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Gladys Rivadeneira
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Gladys Rivadeneira
La exministra de Energía, Inés Manzano, ejerció este martes 21 de julio de 2026 su derecho a la defensa, de forma telemática, durante el proceso de juicio político que se desarrolla en su contra en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Tras la intervención, en la mesa no hubo espacio a preguntas porque el presidente Ferdinan Álvarez clausuró la sesión y luego justificó la acción.
En una exposición de alrededor de 15 minutos, Inés Manzano sostuvo que la responsabilidad política de un ministro debe sustentarse en el incumplimiento de funciones expresamente establecidas en la ley.
El proceso de juicio político contra Inés Manzano empezó cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) inició el trámite, según informó EL COMERCIO el pasado 24 de junio de 2026.
“La Constitución es clara, la responsabilidad política de una ministra deriva de las funciones que la ley le asigna; por eso, este juicio debe responder a una sola pregunta: ¿qué función bajo mi competencia incumplí? Si ese deber no existe, tampoco puede existir responsabilidad política”, afirmó Inés Manzano.
La exfuncionaria señaló que fue convocada por el presidente Daniel Noboa para enfrentar una crisis energética caracterizada, según indicó, por un déficit cercano a 1 800 megavatios, una sequía histórica y la ausencia de un plan de expansión del sistema eléctrico durante varios años.
“No me llamaron para crear una crisis, me llamaron para enfrentar la peor crisis energética heredada en décadas”, manifestó.
Uno de los temas abordados durante su defensa fue el memorando emitido en abril de 2024 durante la emergencia del sector eléctrico.
Manzano afirmó que ese documento tuvo un carácter excepcional y estuvo vinculado únicamente a los procesos de contratación pública ejecutados dentro de la declaratoria de emergencia.
Explicó que el memorando perdió vigencia una vez concluidas las contrataciones de emergencia y aseguró que fue dejado sin efecto mediante una circular firmada en agosto de 2025.
Asimismo, sostuvo que la competencia sobre determinados actos relacionados con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) correspondía a la gerencia general de la empresa y no al Ministerio.
“Un ministro no asume o hace suya una responsabilidad por una competencia que no tiene” dijo y agregó que, en este caso, la tenía el gerente general de Celec”.
Sobre el arbitraje mencionado dentro del pedido de juicio político, Manzano indicó que Celec ejecutó acciones como el cobro de multas y la declaratoria de contratista incumplido.
Según explicó, el contratista promovió un arbitraje para impedir esas actuaciones y una cláusula contractual impedía la terminación unilateral mientras se tramitaba ese proceso.
La exministra afirmó que no podía adoptar decisiones contrarias al ordenamiento jurídico ni intervenir en competencias que no le correspondían.
También mencionó los casos Perenco y otros como ejemplos de intervenciones unilaterales que, según dijo, derivaron en el pago de indemnizaciones millonarias por parte del Estado.
Respecto al arbitraje con ATM, indicó que la demanda fue archivada, que Celec presentó una reconvención y que el proceso arbitral continuará respecto de esa acción.
Añadió que las medidas cautelares fueron levantadas y que actualmente Celec puede cobrar multas, terminar el contrato y ejecutar las garantías.
Manzano sostuvo que no existe una disposición legal incumplida que sustente el juicio político y afirmó que tampoco se ha demostrado un nexo causal entre sus actuaciones y un eventual perjuicio económico para el Estado.
“En un Estado de Derecho las responsabilidades no se presumen, se prueban; hoy, esa prueba no existe”, concluyó durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización.
Tras la clausura de la sesión, los solicitantes del juicio político se quejaron por no haber podido preguntar a la exministra Manzano, tras su intervención.
Blasco Luna (RC) dijo que se clausuró la sesión para evitar que Manzano respondiera preguntas de la Comisión. “No hemos venido a un monólogo”, indicó.
Ferdinan Álvarez (ADN) respondió a la prensa que la ley no prevé preguntas ni repreguntas en esta etapa del juicio políticos y el procedimiento se cumplió.
A partir de este martes, en la Comisión de Fiscalización corre el plazo para que elabore un informe sobre el proceso de juicio político contra Inés Manzano.
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La exministra de Energía, Inés Manzano, ejerció este martes 21 de julio de 2026 su derecho a la defensa, de forma telemática, durante el proceso de juicio político que se desarrolla en su contra en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Tras la intervención, en la mesa no hubo espacio a preguntas porque el presidente Ferdinan Álvarez clausuró la sesión y luego justificó la acción.
Intervención de Inés Manzano en la Comisión de Fiscalización por juicio político
En una exposición de alrededor de 15 minutos, Inés Manzano sostuvo que la responsabilidad política de un ministro debe sustentarse en el incumplimiento de funciones expresamente establecidas en la ley.
El proceso de juicio político contra Inés Manzano empezó cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) inició el trámite, según informó EL COMERCIO el pasado 24 de junio de 2026.
Argumentos de Inés Manzano
“La Constitución es clara, la responsabilidad política de una ministra deriva de las funciones que la ley le asigna; por eso, este juicio debe responder a una sola pregunta: ¿qué función bajo mi competencia incumplí? Si ese deber no existe, tampoco puede existir responsabilidad política”, afirmó Inés Manzano.
La exfuncionaria señaló que fue convocada por el presidente Daniel Noboa para enfrentar una crisis energética caracterizada, según indicó, por un déficit cercano a 1 800 megavatios, una sequía histórica y la ausencia de un plan de expansión del sistema eléctrico durante varios años.
“No me llamaron para crear una crisis, me llamaron para enfrentar la peor crisis energética heredada en décadas”, manifestó.
Memorando de emergencia eléctrica
Uno de los temas abordados durante su defensa fue el memorando emitido en abril de 2024 durante la emergencia del sector eléctrico.
Manzano afirmó que ese documento tuvo un carácter excepcional y estuvo vinculado únicamente a los procesos de contratación pública ejecutados dentro de la declaratoria de emergencia.
Explicó que el memorando perdió vigencia una vez concluidas las contrataciones de emergencia y aseguró que fue dejado sin efecto mediante una circular firmada en agosto de 2025.
Competencias y responsabilidades
Asimismo, sostuvo que la competencia sobre determinados actos relacionados con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) correspondía a la gerencia general de la empresa y no al Ministerio.
“Un ministro no asume o hace suya una responsabilidad por una competencia que no tiene” dijo y agregó que, en este caso, la tenía el gerente general de Celec”.
Arbitraje y decisiones legales
Sobre el arbitraje mencionado dentro del pedido de juicio político, Manzano indicó que Celec ejecutó acciones como el cobro de multas y la declaratoria de contratista incumplido.
Según explicó, el contratista promovió un arbitraje para impedir esas actuaciones y una cláusula contractual impedía la terminación unilateral mientras se tramitaba ese proceso.
La exministra afirmó que no podía adoptar decisiones contrarias al ordenamiento jurídico ni intervenir en competencias que no le correspondían.
También mencionó los casos Perenco y otros como ejemplos de intervenciones unilaterales que, según dijo, derivaron en el pago de indemnizaciones millonarias por parte del Estado.
Conclusiones finales
Respecto al arbitraje con ATM, indicó que la demanda fue archivada, que Celec presentó una reconvención y que el proceso arbitral continuará respecto de esa acción.
Añadió que las medidas cautelares fueron levantadas y que actualmente Celec puede cobrar multas, terminar el contrato y ejecutar las garantías.
Manzano sostuvo que no existe una disposición legal incumplida que sustente el juicio político y afirmó que tampoco se ha demostrado un nexo causal entre sus actuaciones y un eventual perjuicio económico para el Estado.
“En un Estado de Derecho las responsabilidades no se presumen, se prueban; hoy, esa prueba no existe”, concluyó durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización.
Quejas de los solicitantes por la falta de preguntas y la respuesta de Ferdinan Álvarez
Tras la clausura de la sesión, los solicitantes del juicio político se quejaron por no haber podido preguntar a la exministra Manzano, tras su intervención.
Blasco Luna (RC) dijo que se clausuró la sesión para evitar que Manzano respondiera preguntas de la Comisión. “No hemos venido a un monólogo”, indicó.
Ferdinan Álvarez (ADN) respondió a la prensa que la ley no prevé preguntas ni repreguntas en esta etapa del juicio políticos y el procedimiento se cumplió.
A partir de este martes, en la Comisión de Fiscalización corre el plazo para que elabore un informe sobre el proceso de juicio político contra Inés Manzano.
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