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Adair Mendez
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El Gobierno de Laura Fernández presentó este martes 25 de agosto el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2027-2030, denominado “Braulio Carrillo”, con ocho metas nacionales que deberán orientar las políticas públicas durante los próximos cuatro años. Entre los objetivos establecidos están reducir la pobreza de 15,2% a 14,4%, elevar la escolaridad neta en educación diversificada de 60% a 76% y disminuir la tasa de homicidios dolosos de 16,8 a 15,3 por cada 100.000 habitantes, este último dato no toma en cuenta la baja en la tasa de homicidios anunciada por el OIJ productos de los fuertes golpes al narcotráfico que levantan su labor dentro de la opinión pública.
El documento fue presentado por Fernández junto con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), institución encargada de coordinar la planificación nacional. El ministerio señala que el PNDIP funciona como el marco que orienta las políticas del Gobierno durante un periodo de cuatro años.
La mandataria afirmó que el plan fue concluido antes de la formulación del Presupuesto Nacional de 2027, con el propósito de vincular las metas gubernamentales con la asignación de recursos públicos.
“Este plan está listo desde agosto, por primera vez en la historia de Costa Rica, antes de que se formule el Presupuesto Nacional del año 2027, vamos a empezar a utilizarlo desde ya, señaló ”.
El documento establece como primera meta alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real de 3,9% para 2030. La línea base utilizada por el Gobierno corresponde al 4,6% registrado en 2025.
La segunda meta se concentra en la competitividad. El Ejecutivo plantea elevar el Índice de Competitividad Nacional de 56,2 puntos en 2025 a 61,2 puntos en 2030.
En materia social, el plan propone llevar la proporción de hogares en pobreza por línea de ingresos de 15,2% a 14,4%. También establece una reducción del desempleo abierto, que pasaría de 6,7% en 2025 a 6,2% en 2030.
El Gobierno incluyó además una meta relacionada con la desigualdad. El coeficiente de Gini, utilizado para medir la distribución del ingreso, deberá pasar de 0,495 a 0,491 durante el periodo de vigencia del plan.
Uno de los cambios porcentuales más amplios se encuentra en educación. El Ejecutivo pretende aumentar la escolaridad neta en educación diversificada del 60% al 76% para 2030.
Reducción de homicidios
En seguridad ciudadana, la meta consiste en reducir la tasa de homicidios dolosos de 16,8 a 15,3 por cada 100.000 habitantes.
Este dato propuesto deja de lado que la reducción de asesinatos está vinculada a la labor Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que recientemente anunció que pretende culminar este 2026 con menos de 800 homicidios, producto de un planteamiento enfocado en dar golpes importantes al narcotráfico. Es el tráfico de drogas el responsable de la mayoría de los 873 asesinatos ocurridos en 2025.
Costa Rica muestra una disminución en los últimos tres años de crímenes, al pasar de 905 homicidios en 2023 a una proyección de menos de 800 casos en este año.
La octava meta corresponde a la descarbonización. El indicador utilizado es la razón de emisiones de dióxido de carbono respecto al PIB, que deberá disminuir de 0,293 a 0,180.
Durante la presentación, Fernández sostuvo que el plan busca convertir los compromisos políticos del Gobierno en objetivos que puedan ser medidos y evaluados.
“En nuestro país, como una democracia madura, robusta y ejemplar para el resto del hemisferio, la promesa de campaña, esa que se traduce en el plan de gobierno y que es validada de manera directa por el soberano en las urnas, esa promesa democrática que yo con mis propias manos redacté en lo que fue mi plan de gobierno y con el que fui a la campaña política y con el que gané la elección en febrero pasado, esa promesa política hoy se convierte en un instrumento materializable de planes, programas, proyectos y orientación de toda la política pública nacional”, manifestó.
La presidenta también advirtió a las jerarquías de las instituciones públicas que el cumplimiento de las metas será objeto de seguimiento durante el periodo de Gobierno.
Fernández explicó que el nombre “Braulio Carrillo” busca hacer referencia al expresidente costarricense, a quien atribuyó un papel central en la construcción de la institucionalidad del país.
El plan también pretende que las prioridades definidas por el Gobierno tengan correspondencia con la programación presupuestaria. Fernández destacó que esta vinculación comenzará con el presupuesto correspondiente a 2027.
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