Fracasa tercer intento de atrasar audiencia preliminar del caso Aldesa

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Daniela Muñoz Solano

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Un tercer intento de atrasar el inicio de la audiencia preliminar del caso Aldesa, en el que se acusa a los jerarcas y varios empleados de la corporación de estafa mayor, fracasó este miércoles 12 de agosto.

Según informó el departamento de prensa del Poder Judicial, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José declaró inadmisibles dos gestiones presentadas por abogados litigantes.

Los defensores habían presentado un recurso de revocatoria y una actividad procesal defectuosa, pero ambos resultaron infructuosos.

Así, indicaron, el expediente se remitió al Juzgado Penal para que continúe con el trámite de la realización de la audiencia preliminar, que continuará este jueves conforme lo agendado.

Este es el tercer intento de atrasar el procedimiento que fracasa, pues recién comenzada la audiencia varios de los abogados defensores presentaron alegatos contra la decisión de realizar la audiencia en horario vespertino pues consideran que esto violenta su derecho al descanso y a la salud.

Incluso uno de los abogados había solicitado que se pospusiera la audiencia y no se realizara en horario vespertino pues él sufre de diabetes mellitus y debe alimentarse con frecuencia.

No obstante, los recursos de revocatoria fueron rechazados y los representantes legales procedieron a interponer recursos de apelación, que fueron rechazados también.

Así, luego de casi ocho años de espera desde que se presentaron las primeras denuncias, el caso continuará su camino hacia las cortes.

Caso Aldesa en resumen​


Hasta 2019, durante 50 años, el Grupo Aldesa de Costa Rica funcionó como una corporación de inversión en bolsa muy exitosa, pero en sus últimos años se convirtió en un banco de dos patas: con un puesto de bolsa supervisado por la Superintendencia General de Valores, por un lado, y con una serie de proyectos de inversión (unos regulados y otros no) entre los que destaca Aldesa Corporación de Inversiones (ACI).

Como parte de su operación, los agentes reclutaban inversionistas para invertir en los diversos proyectos e incluso en la ACI (que no estaba bajo ninguna supervisión), convenciéndolos de que esos fondos generarían mayores réditos que las inversiones en el puesto de bolsa, que sí vigilaba Sugeval.

Muchos de esos inversionistas eran adultos mayores que depositaron la totalidad de los ahorros de su vida pensando que obtendrían réditos que les garantizaran una vejez digna y que le generaran bienestar a su familia incluso después de sus fallecimientos, pero también había familias enteras y algunas pequeñas empresas confiando su capital a la corporación.

En 2019 la empresa dejó de tener regularidad en los pagos de los inversionistas y en marzo de ese año comunicó que “la incertidumbre generada por la crisis fiscal entre los inversionistas costarricenses, durante el último trimestre del 2018, condujo a una severa merma de liquidez en el mercado” y que por eso la corporación suspendía los depósitos.

Simultáneamente la corporación presentó ante el Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José una solicitud de Administración y Reorganización con Intervención Judicial, que en julio del 2022 resultó en la declaratoria de quiebra de la empresa y en la posterior apertura de la causa penal por un supuesto fraude.

Pasados casi 8 años desde ese anuncio, ninguno de los inversionistas ha vuelto a ver un cinco de su dinero y muchos han fallecido esperando justicia.

Al día de hoy y según la curaduría del Poder Judicial, Aldesa adeuda $171,582,116 a sus inversores. De ese monto ₡7.681 millones ($12.388.786) corresponde a asociaciones solidaristas que representan unos 27.550 trabajadores, ₡44.839 millones ($72.321.166) a 351 personas físicas y unos ₡53.861 millones ($86.872.164) a personas jurídicas.
También, la empresa le debe ₡31.561 millones ($50.905.503) a sus proveedores y sostiene deudas de más de ₡290 millones con la Caja Costarricense del Seguro Social y de ₡2.463 millones con el Ministerio de Hacienda, sin contemplar intereses y recargos de ley.

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