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Vinicio Chacón Soto
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Esta mañana en la sesión de Corte Plena se conoció que mediante dos oficios, del 6 y 11 de agosto, la Dirección General del Presupuesto Nacional informó al Poder Judicial que dejaba sin efecto recortes anunciados en la ejecución de su presupuesto para este 2026, por más de ₡3 mil millones.
Según se recordó mediante un comunicado, la medida que constaba de dos partes, buscó limitar al Poder Judicial en ₡1.526 millones para el tercer trimestre del año, y otros ₡1.526 millones para el cuarto trimestre, para un total de ₡3.053 millones correspondientes al presupuesto institucional de 2026.
Tales recortes, según se ha conocido, afectaron por ejemplo la capacidad operativa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para ejecutar allanamientos y demás.
La retención de los recursos fue informada a la Corte Plena el 20 de julio y a la semana siguiente la Presidencia de la Corte presentó ante la Dirección de Presupuesto Nacional y la Tesorería Nacional un Recurso de Revocatoria, Nulidad Concomitante y Solicitud de Medida Cautelar. Ese recurso aún está pendiente de resolución.
Es preciso recordar que esos recortes promovidos por el ministro de Hacienda y de Presidencia, Rodrigo Chaves, son independientes de “los ₡13.220 millones que la Corte Plena acordó ceder el pasado 27 de junio, como contribución institucional al esfuerzo fiscal del país”.
Por otra parte, hay un daño que quedó hecho, pues según se explicó el anuncio de los recortes implicó un cuidadosos análisis de parte de las autoridades judiciales para “reprogramar compras y planes de trabajo en todas las áreas, tanto del OIJ como del Ministerio Público y la Defensa Pública”.
Todo ello ahora debe revertirse y “este impasse genera posibles riesgos para la ejecución de los recursos, debido a los trámites administrativos que implica revertir miles de líneas presupuestarias y reactivar los programas de trabajo y el plan de compras institucional”.
Al ver el tema en Corte, la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala III) agradeció “a todos los órganos técnicos que intervinieron en las gestiones, acatando el acuerdo de Corte”, ante el Ministerio de Hacienda.
Añadió que “no puedo dejar de resaltar que el plantón efectuado en días pasados creo que también ha tenido un impacto positivo en la respuesta que se nos dio, porque esa manifestación de los costarricenses en cuanto a cuál es el sistema político que quieren para Costa Rica, que se siga manteniendo el Estado de Derecho con división de poderes y un gran respaldo para este Poder de la República como mediador que siempre ha sido incluso entre los tres poderes”.
La Magistrada agradeció todas las personas que acudieron al plantón, “el apoyo que nos han demostrado con su manifestación ciudadana impacta el quehacer de toda la República”.
Democracia de la calle
Por otra parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) recibió “con satisfacción” la decisión del Ministerio de Hacienda y aseveró que “cambio de postura ocurre luego de las acciones emprendidas en defensa de estos recursos y en un contexto de creciente movilización social y ciudadana frente a decisiones que amenazan la división de poderes”.
Es decir, “lo ocurrido reafirma la importancia de la democracia de la calle, como la expresada en el plantón del pasado 4 de agosto”.
“Cuando distintos sectores sociales y civiles levantaron su voz de manera democrática y responsable, el país demuestra que no está dispuesto a permanecer indiferente ante medidas que puedan debilitar la justicia, la institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado. La movilización social sí tiene sentido y la defensa democrática debe continuar”, se señaló en un comunicado.
Al mismo tiempo, para la ANEP la coyuntura actual “deja una enseñanza fundamental: la unidad en la diversidad es nuestra principal fortaleza”.
“Costa Rica necesita que organizaciones sindicales, sectores sociales, personas trabajadoras y ciudadanía sean capaces de anteponer la defensa del país a intereses gremiales particulares. Podemos tener diferencias, pero cuando están en juego la democracia, el Estado Social de Derecho y nuestras instituciones, debemos encontrar los puntos que nos unen”, se destacó.
La Asociación además instó al gobierno de Laura Fernández Delgado a “abandonar posiciones extremas y cualquier visión ideológica que convierta el diálogo social, la protesta democrática o la organización sindical en enemigos. Quienes defienden las instituciones democráticas no son adversarios del país: son parte esencial de una democracia viva”.
Finalmente la ANEP reiteró su compromiso “para defender la institucionalidad costarricense” y subrayó que “por encima de diferencias sectoriales, gremiales o políticas debe prevalecer la defensa de la justicia, la democracia, los servicios públicos y el bienestar colectivo. Este episodio demuestra que cuando la ciudadanía se organiza, las instituciones actúan y los distintos sectores encuentran puntos de encuentro, Costa Rica puede hacerse escuchar”.
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