F
Fabiola Pomareda García
Guest
El ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Guillermo Carazo, anunció que se planea realizar uno o dos proyectos “piloto” de intervenciones in situ de asentamientos informales en cada provincia este año y el año entrante.
Esto implicaría transformar, dotar de servicios y titularizar un asentamiento precario en su mismo lugar de origen, sin desplazar ni reubicar a las familias que viven allí. Esto se podría hacer en aquellos asentamientos que cumplen con la normativa urbana, mientras que visualizan otras opciones para los restantes, aclaró Carazo.
El jerarca se refirió al tema durante la presentación del VI Informe “Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025: Ciudad, Vivienda y Asentamientos informales”, realizada ayer jueves.
El estudio fue elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), el Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la organización Gestionando Hábitat.
El Registro Nacional de Asentamientos Informales actualizado reporta 232.600 personas en 70.692 viviendas ubicadas en 572 asentamientos informales, según el informe.
Estos asentamientos están distribuidos en 64 cantones y 164 distritos, y cerca de la mitad de ellos está dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) y la mitad fuera de ella, indica el informe.
La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado 170 asentamientos (30%) con potencial afectación por inundación.
Con respecto a qué tan poblados están, el informe expone que el 47,4% tiene menos de 50 hogares y concentra apenas 10% de la población registrada, mientras que 13 macro asentamientos de más de 500 hogares agrupan el 21% de la población.
“Atender los asentamientos existentes resuelve solo una parte del problema: mientras persistan las barreras estructurales de acceso al suelo y a la vivienda formal la política pública corre el riesgo de seguir interviniendo sobre las manifestaciones de la informalidad sin modificar las condiciones que la siguen produciendo”, enfatizó el informe.
“Atender la informalidad residencial exige pasar del registro al seguimiento, y de respuestas sectoriales fragmentadas a estrategias articuladas que actúen tanto sobre sus manifestaciones como sobre sus causas estructurales”, agregó.
Si bien las cifras muestran un salto frente al conteo anterior de asentamientos, los investigadores atribuyen esto principalmente a una mejora metodológica y no a un crecimiento real del fenómeno.
Franklin Solano, sociólogo e integrante del grupo coordinador del informe, explicó que la Dirección de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) realizó un trabajo detallado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), y que se ha puntualizado mejor la realidad de estos asentamientos y los datos
Asimismo, Solano resaltó que la intervención de estos sitios “requiere salirse de la caja”, “entender la lógica de los asentamientos” y comprender que “regularizar la tenencia de la tierra no significa que se arreglaron los problemas de infraestructura o salud” que persisten en estos sitios. Lo principal es evitar que sigan desarrollándose y creciendo, añadió.
Proyectos piloto de intervenciones «in situ»
De acuerdo con el informe, la prioridad de la actual administración es “atender asentamientos precarios mediante estrategias diferenciadas como reubicación en zonas de riesgo, intervención in situ en asentamientos consolidados (el caso más avanzado es La Carpio, en proceso de licitación) y regularización individualizada de servicios”.
El ministro Guillermo Carazo dijo que quieren dirigir una intervención directa en los asentamientos informales.
“La cantidad de asentamientos informales no ha crecido; es la misma cantidad de asentamientos informales en más de una década. Lo que necesitamos es una reingeniería”, afirmó Carazo.
“Hemos hecho proyectos cercanos a un asentamiento informal para pasar a las personas que viven en ese asentamiento informal y se pasen al nuevo proyecto. Resultado no contabilizado: otras familias vuelven a invadir el asentamiento informal y se mantiene el mismo asentamiento informal”, explicó el jerarca, por eso ahora se propone una intervención distinta: hacer la intervención cercana a los asentamientos informales, preferiblemente in situ.
Según Carazo, muchos de esos asentamientos sí podrían cumplir la normativa urbana, son candidatos a recibir un bono comunal para servicios de infraestructura (calles, agua potable, servicio sanitario y pluvial), y eso generaría una titulación de bonos individuales, donde se podrían dar bono de adulto mayor, bono artículo 59, bono RAMT (Reparación, Ampliación, Mejoras y Terminación), bono crédito y si algunas personas ya tienen muchos años de vivir allí y tienen casas buenas puede que no necesiten ni siquiera un bono.
El ministro señaló que, en el caso de otros asentamientos informales que no cumplen normativa urbana se podrían intervenir de otra forma, por ejemplo, generando un proyecto de vivienda de interés social cercano y pasar allí a un número de familias, demoler el asentamiento original y luego construir vivienda allí.
LEA TAMBIÉN
Familias de ingresos más bajos reciben ahora menos bonos de vivienda que en años anteriores, según informe
Mientras entre 2013 y 2019 las familias del estrato 1 recibían en promedio un 70,5% de los bonos, ese porcentaje bajó a 57% entre 2020 y 2025, expone informe.
LEA TAMBIÉN
El 40,3% de las familias vive en casas dañadas, viejas o que requieren mejoras urgentes
El sector vivienda enfrenta un entorno complicado por la desaceleración económica, el deterioro fiscal, mayores costos de construcción y un mercado laboral débil.
La entrada Gobierno realizará intervenciones “in situ” de asentamientos informales como proyectos piloto en todo el país aparece primero en Semanario Universidad.
Sigue leyendo...