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A contraluz
Guatecompras, bajo censura
Lejos de facilitar la transparencia, el gobierno de Arévalo obstaculiza la fiscalización.
Haroldo Shetemul
4 de septiembre de 2026
|
00:02h
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En más de una ocasión, el presidente Arévalo se había manifestado a favor de la gestión transparente y la eficiencia del gasto público porque, afirmaba, son aspectos imprescindibles del desarrollo nacional. En esa línea, Jonathan Menkos, cuando era diputado y luego ministro de Finanzas, también resaltaba la importancia de fortalecer la probidad, combatir la corrupción y prevenir delitos en las contrataciones públicas al identificar quién se beneficiaba de los fondos del Estado.
Las restricciones al acceso de información dificultan la vigilancia ciudadana del gasto público.
Pero las palabras se las lleva el viento. Desde el 21 de julio pasado, el portal Guatecompras pasó de ser un espacio que ofrecía la posibilidad de fiscalizar las contrataciones del Estado a ser un sitio censurado. Paradójicamente, el gobierno de la integridad impuso filtros que dificultan seguir el rastro de los proveedores, oferentes, representantes legales, contratos y adjudicaciones. Las preguntas obligadas son ¿por qué limitan el acceso a la información pública? ¿Tiene que ver la censura a la cercanía del año electoral? ¿A qué intereses sirve esta disposición que contradice la política del gobierno?
Según el Ministerio de Finanzas, se trata de un “ajuste” porque la plataforma exponía datos de personas que no eran contratistas ni proveedores y había recibido quejas por eso. Es obvio que proteger a las personas es una obligación real, pero eso, desde ningún punto de vista, significa restringir, de manera generalizada, la documentación para verificar el uso de los recursos públicos. Si una funcionalidad del sistema permitía vulnerabilidades, se hubiera corregido de manera específica, pero nunca eliminar el acceso a datos de relevancia pública. Finanzas miente cuando dice que se optimizó el sistema porque en realidad lo que hizo fue suprimir el acceso público.
El problema no es solo tecnológico, porque trasciende al campo político. Se está limitando el acceso a la información y eso afecta la capacidad de los ciudadanos para supervisar el gasto público y, por ende, vigilar el poder. Arévalo fue ungido por la población porque ofreció transparencia para combatir la corrupción. Hoy, el gobierno de la nueva primavera muestra su cara más opaca porque la censura a Guatecompras facilitará la corrupción en las contrataciones del Estado.
Es importante subrayar que la rendición de cuentas no es solo un discurso para conseguir votos, sino que se debe ejercer en la práctica. Por eso preocupa la desaparición del Sistema Informático de Gestión (Siges), en Guatecompras, porque era una herramienta que permitía reconstruir la historia de la obra pública. Por ejemplo, se podía seguir el rastro de las contrataciones, identificar las ofertas, representantes legales, detectar patrones de adjudicación y establecer vínculos incómodos. Se podían consultar modificaciones, ampliaciones y prórrogas contractuales. También se podía verificar si un proyecto adjudicado por un determinado monto y plazo terminaba costando más o ejecutándose durante más tiempo. Además, era posible conocer quién había autorizado el cambio y bajó qué concepto lo había justificado.
Ahora eso se acabó. El Ministerio de Finanzas cerró la posibilidad de la fiscalización ciudadana y eso, a la larga, puede fomentar un mayor nivel de corrupción. Es momento de que el presidente Arévalo recapacite si este va a ser su legado. Nunca la modernización de un sistema significa dificultar el acceso a la información pública. La única opción es que Guatecompras y Siges vuelvan a permitir el acceso sin restricciones, porque, de lo contrario, se debilita la rendición de cuentas y se abre la puerta a la opacidad en las contrataciones del Estado.
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