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Giovanna Alvear
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El Ejército Ecuatoriano ejecutó dos operaciones contra la minería ilegal en distintas zonas del país. Las intervenciones se desarrollaron en el cantón Méndez, en Morona Santiago, y en la provincia de Imbabura. Las acciones contaron con apoyo de otras instituciones del Estado y se enfocaron en desarticular estructuras que afectan los recursos públicos.
Los militares intervinieron sectores identificados por actividades ilícitas. En ambos casos, el personal ubicó maquinaria, equipos e insumos vinculados a la extracción ilegal de minerales. Las autoridades detallaron los resultados y el impacto económico que provocaron estos operativos en las organizaciones intervenidas.
El Ejército ejecutó una operación en los sectores Kimus y Patuca, en el cantón Méndez. Durante la intervención, los uniformados destruyeron cuatro campamentos e inhabilitaron maquinaria utilizada para la minería ilegal.
Entre los equipos afectados constan una excavadora y dos clasificadoras tipo Z. Además, los militares inutilizaron 380 galones de diésel, una bomba inyectora de grasa y 11 motores de succión industrial. También registraron dos bombas de succión, 400 metros de manguera de cinco pulgadas, seis dragas, 40 galones de gasolina y dos canalones para draga.
Las autoridades estimaron que esta operación provocó una afectación cercana a los 200 000 dólares a las estructuras dedicadas a estas actividades ilícitas.
En la provincia de Imbabura, el Ejército intervino la parroquia La Merced, en la vía El Porvenir. Los militares realizaron un registro del sector tras detectar actividades ilegales que afectan los recursos del Estado.
Durante el operativo, el personal decomisó una carabina y 34 cartuchos de diferentes calibres. También encontró 10 galones de gasolina, tres rollos de manguera negra y cinco metros de plástico. A esto se suman 500 sacos de yute negros, tres sacos con material aurífero y un polipasto eléctrico.
Esta acción generó un debilitamiento económico aproximado de 1 300 dólares para las estructuras vinculadas a la minería ilegal. El Ejército reiteró que mantendrá operaciones permanentes para combatir economías ilícitas, fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad ciudadana.
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Los militares intervinieron sectores identificados por actividades ilícitas. En ambos casos, el personal ubicó maquinaria, equipos e insumos vinculados a la extracción ilegal de minerales. Las autoridades detallaron los resultados y el impacto económico que provocaron estos operativos en las organizaciones intervenidas.
Operativo en Morona Santiago deja fuerte afectación económica
El Ejército ejecutó una operación en los sectores Kimus y Patuca, en el cantón Méndez. Durante la intervención, los uniformados destruyeron cuatro campamentos e inhabilitaron maquinaria utilizada para la minería ilegal.
Entre los equipos afectados constan una excavadora y dos clasificadoras tipo Z. Además, los militares inutilizaron 380 galones de diésel, una bomba inyectora de grasa y 11 motores de succión industrial. También registraron dos bombas de succión, 400 metros de manguera de cinco pulgadas, seis dragas, 40 galones de gasolina y dos canalones para draga.
Las autoridades estimaron que esta operación provocó una afectación cercana a los 200 000 dólares a las estructuras dedicadas a estas actividades ilícitas.
Intervención en Imbabura detecta indicios y decomisos
En la provincia de Imbabura, el Ejército intervino la parroquia La Merced, en la vía El Porvenir. Los militares realizaron un registro del sector tras detectar actividades ilegales que afectan los recursos del Estado.
Durante el operativo, el personal decomisó una carabina y 34 cartuchos de diferentes calibres. También encontró 10 galones de gasolina, tres rollos de manguera negra y cinco metros de plástico. A esto se suman 500 sacos de yute negros, tres sacos con material aurífero y un polipasto eléctrico.
Esta acción generó un debilitamiento económico aproximado de 1 300 dólares para las estructuras vinculadas a la minería ilegal. El Ejército reiteró que mantendrá operaciones permanentes para combatir economías ilícitas, fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad ciudadana.
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