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Maria Nuñez Chacón
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El Consejo de Gobierno designó nuevamente como representante del Estado en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a Edgar Villalobos Brenes, quien es abogado y ha laborado en el bufete especializado en propiedad intelectual Divimark S.A.
Así lo confirmó a UNIVERSIDAD la oficina de Comunicación de la CCSS, y su período de nombramiento rige hasta el 31 de mayo del 2030, y acompañará en la representación estatal a Mónica Taylor Hernández, quien funge como presidenta ejecutiva de la Institución y a Anabelle Eugenia Chaves Soto.
Además, hasta el momento han nombrado representante del movimiento cooperativista a Martín Robles Robles y del solidarista a Vianey Lorena Hernández Li, quienes fueron reelegidos por el Consejo de Gobierno.
El nombramiento de Hernández ha generado controversia, dado que la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol) eligió en una Asamblea el pasado 10 de junio a la señora Vilma Zúñiga, pero el Consejo de Gobierno decidió poner en la junta directiva a Hernández.
Aunque esta situación no es nueva, dado que, en el 2024, las asociaciones solidaristas afiliadas a la Confederación también eligieron a Zúñiga para ocupar ese puesto; no obstante, el Ejecutivo juramentó en su lugar a Vianey Hernández, quien entonces representaba a la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Fecaspri).
Puestos siguen sin nombrarse
En una práctica que ya se ha hecho habitual, el Consejo decidió rechazar a la exdiputada Rocío Alfaro, quien fuera elegida en Asamblea por los sindicatos para representarlos en la junta directiva de la Caja, así como la designación de su suplente, la exdirectiva Martha Rodríguez.
La argumentación para rechazar el nombramiento fue que “no cumple el requisito legal de competencia en materias económico-sociales y honorabilidad, previstos en los artículos 6 y 7 inciso a), algo que tampoco cumplen representantes de otros sectores.
Además, argumentaron que la exdiputada incumple lo establecido en el artículo 11 de la Ley Constitutiva de la CCSS, que prohíbe a los miembros de la Junta Directiva y a los gerentes participar activamente en asuntos de política electoral. También señalaron un potencial conflicto de interés debido a su parentesco con dos funcionarios del Hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés.
El sector sindical ha catalogado esa acción del Consejo de Gobierno como “completamente antijurídica” y una “falta de respeto a la autonomía sindical”, aunque no les tomó por sorpresa.
En cuanto al representante del sector patronal, la propuesta de representantes de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) también fue rechazada por el Consejo de Gobierno, asegurando que no cumplían con los requisitos, pero ha trascendido extraoficialmente que se debía al incumplimiento con la equidad de género.
El pasado 15 de julio, la Uccaep envió una nueva terna, en la que incluyó al médico Juri Navarro, así como de los abogados Eduardo Rodríguez y Reynaldo Matamoros.
La última sesión registrada de la junta directiva corresponde a la Sesión N.º 9607 (funcionario de Hecho – Ordinaria), celebrada el 21 de mayo de 2026, es decir, lleva casi dos meses sin que se reúna el órgano, en medio de la urgencia de atender temas de gran relevancia relacionados con infraestructura, pensiones, deuda del Estado, estados financieros, ERP y listas de espera continúan sin ser debatidos en el máximo órgano de la CCSS.
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