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Vinicio Chacón Soto
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Esta mañana en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, el letrado de la Sala de Casación Penal (Sala III) Marco Vinicio González Salas, y el juez de Ejecución de la Pena Roy Murillo, expusieron como la propuesta del Poder Ejecutivo de una Ley de Sistema Penitenciario Nacional no es más que una copia de una iniciativa que incluso con el mismo título se había presentado hace años.
Es más, según explicó González el texto nuevo, tramitado bajo el expediente 24.912, ni siquiera corrigió observaciones hechas por el Departamento de Servicios Técnicos a la primera encarnación de la propuesta del gobierno de Rodrigo Chaves, en su momento la 23.688.
Aquél expediente 23.688 recibió dictamen negativo de mayoría en esta Comisión en marzo de 2024 y básicamente fue desechado, pues el propio Ejecutivo colaboró en la elaboración de la propuesta de Ley de Ejecución de la Pena y medidas de seguridad curativas, tramitado bajo el expediente 24.019 y que Rodrigo Chaves junto a su entonces ministra de Presidencia, la hoy candidata Laura Fernández, retiraron de la agenda legislativa en noviembre de 2024.
Como ejemplo de su observación, González destacó con gravedad que “repite el vicio” señalado por el Departamento de Servicios Técnicos de que “no es posible considerarlo una Ley de Ejecución de la Pena porque solamente establece la estructura organizacional del Sistema Penitenciario Nacional, que es la fase administrativa” y con ello “omitiendo por completo todo lo que es el control que debe ejercerse desde los juzgados de Ejecución de la Pena”.
Es decir, el proyecto de ley no se refiere y por ende no especifica nada sobre el alcance de las funciones de las personas juzgadoras.
Recuérdese al respecto que desde que se promulgó el Código Penal hace 50 años se estableció la necesidad de que fuera acompañado por una ley que regule la ejecución de la pena en aspectos tan delicados como el correcto proceso judicial para adelantar una liberación, o la imposición de medidas alternativas.
González aventuró al respecto que “creo que es intencionalmente porque hay una visión en el sentido que no se quiere que haya un control jurisdiccional sobre el tema de la Ejecución de la Pena”.
Recalcó con ahínco que “este proyecto de ley, al igual que el 23.688, no desarrolla absolutamente nada, nada, nada, nada del tema de la ejecución de la pena de la función jurisdiccional. Lo omite por completo”.
Por su parte el juez Murillo explicó que el proyecto “tiene muchas deficiencias técnicas” y al respecto observó que a pesar de que se proclama como una ley del Sistema Penitenciario, “en su motivación dice que es una ley del sistema penitenciario de ejecución penal, porque hace una confusión técnica entre lo que es el derecho penitenciario y otras ramas del derecho que se relacionan con el mismo”.
Ello es relevante porque “entonces, desde sus fundamentos, tiene unas falencias que lo hacen débil”. Añadió que “es más una una ley del sistema penitenciario simbólica, que lo que hace sobre manera es cambiarle nombres al algunos institutos o comisiones actuales”.
También se refirió a la propuesta contenida en el proyecto “que viene el Poder Ejecutivo trabajando fuertemente” y que consiste en que los dictámenes del Instituto Nacional de Criminología (INC), por ejemplo sobre una eventual liberación adelantada de una persona privada de libertad, sean vinculantes para los jueces.
Al respecto, entre otras cosas, destacó que en esos procesos de “desinstitucionalización” la audiencia en fase judicial se atiende escuchando a la persona. “Hay una gran diferencia entre un proceso meramente escrito y un proceso que sí tiene una fase oral con todas las virtudes que la oralidad tiene. Entonces, es absurdo pretender que un informe del Instituto Nacional de Criminología sea vinculante para un juez. Eso es como de la Edad Media”.
La jefa chavista en el congreso, Pilar Cisneros, con su acostumbrado tono sarcástico encaró al juez y empezó a hablar del proyecto del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco) y a defender la gestión y planes del ministro de Justicia Gerald Campos. Entonces se dirigió directamente al juez Murillo y adujo que el proyecto busca que cada vez que se valore la posibilidad de liberar “anticipadamente a un reo, haya un buen diagnóstico de la gente que conoce al reo”.
El letrado González intervino para hacerle ver a Cisneros que de todos modos, el proyecto de ley en cuestión “no lo resuelve, porque como no dice absolutamente nada del tema jurisdiccional, no resuelve por ejemplo qué podemos hacer con las resoluciones que eventualmente dispongan los jueces de ejecución, quién las va a conocer en segunda instancia”.
Es más, añadió que “con la pregunta que usted nos hace, nos permite ratificar que es un proyecto, como ejecución de la pena, inviable” pues nada más se refiere a la parte administrativa.
Más tarde, ante una pregunta del legislador independiente Gilberth Jiménez, quien preside esta Comisión, González Salas reiteró que “este proyecto es una repetición del 23.688, incluso no le hicieron las correcciones que en su momento incluso habían dado órganos técnicos”.
Prisicilla Vindas del Frente Amplio, le hizo ver a Cisneros que el Poder Ejecutivo no quiso convocar el 24.019 en el periodo de sesiones extraordinarias, recordó que está listo para recibir primer debate en el plenario y que constituyó un trabajo de año y medio que no avanza “porque hay intereses políticos”.
Por su parte, la también independiente Gloria Navas afirmó que el proyecto 24.019 se puede aprobar en esta legislatura, pero auguró que “el Poder Ejecutivo no lo va a firmar”, que requerirá resello y “nos lo van a atrasar”; todo ello porque “no quieren que exista el régimen de derecho adecuado en el país”, pues “ellos quieren desarrollar temas que destruyan nuestra democracia”.
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