, José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).
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La profesional analizó el informe final de auditoría que hizo la Contraloría General de la República que derivó en una denuncia judicial y posterior intervención de la gestión de Gustavo Rodríguez (ANR-HC).
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“Todas las conclusiones a las que llegué son idénticas a la totalidad realizada por la Contraloría General de la República”, indicó la perito Raquel Bazán.
Manifestó que analizó toda la base documental que consta en el juicio y confirmó que se emitieron cheques a nombre del intendente Gustavo Rodríguez y otros ordenadores de gastos que no tuvieron contraprestación para el municipio.
Reforzó resultados contables
Su participación técnica en juicio fue crucial para explicar el movimiento de los cheques municipales, los balances de gestión y la falta de respaldo documental en las órdenes de pago que salieron durante los años investigados.
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La declaración de la perito del Ministerio Público vino a reforzar las declaraciones realizadas antes por los auditores de la Contraloría General de la República y por los miembros del equipo interventor, encabezado por Amancio Rivas, quienes confirmaron el descalabro administrativo que generó un presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones durante el 2021-2022.
Gustavo Rodríguez está acusado junto a Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).
Asimismo, José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).
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