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Mario Bermúdez Vives
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El inicio del primer período de sesiones ordinarias estuvo marcado por las réplicas de la acusación de la presidenta Laura Fernández contra magistrados de la Sala Constitucional, que culminó en el rechazo de una moción presentada por la oposición para rechazar esas declaraciones, que calificaron de «temerarias».
Pero como era de esperar, la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se mantuvo del lado de Fernández y derrotó la moción, por 30 votos contra 26.
En la propuesta presentada por el Partido Liberación Nacional (PLN), se consideraba que la presidenta Fernández incurrió en «declaraciones temerarias» el pasado viernes 31 de julio, al reaccionar a la sentencia del día anterior de la Sala Constitucional, en la que se anuló el segundo reenvío de la nómina de magistrados suplentes de la Sala Constitucional al Poder Judicial, se ordenó volver a programar la votación de la nómina en la Asamblea Legislativa y se prorrogó el nombramiento de los anteriores magistrados suplentes, para evitar que el control constitucional se paralizara.
Esto fue calificado por Fernández como un «golpe de Estado», y este lunes cumplió su anuncio de presentar en la Corte una denuncia por prevaricato contra los cuatro magistrados constitucionales que votaron por esa sentencia.
La diputada Diana Murillo, del PLN, justificó la solicitud de rechazar las declaraciones de Fernández y pedir a la Cancillería un comunicado internacional para garantizar que el país mantenía el orden democrático, como una forma de evitar un mayor daño internacional al país, al recordar que las palabras de las personas que ostentan cargos públicos tan altos tienen un fuerte impacto en el exterior.
Pero el resultado no alteró la polarización política en la Asamblea, en la que el oficialismo inició hoy los fuegos reivindicando sus acusaciones contra magistrados e incluso tratando de pasar al contraataque y mostrarse como víctimas.
Primero fue el diputado Daniel Siézar, quien declaró que algunos quieren declarar a los diputados de PPSO como los culpables de que el Poder Judicial «no funcione», a pesar de que solo tienen tres meses en sus cargos. «No es una guerra contra el Poder Judicial, sino contra una cúpula que se adueñó de la situación y quieren que les renovemos en sus cargos», dijo.
Su compañero Robert Barrantes desempolvó la situación ocurrida con la hija del magistrado Paul Rueda, quien en una conversación en redes sociales indicó que faltaba contratar a un francotirador, alegando que «se están normalizando las ideas de magnicidio», mientras Ariel Mora también cuestionó a Rueda, alegando que formó parte del proceso del Poder Judicial para seleccionar a los candidatos a magistrados suplentes, lo que le generaba mucha preocupación.
Ante estas declaraciones, Joselyn Sáenz, del Frente Amplio (FA), replicó a los oficialistas que era el chavismo el que había iniciado los procesos de violencia. «Eso no es justificable, pero la gente debe asumir consecuencias… la hija del magistrado tuvo consecuencias, perdió el trabajo, ustedes (PPSO) han premiado a influencers violentos con curules y asesorías», indicó.
También el diputado del FA, Edgardo Araya, resaltó que se estaba jugando con cosas muy serias, y enfatizó que en un Golpe de Estado, implica la pérdida de derechos, lo contrario de lo que ocurre con la resolución de la Sala Constitucional. Y adelantó que si la Presidenta y el oficialismo sigue adelante con su anuncio de desconocer las sentencias de la Sala IV en la que participen los magistrados suplentes, procederán a interponer denuncias por desobediencia. «La inmunidad de ustedes no es eterna, la prescripción está suspendida hasta que salgan del poder, lo que ocurrirá tarde o temprano, y nos encargaremos que de su patrimonio tengan que pagar las condenas por estos daños».
También Janice Sandí, del PLN, enfatizó en que no se había presentado un Golpe de Estado, porque no se había presentado una toma violenta del poder político, ni se suspendieron los derechos constitucionales. «Esto no ha ocurrido en Costa Rica, porque el control constitucional es parte de la democracia, es la respuesta legítima para impedir que el poder político atropelle a las personas», manifestó.
Ante ello, Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, insistió en que se había presentado un abuso de un poder de la Sala IV, alegando que solo los diputados podían nombrar magistrados suplentes, pero cuidándose de evitar hacer referencias a un Golpe de Estado.
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