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Guatemala entra en fase de reglamentación de la ley antilavado antes de evaluación internacional
El sector bancario espera la implementación de la ley antilavado antes de la evaluación del país por parte del Gafilat y el GAFI, mientras permanece a la expectativa de la posición del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Urias Gamarro
16 de junio de 2026
|
16:42h
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Susan Paola Rojas, asesora de la Escuela Bancaria de Guatemala, adscrita a la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), expone durante el foro “Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo: Impacto y Perspectivas para el Ecosistema Financiero de Guatemala”. (Foto Prensa Libre: Cortesía ABG)
Los actores que participan en la implementación de la ley antilavado en Guatemala están a la expectativa del proceso administrativo en curso para su entrada en vigor dentro del marco jurídico nacional.
Susan Paola Rojas, asesora de la Escuela Bancaria de Guatemala, adscrita a la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), explicó que la expectativa es que el país enfrenta uno de los retos más estratégicos e importantes: convertir la ley en una realidad mediante una implementación que demuestre el compromiso nacional y la existencia de los elementos necesarios para combatir de forma adecuada el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT).
Anticipó que, si bien el Congreso de la República aprobó la nueva ley el pasado 2 de junio, “todavía, obviamente, hay mucho que hacer para poder salir totalmente de esta sombra gris que nos pone una mala calificación del GAFI”.
Luego de la aprobación de la ley, corresponde el proceso de reglamentación para que, cuando los auditores del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) visiten Guatemala en febrero del 2027, el país cuente con una ley implementada y pueda evitar consecuencias adversas.
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Rojas participó este martes 16 de junio como expositora en el evento “Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo: Impacto y Perspectivas para el Ecosistema Financiero de Guatemala – Decreto 15-2026”, organizado por la ABG.
IVE prepara reglamento para nueva ley
En cuanto al proceso de reglamentación, Rojas enfatizó que se depende en gran medida del esfuerzo que se haga, primero, para la publicación oficial de la ley y para que transcurran los tres meses (90 días) antes de su entrada en vigor.
Posteriormente, también será determinante el trabajo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) para remitir al Ejecutivo un reglamento previamente consensuado, a fin de que pueda implementarse de la mejor manera y en el menor tiempo posible.
Subrayó que “todavía tenemos desafíos importantes al frente para que nosotros podamos dar por cumplido el propósito de poder estar fuera del riesgo de estar en una lista gris”.
Ley mantiene obligaciones para notarios
Rojas también abordó la postura institucional que adoptó la semana pasada el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala respecto de la ley.
Recordó que “algo que es muy importante tomar en consideración es que los notarios no son nuevos en cuanto a la regulación establecida para tomar medidas en contra del LDFT”.
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“Ellos —notarios— ya estaban incluidos en el reglamento de la ley contra el lavado de dinero desde el 2005 y sus obligaciones ya estaban planteadas desde la perspectiva de poder conocer a sus clientes y dar avisos en el caso de detectar operaciones inusuales”, recalcó.
De momento, explicó que desconoce cuál podría ser el proceder del Colegio de Abogados y Notarios. En todo caso, “esperaría que exista un análisis muy certero y cuidadoso con relación a cuáles serían los argumentos para presentar medidas legales y que ello no pudiera conllevar a tener que perder todo el trabajo que se haya realizado para el resto de la ley, sino muy probablemente para artículos específicos”.
En todo caso, será importante conocer los argumentos específicos que presente el Colegio de Abogados y Notarios.
Insistió en que, de todas formas, en la ley vigente ya tenían obligaciones establecidas para conocer a sus clientes y dar avisos en caso de detectar operaciones que les resulten inusuales.
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