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Daniela Muñoz Solano
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El gobierno de la República junto con la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano calificaron la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar los nombramientos de los magistrados suplentes como un “golpe de estado” y anunciaron que el próximo lunes presentarán ante la secretaría de la Corte Plena una denuncia por prevaricato.
Ayer jueves 30 de julio, el tribunal constitucional informó qué prorrogaría los nombramientos de los magistrados suplentes de esa misma cámara, que vencieron el 16 de diciembre de 2025, “mientras la Asamblea Legislativa no elija a las nueve magistraturas suplentes de este Tribunal que corresponden a la nómina remitida por la Corte Plena el 15 de octubre de 2025”.
Esta resolución fue la respuesta de la sala a un recurso de amparo que alega que la no elección de magistrados suplentes vulnera el derecho de todos los ciudadanos de tener acceso a la justicia pues paraliza el tribunal.
Cabe recordar que desde del año pasado la asamblea tiene en su poder una nómina de candidatos seleccionados que cumplen todos los requisitos establecidos por la ley y de la cual debe elegir magistraturas suplentes.
No obstante durante el período pasado legislativo los diputados oficialistas bloquearon la posibilidad de tomar esta decisión, aparentemente porque deseaban que la misma fuera determinada por una Asamblea Legislativa de la que tuvieran mayoría, pero ahora que la tienen continúan obstruyendo el proceso de nombramiento porque no les satisfacen los candidatos en la nómina.
Durante este año en dos ocasiones los oficialistas han decidido devolver a la Corte Plena esa lista pero en ninguna de las dos ocasiones lo han justificado apropiadamente, por lo que la lista fue de vuelta ya una vez al plenario legislativo.
Ahora, con la decisión del tribunal constitucional, se anuló el segundo intento de devolver la nómina a la Corte Plena y se prorrogaron los nombramientos de magistrado suplentes para evitar la paralización de la sala.
En respuesta, la presidenta de la República, Laura Fernández, dijo que se trata de un “golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados”.
“No podemos aceptar que se violente de manera categórica el principio de división de poderes fundamental en un sistema democrático y de derecho”, dijo.
La mandataria alegó que el tribunal constitucional violenta lo establecido en varios artículos de la carta Magna y aseguró que “los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorgan poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos internacionales le han dado a la sala constitucional”.
“El pueblo de Costa Rica debe defender valerosamente la constitución política y el Estado de Derecho hoy fracturado por cuatro magistrados golpistas y todos sus cómplices, que lo único que pretenden es proteger los intereses de unos pocos en detrimento de todo el pueblo costarricense”, continuó.
El jefe de fracción oficialista Nogui Acosta agregó que el poder judicial “está siendo consecuente con la defensa de los valores más antidemocráticos que el pueblo costarricense ha visto” y la presidenta legislativa Yara Jiménez añadió que ese poder de la república “está destruyendo aún más la pobre imagen que tiene hoy”.
Por eso, anunció que el próximo lunes presentarán una querella por prevaricato contra “los magistrados golpistas Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García ante la Secretaría de la Corte Plena”.
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