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Víctor Ferreira
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La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) advirtió que la deuda acumulada del Estado con las constructoras, que asciende a más de US$ 300 millones entre certificados impagos e intereses, ya está llevando a varias firmas a un estado de “quiebra virtual”. Fue durante el conversatorio “Deuda del Estado, Economía y Seguridad Jurídica”, que se realizó hoy y que estuvo a cargo del economista y exministro de Hacienda César Barreto.
El objetivo del evento fue analizar el impacto que tiene en la cadena de infraestructura el retraso en los pagos del Gobierno de Santiago Peña. El gremio sostuvo que el modelo fiscal vigente impide desembolsos aun cuando existen fondos disponibles y que urge un replanteo para evitar un colapso del sector.
Según datos del gremio, existen más de US$ 200 millones en certificados de obras impagos, que para finales del último mes del año llegará a unos US$ 250 millones, y otros US$ 110 millones en intereses acumulados, varios con más de dos años de atraso.
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Barreto sostuvo que, aunque el monto es manejable para las finanzas públicas, representa un golpe contundente para un sector que depende casi en su totalidad de la inversión estatal.
“Hay que reconocer que el problema existe y encararlo cuanto antes para que el sector pueda volver a respirar. Hay muchas empresas que ya están en el límite, muy endeudadas y sin capacidad de sostener esta situación por mucho tiempo más. Hace falta que el Estado y las autoridades responsables adopten una solución concreta”, afirmó.
Instó al Gobierno a buscar una solución a la situación, ya que la construcción es un sector con un impacto económico profundo, debido a su extensa cadena de proveedores. Aseveró que por ello, cada atraso en los pagos no afecta únicamente a las constructoras, sino que se traslada a múltiples actividades vinculadas, generando un efecto dominó en la economía.
“El problema es pequeño para el Estado, pero enorme para las empresas. Las empresas dependen en un 80%, 90% o 100% del Estado. Para el presupuesto público US$ 200 millones puede ser poco, pero para el sector es un problema muy importante, con una cadena de proveedores muy larga en todo el país”, sostuvo.
Crítica situación por deudas a constructoras: “Lo que está en juego para nosotros es la buena fe”
Agregó que existen mecanismos para ordenar pagos a inicios de 2026 sin vulnerar la regla fiscal, y que es necesario reconocer la dimensión del problema: “La solución no es compleja, pero debe encararse ya”.
El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, explicó que la deuda no solo afecta al rubro de la construcción sino también a sectores como salud y programas sociales. Señaló que el objetivo del encuentro no es confrontar con el Gobierno, sino instalar un debate urgente.
“No queremos acusar a nadie; queremos crear conciencia de la situación y, sobre todo, de la necesidad de una solución. Paraguay ocupa el penúltimo lugar en infraestructura. Para salir de ahí hay que invertir en obra, pero hoy no hay recursos para pagar”, afirmó.
Indicó que el atraso se agrava porque el Ministerio de Economía habilitó recientemente un plan de caja de apenas US$ 20 millones, mientras que cada mes ingresan certificados por entre US$ 50 y 70 millones.
Con ese ritmo estimó que al cierre de 2025 la deuda flotante podría llegar a US$ 250 millones solo en certificados, sin contar los intereses arrastrados desde el gobierno anterior.
Heisecke también cuestionó que el Gobierno esté incurriendo en prácticas que criticó del Gobierno anterior, al administrar obras sin respaldo presupuestario suficiente.
“Está ocurriendo lo que tanto se cuestionó del gobierno anterior”, afirmó, al señalar que el atraso en los pagos obliga a las empresas a endeudarse para cubrir salarios y costos básicos.
Explicó que muchas ya no acceden a créditos bancarios y terminan recurriendo a prestamistas informales con tasas usurarias. Aseguró que, aunque a las autoridades “les molesta” que se hable del tema, el gremio tiene la obligación de exponer la gravedad de la situación que viven sus asociados.
Federación internacional insta al Gobierno que pague deuda de US$ 300 millones a constructoras
Insistió en que la falta de previsión presupuestaria sigue generando atrasos y recordó que mientras el MOPC proyecta ejecutar obras por US$ 1.000 millones en 2026, el presupuesto asignado ronda los US$ 550 a 570 millones, lo que evidencia —dijo— “una brecha que se vuelve insostenible”.
Heisecke insistió en que existen fondos externos disponibles (BID, CAF, BM, Fonplata), pero que la regla fiscal que obliga a cerrar el año con un déficit máximo de 1,9% del PIB, lo que impide los desembolsos.
“El dinero está. El Estado está pagando intereses por plata que no usa. No es que no quieren pagar; la ley no les permite. Pero así hay empresas pequeñas y medianas en situación catastrófica. Algunas están en una quiebra virtual”, alertó.
El titular de Capaco sostuvo que parte de la salida podría darse mediante un mayor impulso a las alianzas público-privadas (APP) y las iniciativas privadas, mecanismos que —recordó— no deben entenderse únicamente como alternativas para megaproyectos.
Heisecke explicó que en países como Uruguay, Perú y Chile estos modelos se aplican incluso para obras medianas o pequeñas, como colegios, centros penitenciarios y hospitales, y consideró que Paraguay debería avanzar en esa dirección para no depender exclusivamente del presupuesto estatal.
“Cuando se habla de APP muchos piensan en grandes obras, pero no es así. Hay proyectos más pequeños que pueden ejecutarse bajo este esquema. Es algo que tenemos que desarrollar acá”, afirmó.
El dirigente añadió que para que estos mecanismos funcionen es necesario ordenar y sincerar los contratos vigentes.
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El objetivo del evento fue analizar el impacto que tiene en la cadena de infraestructura el retraso en los pagos del Gobierno de Santiago Peña. El gremio sostuvo que el modelo fiscal vigente impide desembolsos aun cuando existen fondos disponibles y que urge un replanteo para evitar un colapso del sector.
Según datos del gremio, existen más de US$ 200 millones en certificados de obras impagos, que para finales del último mes del año llegará a unos US$ 250 millones, y otros US$ 110 millones en intereses acumulados, varios con más de dos años de atraso.
Gremios de la construcción alertan sobre situación crítica por deudas del Estado y exigen plan claro de pagos
“La solución no es compleja, pero debe encararse ya”
Barreto sostuvo que, aunque el monto es manejable para las finanzas públicas, representa un golpe contundente para un sector que depende casi en su totalidad de la inversión estatal.
“Hay que reconocer que el problema existe y encararlo cuanto antes para que el sector pueda volver a respirar. Hay muchas empresas que ya están en el límite, muy endeudadas y sin capacidad de sostener esta situación por mucho tiempo más. Hace falta que el Estado y las autoridades responsables adopten una solución concreta”, afirmó.
Instó al Gobierno a buscar una solución a la situación, ya que la construcción es un sector con un impacto económico profundo, debido a su extensa cadena de proveedores. Aseveró que por ello, cada atraso en los pagos no afecta únicamente a las constructoras, sino que se traslada a múltiples actividades vinculadas, generando un efecto dominó en la economía.
“El problema es pequeño para el Estado, pero enorme para las empresas. Las empresas dependen en un 80%, 90% o 100% del Estado. Para el presupuesto público US$ 200 millones puede ser poco, pero para el sector es un problema muy importante, con una cadena de proveedores muy larga en todo el país”, sostuvo.
Crítica situación por deudas a constructoras: “Lo que está en juego para nosotros es la buena fe”
Agregó que existen mecanismos para ordenar pagos a inicios de 2026 sin vulnerar la regla fiscal, y que es necesario reconocer la dimensión del problema: “La solución no es compleja, pero debe encararse ya”.
“La situación es insostenible y algunas firmas están en quiebra virtual”
El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, explicó que la deuda no solo afecta al rubro de la construcción sino también a sectores como salud y programas sociales. Señaló que el objetivo del encuentro no es confrontar con el Gobierno, sino instalar un debate urgente.
“No queremos acusar a nadie; queremos crear conciencia de la situación y, sobre todo, de la necesidad de una solución. Paraguay ocupa el penúltimo lugar en infraestructura. Para salir de ahí hay que invertir en obra, pero hoy no hay recursos para pagar”, afirmó.
Indicó que el atraso se agrava porque el Ministerio de Economía habilitó recientemente un plan de caja de apenas US$ 20 millones, mientras que cada mes ingresan certificados por entre US$ 50 y 70 millones.
Con ese ritmo estimó que al cierre de 2025 la deuda flotante podría llegar a US$ 250 millones solo en certificados, sin contar los intereses arrastrados desde el gobierno anterior.
Repiten prácticas que criticaron del Gobierno anterior
Heisecke también cuestionó que el Gobierno esté incurriendo en prácticas que criticó del Gobierno anterior, al administrar obras sin respaldo presupuestario suficiente.
“Está ocurriendo lo que tanto se cuestionó del gobierno anterior”, afirmó, al señalar que el atraso en los pagos obliga a las empresas a endeudarse para cubrir salarios y costos básicos.
Explicó que muchas ya no acceden a créditos bancarios y terminan recurriendo a prestamistas informales con tasas usurarias. Aseguró que, aunque a las autoridades “les molesta” que se hable del tema, el gremio tiene la obligación de exponer la gravedad de la situación que viven sus asociados.
Federación internacional insta al Gobierno que pague deuda de US$ 300 millones a constructoras
Insistió en que la falta de previsión presupuestaria sigue generando atrasos y recordó que mientras el MOPC proyecta ejecutar obras por US$ 1.000 millones en 2026, el presupuesto asignado ronda los US$ 550 a 570 millones, lo que evidencia —dijo— “una brecha que se vuelve insostenible”.
Existen fondos, pero no se pueden desembolsar
Heisecke insistió en que existen fondos externos disponibles (BID, CAF, BM, Fonplata), pero que la regla fiscal que obliga a cerrar el año con un déficit máximo de 1,9% del PIB, lo que impide los desembolsos.
“El dinero está. El Estado está pagando intereses por plata que no usa. No es que no quieren pagar; la ley no les permite. Pero así hay empresas pequeñas y medianas en situación catastrófica. Algunas están en una quiebra virtual”, alertó.
El titular de Capaco sostuvo que parte de la salida podría darse mediante un mayor impulso a las alianzas público-privadas (APP) y las iniciativas privadas, mecanismos que —recordó— no deben entenderse únicamente como alternativas para megaproyectos.
Heisecke explicó que en países como Uruguay, Perú y Chile estos modelos se aplican incluso para obras medianas o pequeñas, como colegios, centros penitenciarios y hospitales, y consideró que Paraguay debería avanzar en esa dirección para no depender exclusivamente del presupuesto estatal.
“Cuando se habla de APP muchos piensan en grandes obras, pero no es así. Hay proyectos más pequeños que pueden ejecutarse bajo este esquema. Es algo que tenemos que desarrollar acá”, afirmó.
El dirigente añadió que para que estos mecanismos funcionen es necesario ordenar y sincerar los contratos vigentes.
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