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Álvaro Murillo
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Algo poco frecuente ocurrió este miércoles en el juego de poderes en este cuatrienio: una coincidencia entre el Gobierno de Rodrigo Chaves y la posición del fiscal general, Carlo Díaz.
El motivo de tan extraña coincidencia es la posibilidad o no de extraditar a Estados Unidos al empresario limonense Gilberth Bell, alias “Macho Coca”, requerido por narcotráfico por parte de autoridades estadounidenses.
La similitud de criterios entre el Ejecutivo y Díaz obedece a la insistencia de ambas partes en que el sospechoso sí es susceptible de la extradición a pesar de que un juez rechazó de enviarlo a Estados Unidos con el argumento de que los hechos que se le imputan habrían ocurrido antes de que fuera legal el mecanismo de extradición de costarricenses, aprobado en 2025 por la Asamblea Legislativa.
El caso lo incluyó la Presidencia en la sección que llaman “pifias judiciales”, dentro del programa de noticias gubernamentales que cada miércoles presenta el presidente Rodrigo Chaves. Ahí se escuchó hoy la voz de la diputada Pilar Cisneros criticando al Poder Judicial por no aceptar la extradición, apoyada por comentarios del abogado Juan Diego Castro, uno de los asesores ad honorem designados por la presidenta electa, Laura Fernández, para analizar reformas judiciales.
“La Corte deberá responder quién es este juez, si fue que le tocó la tómbola por casualidad o le echaron semejante brasa en sus manos”, dijo Castro en relación con el juez del Tribunal Penal de Limón, donde se determinó que la extradición no procedía en este caso como sí procede con el exmagistrado Celso Gamboa, también requerido por Estados Unidos como sospechoso de narcotráfico.
Carlo Díaz dijo desde el martes que la Fiscalía apelará la resolución del juez. “No compartimos el argumento del Tribunal; consideramos que se deben aplicar las normas en las que se basa la solicitud de extradición, por tratarse de normas de cooperación internacional», expresó mediante un comunicado de prensa.
En Costa Rica, ‘Macho Coca’ es imputado en una causa a cargo de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que lo detuvo en diciembre de 2024 en un operativo con 38 allanamientos, por presunto robo de combustible. El sospechoso cumple una medida de prisión preventiva que se vence en abril, aunque la Fiscalía ya anunció que pedirá prórroga.
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