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Vinicio Chacón Soto
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Mediante un pronunciamiento divulgado este martes, el Foro de la Justicia reconoció avances legales como la adopción del voto público en los procesos de elección y la reciente aprobación del proyecto de ley para la rendición periódica de cuentas de las magistraturas, pero afirmó que “estos pasos resultan insuficientes si no se acompañan de reglas claras, criterios objetivos y un procedimiento uniforme que garantice integridad e igualdad en cada concurso” para nombrar a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
Por ello calificó la situación como una “deuda histórica que la Asamblea Legislativa no ha corregido: contar con un procedimiento uniforme, objetivo, claro y transparente para el nombramiento de magistraturas, tanto suplentes como propietarias”.
El Foro es compuesto por la Asociación Americana de Juristas – Rama Costa Rica, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), la Asociación Costa Rica Integra (CRI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Programa Estado de la Nación (PEN–Conare) y diversas personas expertas.
El pronunciamiento observa además que durante el período legislativo que está por concluir, “al igual que en otros anteriores, se aplicaron metodologías que varían, según cada proceso, el trámite y los requisitos a seguir, sin que existan criterios uniformes previamente definidos para los concursos, ni estándares claros de evaluación”.
Tal variación “resulta preocupante”, entre otras razones porque el porcentaje asignado a la evaluación de entrevistas ha llegado hasta un 55%, “sin contar una estructura de ponderación ni obligación de justificación, lo que otorga mayor discrecionalidad a las diputaciones para escoger o vetar candidaturas”.
Tales condiciones “desmotivan la postulación de candidaturas para estos concursos, por ejemplo, en la vacante titular de la Sala Tercera del magistrado Jesús Ramirez, se registró la más baja participación de candidaturas, con solo 6 hombres (2 renunciaron durante el proceso), lo que podría explicarse por la desconfianza en el uso de criterios técnicos y jurídicos para la escogencia y provoca que el país está perdiendo la posibilidad de contar con mayores opciones de personas idóneas para estos puestos”.
El foro además cuestiona que “pese a importantes cuestionamientos éticos y falta de rendición de cuentas, la actual Asamblea Legislativa reeligió a magistrados sin realizar una valoración objetiva sobre su desempeño”.
“Todas estas actuaciones y omisiones han enviado un mensaje negativo a la sociedad costarricense, que lamentablemente afecta la legitimidad de las personas seleccionadas y aumenta la desconfianza en el Poder Judicial”, añade el texto.
El foro al mismo tiempo recordó que la designación de magistraturas es “una de las decisiones más trascendentales del sistema constitucional costarricense y debe ajustarse estrictamente al principio constitucional de idoneidad. No se trata de cargos partidarios ni que puedan llenarse por cuotas de poder”.
Mediante el pronunciamiento además el Foro de la Justicia recordó que ya ha contribuido con la presentación ante el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, de una propuesta de reforma al Reglamento legislativo, “orientada a establecer un procedimiento de valoración de candidaturas claro, público, objetivo y con reglas expresas de prevención de conflictos de interés”.
Esa propuesta se centra en dos artículos del Reglamento Legislativo, el 85 y 227, para establecer “reglas permanentes, técnicas y verificables”, según un comunicado reciente del propio Foro.
Entre los principales cambios se destaca el establecimiento de metodologías técnicas obligatorias, que la Comisión de Nombramientos deberá aprobar al inicio del cuatrienio para aplicar “a todos los concursos y que incluya valoración de atestados, entrevistas, criterios de idoneidad académica, ética y profesional, paridad de género y representatividad de poblaciones vulnerabilizadas”.
También menciona que “cada vacante deberá contar con un perfil técnico específico antes de abrir el concurso, evitando improvisaciones o decisiones sin fundamento objetivo”, así como garantizar la participación ciudadana y obligar a las diputaciones a “fundamentar públicamente sus votos y la Comisión deberá justificar adecuadamente sus recomendaciones”.
Por su lado, la Acojud emitió una carta pública dirigida a la presindenta electa Laura Fernández y a las diputaciones electas, en la que recuerda que desde 2003 «hemos mantenido una postura contundente y consecuente respecto a la modificación necesaria y urgente, pero responsable, sobre el sistema de elección de personas Magistradas y de la restructuración de competencias legales y constitucionales de Corte Plena».
Concretamente, además de mencionar la propuesta de reforma que suscribe junto al Foro dela Justicia,apunta que «hemos sostenido desde hace más de 20 años la necesidad de una reforma que designe por un único periodo de no más de doce años a las personas magistradas».
En estos momentos, lentamente la Asamblea Legislativa lleva a cabo el proceso de nombramiento respectivamente de cuatro y seis magistraturas suplentes para la Sala de Casación Penal (Sala III) y la Sala Constitucional.
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