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Mario Bermúdez Vives
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La negociación para procurar una votación del proyecto legislativo sobre Crucitas se atascó, pero las jefaturas de fracción coincidieron en que se podría tener un acuerdo sobre ajustes al texto para la próxima semana.
El Gobierno insiste en priorizar el proyecto 24.717, que legaliza la minería a cielo abierto como parte de la estrategia para combatir la extracción ilegal de oro en la zona, que será el plato fuerte para las dos semanas restantes de sesiones extraordinarias, en las que maneja la agenda parlamentaria.
Eso se evidenció en la reunión de jefaturas de fracción de este jueves 16 de julio, cuando la presidenta legislativa Yara Jiménez pidió a los jerarcas de las bancadas ver la ruta de los acuerdos para sacar el tema y «poder tomar una decisión».
El Gobierno tiene la mayoría para aprobar el proyecto de ley, pero enfrenta el obstáculo de 654 mociones que le fueron presentadas en el último día para presentar propuestas de cambio. Ante esto, la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) ha impulsado una negociación, para que la oposición identifique las mociones que considera prioritarias, y valorar la posibilidad de aprobar un texto de consenso, a cambio de retirar el resto de mociones.
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), consideró que la ruta está en marcha, a pesar de que en principio se debía realizar la definición del texto definitivo en esta semana. «Entiendo que la revisión de las mociones (de los diputados de oposición) estará este viernes, para tener la retroalimentación del Gobierno, y a partir de ahí, revisar el texto que incorporaría los cambios la próxima semana», expresó.
También Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), indicó que la pelota estaba en la cancha del oficialismo, al estar a la espera de la retroalimentación sobre las mociones prioritarias. «Esperamos que el espacio que íbamos a tener esta semana, lo tengamos la próxima, no lo hemos podido tener por no tener la retroalimentación», indicó.
Ante esto, el jefe de fracción del PPSO, atribuyó el atraso a incumplimientos del Frente Amplio (FA). «Hemos estado avanzando bastante, pero a diferencia del PLN, el PUSC y la CAC, el FA presentó relativamente tarde las mociones. No queríamos realizar respuestas únicas a cada fracción, porque podrían aparecer mociones de diferentes fracciones que no coincidan, pero nos comprometemos a tener el texto este viernes», dijo.
Por su parte José María Villalta, jefe de fracción del FA, admitió que remitieron la lista de las mociones recién este miércoles, pero resaltó que el cumplimiento de los acuerdos pasaba por la convocatoria del proyecto 23.952, que califica como delito de crimen organizado la minería ilegal. Esto se presentó recién el miércoles, con lo que el FA anunció, ese día, el retiro de 65 mociones.
Precisamente Villalta solicitó los oficios del oficialismo para aprobar de forma expedita este proyecto, que estaría listo para el primer debate. Acosta indicó que el proyecto estaba en el lugar 10 de una agenda corta, pero que se requería analizar si debían plantearse algunos cambios en su versión final.
De esta manera, para la próxima semana se debería tener la definición de los ajustes que el oficialismo accede a incorporar, para buscar la eliminación de un mayor grupo de mociones. Acosta declaró que esta revisión permitiría tener la versión definitiva de cómo quedaría el texto.
Gobierno quiere también protección marina
Sin embargo, no es la única prioridad del Gobierno, que también en esa sesión de jefaturas de fracción acudió con varios jerarcas para solicitar la aprobación «lo mas pronto posible» del proyecto 25.420, la ley de Protección Marina, presentado el 26 de febrero por el entonces diputado Alexander Barrantes, del anterior partido chavista, Progreso Social Democrático (PSD).
A la sesión de jerarcas legislativos se presentaron el ministro costas y mares Carlos Andrés Robles, el ministro de Transportes Efraím Zeledón y su viceministro Pablo Camacho; la viceministra de Comercio Exterior, Ariana Arce; y el viceministro de Seguridad, Nelson Barquero, para solicitar a los diputados un trámite prioritario.
El proyecto impulsa la creación legal del Comité de Protección Marina, la concentración de disposiciones dispersas en materia de protección a los puertos y seguridad marina, y un régimen sancionatorio. «Ya hay un decreto ejecutivo y cerca de 35 directrices, pero es importante tener firmeza de ley para disposiciones de buenas prácticas que se requieren ante obligaciones internacionales», explicó Camacho.
Por su parte, Barquero alegó que la normativa se requiere para enfrentar el flagelo del narcotráfico en los puertos, mientras Arce afirmó que se trata de una necesidad en materia de competitividad del país.
Y aunque Jiménez procuró limitar la posibilidad de un debate sobre el tema, Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), consultó sobre posibles diferencias con el pago del canon para financiar el proyecto. Dobles se le sumó a esa inquietud, tema en el cual Zeledón indicó que el MOPT estaría dispuesto a asumir el costo total, por cerca de ₡2 mil millones.
Y con respecto a la urgencia, Villalta consultó la razón de la premura en su aprobación y si existía algún plazo que presionara al Estado, ante lo que Zeledón indicó que lo importante es «que se apruebe lo antes posible».
En este punto, tanto Acosta como Jiménez intentaron presionar a los jefes de fracción para que asumieran un compromiso de darle trámite prioritario a este expediente, pero todos coincidieron en que sería «parte de la negociación que se requiere en la Asamblea».
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