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Shirley Ibañez
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El Gobierno anunció que adoptará una posición racional, técnica y responsable frente a los contratos de litio ya firmados por el Estado boliviano con empresas internacionales, subrayando que uno de los principales desafíos del país es recuperar la confianza y la reputación internacional para volver a atraer inversión extranjera.
Medinaceli fue categórico al señalar que la recuperación de la confianza pasa, necesariamente, por el respeto a los contratos firmados y la capacidad del Estado de alcanzar acuerdos equilibrados.
“No importa si estos contratos se firmaron con algún país, no importa; es necesario devolver la confianza del país a la comunidad internacional, que en Bolivia, si se firmaron contratos antes o se firmarán en el futuro, se respetarán estos contratos y se llegará a acuerdos para que ambas partes ganen”, enfatizó.
Esta posición coincide con los análisis expuestos por el abogado corporativo y experto en arbitraje internacional Ernesto Rossell, quien ha advertido que una anulación unilateral de contratos firmados con empresas chinas o rusas implicaría una señal de discontinuidad regulatoria, encarecería el costo del capital y dificultaría la llegada de nuevos inversionistas.
A su vez, el consultor internacional Andrés Brockmann ha señalado que romper los contratos actuales supondría perder tiempo crítico en una ventana de oportunidad global para el litio, obligando al país a iniciar procesos licitatorios largos y costosos, con alto riesgo de quedar rezagado frente a competidores regionales.
Revisión con diálogo y sin paralización
Desde el ámbito social y regional, el presidente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), Alberto Pérez, ha reiterado que Potosí no se opone de manera automática a los contratos firmados, sino que exige que estos se enmarquen en una Ley del Litio consensuada, con participación de los actores locales.
Esta convergencia de posiciones —técnicas, políticas y sociales— apunta a un escenario en el que el Estado boliviano priorice la revisión y mejora de los contratos existentes, incorporando mecanismos de gobernanza, transparencia y participación regional, sin recurrir a decisiones abruptas que paralicen los proyectos estratégicos.
Lea más: Analistas plantean que Bolivia debe mantener los contratos de litio
Señales al mercado y al futuro
Finalmente, Medinaceli confirmó que el Gobierno ya ha sostenido reuniones con empresas internacionales interesadas en el litio y que el mensaje transmitido ha sido claro: evitar fricciones innecesarias y construir relaciones de largo plazo.
“Se les dio la confianza de que todo esto es deseo de nuestro Gobierno y de nuestro presidente, de llegar a buen término para que no se generen más fricciones en el futuro”, concluyó.
Con estas definiciones, el Ejecutivo busca enviar una señal inequívoca a la comunidad internacional: Bolivia aspira a ser un socio confiable, capaz de defender su soberanía sobre los recursos naturales, pero también de cumplir contratos, generar certidumbre y atraer inversiones que impulsen su desarrollo energético e industrial.
Medinaceli reiteró que el análisis de los contratos debe realizarse con una mirada integral, considerando no solo el desempeño específico de los proyectos, sino también el impacto que las decisiones del Estado tienen sobre la imagen de Bolivia ante los mercados internacionales.
“Aquí el desafío no es solamente el litio, sino todo el sector energético: es recuperar la confianza y la reputación de Bolivia como un país atractivo para la inversión”, sostuvo la autoridad.
Explicó que el Estado evaluará la situación actual de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), particularmente los resultados negativos del modelo de piscinas de evaporación, pero aclaró que este proceso no implica una ruptura automática de los compromisos asumidos con socios internacionales.
“Hay que hacer una evaluación y en este momento la YLB presenta números negativos (…) Hay compromisos que el gobierno los tiene que analizar con otros países, con empresas internacionales”, indicó.
Cambio de narrativa
El ministro reconoció que Bolivia arrastra una carga simbólica negativa en el imaginario internacional, producto de episodios pasados que afectaron seriamente la percepción de seguridad jurídica del país.
“¿Contra qué estamos peleando? Hace 19 años circularon dos fotografías: una del presidente de Repsol preso tras las rejas y otra con militares en un campo de gas después de la nacionalización. Eso es lo que tenemos que cambiar”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que Bolivia compite con otros países para atraer capitales y que hoy no es una prioridad automática para la inversión extranjera, por lo que cada señal que emite el Estado es cuidadosamente evaluada por las casas matrices de las empresas internacionales.
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Medinaceli fue categórico al señalar que la recuperación de la confianza pasa, necesariamente, por el respeto a los contratos firmados y la capacidad del Estado de alcanzar acuerdos equilibrados.
“No importa si estos contratos se firmaron con algún país, no importa; es necesario devolver la confianza del país a la comunidad internacional, que en Bolivia, si se firmaron contratos antes o se firmarán en el futuro, se respetarán estos contratos y se llegará a acuerdos para que ambas partes ganen”, enfatizó.
Esta posición coincide con los análisis expuestos por el abogado corporativo y experto en arbitraje internacional Ernesto Rossell, quien ha advertido que una anulación unilateral de contratos firmados con empresas chinas o rusas implicaría una señal de discontinuidad regulatoria, encarecería el costo del capital y dificultaría la llegada de nuevos inversionistas.
A su vez, el consultor internacional Andrés Brockmann ha señalado que romper los contratos actuales supondría perder tiempo crítico en una ventana de oportunidad global para el litio, obligando al país a iniciar procesos licitatorios largos y costosos, con alto riesgo de quedar rezagado frente a competidores regionales.
Revisión con diálogo y sin paralización
Desde el ámbito social y regional, el presidente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), Alberto Pérez, ha reiterado que Potosí no se opone de manera automática a los contratos firmados, sino que exige que estos se enmarquen en una Ley del Litio consensuada, con participación de los actores locales.
Esta convergencia de posiciones —técnicas, políticas y sociales— apunta a un escenario en el que el Estado boliviano priorice la revisión y mejora de los contratos existentes, incorporando mecanismos de gobernanza, transparencia y participación regional, sin recurrir a decisiones abruptas que paralicen los proyectos estratégicos.
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Señales al mercado y al futuro
Finalmente, Medinaceli confirmó que el Gobierno ya ha sostenido reuniones con empresas internacionales interesadas en el litio y que el mensaje transmitido ha sido claro: evitar fricciones innecesarias y construir relaciones de largo plazo.
“Se les dio la confianza de que todo esto es deseo de nuestro Gobierno y de nuestro presidente, de llegar a buen término para que no se generen más fricciones en el futuro”, concluyó.
Con estas definiciones, el Ejecutivo busca enviar una señal inequívoca a la comunidad internacional: Bolivia aspira a ser un socio confiable, capaz de defender su soberanía sobre los recursos naturales, pero también de cumplir contratos, generar certidumbre y atraer inversiones que impulsen su desarrollo energético e industrial.
Medinaceli reiteró que el análisis de los contratos debe realizarse con una mirada integral, considerando no solo el desempeño específico de los proyectos, sino también el impacto que las decisiones del Estado tienen sobre la imagen de Bolivia ante los mercados internacionales.
“Aquí el desafío no es solamente el litio, sino todo el sector energético: es recuperar la confianza y la reputación de Bolivia como un país atractivo para la inversión”, sostuvo la autoridad.
Explicó que el Estado evaluará la situación actual de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), particularmente los resultados negativos del modelo de piscinas de evaporación, pero aclaró que este proceso no implica una ruptura automática de los compromisos asumidos con socios internacionales.
“Hay que hacer una evaluación y en este momento la YLB presenta números negativos (…) Hay compromisos que el gobierno los tiene que analizar con otros países, con empresas internacionales”, indicó.
Cambio de narrativa
El ministro reconoció que Bolivia arrastra una carga simbólica negativa en el imaginario internacional, producto de episodios pasados que afectaron seriamente la percepción de seguridad jurídica del país.
“¿Contra qué estamos peleando? Hace 19 años circularon dos fotografías: una del presidente de Repsol preso tras las rejas y otra con militares en un campo de gas después de la nacionalización. Eso es lo que tenemos que cambiar”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que Bolivia compite con otros países para atraer capitales y que hoy no es una prioridad automática para la inversión extranjera, por lo que cada señal que emite el Estado es cuidadosamente evaluada por las casas matrices de las empresas internacionales.
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