Fracción oficialista calificó de «afrenta» que Fiscalía buscara notificar a Pilar Cisneros para que declarara

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Mario Bermúdez Vives

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La bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) interrumpió la sesión del Plenario de esta tarde para dar una conferencia de prensa en la que calificó como «una afrenta» que el Ministerio Público emitiera una alerta migratoria para localizar a la ex diputada Pilar Cisneros, con el fin de que declarara en una causa en la que está imputada.

«La fracción de PPSO se solidariza con Pilar Cisneros y le dice al Poder Judicial que no puede convertir esto en una lucha de poderes, es una afrenta para el partido, para el país», dijo el jefe de fracción Nogui Acosta.

Los diputados de la bancada oficialista calificaron este incidente como un «ataque político» de la Fiscalía contra el Gobierno y el PPSO, como parte de «una guerra» que el Poder Judicial habría desatado contra el Gobierno por el tema del recorte presupuestario, luego de que el ex presidente y actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, impulsara un recorte de más del 11% del presupuesto del Poder Judicial, en medio de la crisis de seguridad más profunda en la historia del país.

La ex diputada Cisneros también dio una conferencia, para cuestionar que no la hubieran podido notificar, alegando que todos saben que trabaja en Casa Presidencial. En ese mismo acto, precisamente llegaron los funcionarios de la Fiscalía y pudieron notificarla.

Pero esta situación fue presentada por los diputados oficialistas como «un ataque contra una persona que le ha dado un nuevo horizonte a este país», en referencia a Cisneros.

En la conferencia de la bancada chavista, la diputada Marta Esquivel aseguró que el fiscal Carlo Díaz se había convertido en «una fiscalía política» y aseguró que «esto tiene que acabar», porque el país se «va por el despeñadero».

Adicionalmente, los diputados turquesa lo consideraron una muestra de «justicia selectiva», al comparar otros eventos como la condena por amenazas de Yendry Quirós, por las manifestaciones que profirió contra el ex diputado Ariel Robles, y lo que aseguran es el lento avance de investigaciones cuando se trata de amenazas a funcionarios del Gobierno.

Los ánimos lucen muy tensos en la bancada oficialista, como se evidenció en el Plenario: el diputado Gonzalo Ramírez reclamó a la presidenta Yara Jiménez por el control político realizado por Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), por considerar que «rayó en la violencia política contra la diputada Marta Esquivel», y le solicitó que lo llamara al orden.

En su control político, Padilla refutó denuncias de Esquivel en contra de su persona, con motivo de un permiso que solicitó cuando era funcionario de la Asamblea Legislativa. «Cuestionó mi permiso, mi plaza y a mi pareja», reclamó Padilla, quien también le recordó a Esquivel las denuncias en su contra por los recursos que habría recibido de mas cuando era presidenta de la CCSS.



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