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Daniela Muñoz Solano
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El gobierno de la República recortó miles de millones a la inversión social y se endeudó “más allá de lo requerido para financiar el déficit y conservar la reserva de liquidez en los niveles señalados por el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
Esto concluyó la Contraloría General de la República en su más reciente informe sobre la Situación Fiscal y Presupuestaria (DFOE-FIP-MTR-00003-2026).
De acuerdo con el estudio, en el primer semestre del 2026 el gasto social se redujo en ₡9.914 millones a causa -mayormente- de los recortes a las transferencias para financiar las pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social y la reducción del gasto porcentual en educación, vivienda y más.
El análisis de la Contraloría detectó que la administración de Laura Fernández giró ₡82.823 millones menos a la CCSS, con las mayores reducciones afectando en ₡60.398 millones a las pensiones del sector privado/descentralizado y ₡13.203 millones el pago complementario a trabajadores independientes.
Por otra parte, aunque en términos nominales la inversión en educación creció a causa de la creación de 355 plazas en el presupuesto ordinario del año, el gasto total apenas alcanzó el 2,6% del Producto Interno bruto en el primer semestre de 2026.
La Contraloría detalló que durante eset período se redujo un 4.1% (₡4.286 millones) el total invertido en transferencias corrientes a las Juntas de educación y administrativas para compra de alimentos para los comedores escolares o el pago de transporte, mientras que las transferencias de capital -que son para infraestructura o inversión en bienes duraderos- aumentaron ₡5.791 millones (60,7%).
Mientras tanto, en temas de vivienda, la CGR detalló que apenas el 33% de lo recaudado en el impuesto sobre las planillas y dispuesto en la ley 5662 para el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi) ha sido asignado pues el gobierno redireccionó 30.000 millones de las transferencias planificadas del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares al Banco Hipotecario de la Vivienda.
Mientras aplicaba todos estos recortes, el gobierno se endeudó, según la Contraloría, “más allá de lo requerido” para poder financiar el déficit y tener una reserva de liquidez del 1%, que es lo que está planteado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
De hecho, la entidad encontró que al 30 de junio había ₡2,7 billones en recursos líquidos (5,1% del PIB), lo que está muy por encima del objetivo inicial planteado. Esto tiene un fuerte impacto pues genera mayores intereses en la deuda y aumenta artificialmente la relación deuda-PIN, lo que obliga el estancamiento de los salarios del sector público y el congelamiento del gasto social.
“El comportamiento del endeudamiento responde no solo a las necesidades de financiamiento del presupuesto de la República (financiamiento del déficit), sino también a la mencionada acumulación de saldos de efectivo. El mantenimiento de saldos líquidos voluminosos es un factor sensible en el nivel de la deuda, por cuanto la finalidad de los recursos públicos que se asignan a las entidades es brindar o cumplir un fin público. Mantener esta política estable generaría un costo anual que superaría los ¢100 mil millones, considerando una tasa de interés del 6%. Además, haber mantenido saldos líquidos no superiores al 1% del PIB habría permitido mantener la deuda por debajo de ese nivel (60%) hasta la actualidad, evitando el estrujamiento de otros gastos bajo la regla fiscal”, asevera la entidad.
La entrada Gobierno cortó inversión social y se endeudó “más allá de lo requerido” durante el primer semestre de 2026, concluye Contraloría aparece primero en Semanario Universidad.
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