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Ashley Quesada
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La subcomisión legislativa que investigó el expediente 24.697 concluyó que, durante la administración de Rodrigo Chaves Robles, la política de seguridad pública se fue debilitando por decisiones sin sustento técnico, recortes en áreas sensibles y una conducción estatal sin una estrategia clara. En su informe, además, plantea que esa combinación de omisiones y fallas de gestión terminó favoreciendo el fortalecimiento de estructuras criminales en el país.
El documento, elaborado por las diputadas Alejandra Larios, Gloria Navas y Priscilla Vindas, parte de una investigación impulsada por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico y ordenada por el Plenario Legislativo en noviembre de 2024.
Su conclusión de fondo es contundente: la subcomisión consideró que la política de seguridad del actual gobierno quedó desarmada por una combinación de omisiones, fallas de gestión y decisiones que se apartaron de criterios técnicos.
Uno de los hallazgos centrales fue la reducción sostenida de recursos para instituciones clave en la contención del crimen organizado. El informe apuntó al debilitamiento de la Policía de Control de Drogas, Guardacostas, Migración y el Instituto Costarricense sobre Drogas, y adviertió que esa pérdida de capacidad institucional se produjo en un momento en que el narcotráfico profundizaba su presencia en rutas marítimas, fronterizas y territorios estratégicos.
La subcomisión también concluye que varias decisiones administrativas afectaron de forma directa la capacidad operativa del Estado. Entre ellas, se mencionó el traslado o cierre de puestos estratégicos, la reducción de vigilancia en zonas críticas y la precariedad de equipos para control aéreo y marítimo. En la práctica, dice el informe, Costa Rica fue quedando con menos herramientas para vigilar los espacios donde operan las redes criminales y con menos margen para anticipar sus movimientos.
El documento fue especialmente claro al describir el vacío de conducción política. Según la subcomisión, no existe una política de seguridad de Estado articulada ni un liderazgo estratégico que ordene la respuesta pública frente al crimen organizado.
Esa ausencia, agregó, ha derivado en una coordinación interinstitucional débil, en respuestas fragmentadas y en una lógica más reactiva que preventiva, justo cuando el fenómeno criminal se volvió más complejo, más territorial y más violento.
A partir de esa lectura, el informe insistió en que Costa Rica dejó de enfrentar únicamente un problema de tránsito de droga. Lo que describió fue una transformación más profunda de organizaciones locales y transnacionales con mayor capacidad logística, control de rutas, almacenamiento, redistribución y disputa territorial. En ese escenario, la subcomisión afirmó que el Estado llegó tarde y con menos músculo institucional del necesario para contener el avance criminal.
Además, la subcomisión advirtió que el régimen de alta contención podría estarse aplicando con irregularidades y con riesgos para derechos fundamentales, además de señalar observaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre problemas en notificaciones, uso de normativa derogada y restricciones que podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado.
El informe incorporó, además, el uso de áreas protegidas como rutas o espacios de apoyo para el narcotráfico. Según la subcomisión, esa dimensión ambiental demostró que el crimen organizado no solo disputa territorio, sino que también erosiona la gobernanza en zonas donde la presencia estatal es débil.
En conjunto, la conclusión que deja la investigación es la de un país inmerso en una de sus crisis de seguridad más complejas de las últimas décadas, con aumento de la violencia, expansión del narcotráfico y un Estado con menos capacidades para responder. El informe no presenta ese escenario como una suma de episodios aislados, sino como el resultado de un debilitamiento sostenido de la política pública bajo la administración Chaves Robles.
Por esto, la subcomisión recomendó remitir el informe a la Procuraduría de la Ética, la Contraloría General, el Ministerio Público y la Defensoría de los Habitantes, para que valoren eventuales responsabilidades.
Además, planteó fortalecer Guardacostas, la Policía de Control de Drogas, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, el ICD y Migración; revisar el régimen de alta contención; reactivar el Consejo Nacional de Seguridad; impulsar reformas legales en materia de drogas, armas y crimen organizado; y discutir una reforma constitucional que asegure financiamiento mínimo para seguridad pública.
El texto pasará ahora al Plenario Legislativo, aunque su discusión formal quedará en manos de la próxima Asamblea, por el cierre del actual Congreso el 28 de abril.
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