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Guatemala
Fiscal de Leonor Morales respaldó desestimar denuncia contra Consuelo Porras por caso de adopciones ilegales
La PGN impugnó la desestimación de la denuncia por presuntas adopciones ilegales vinculadas al Hogar Elisa Martínez. La decisión se conoce a días de la visita a Guatemala del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.
Sandy Pineda
15 de junio de 2026
|
13:28h
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Representantes de la PGN, Copadeh y otras instituciones participaron en una citación en el Congreso donde se discutió la desestimación de una denuncia relacionada con presuntas adopciones ilegales vinculadas al Hogar Elisa Martínez. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)
La desestimación de la denuncia se ha dado a conocer a pocos días de la visita oficial a Guatemala del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), programada del 23 de junio al 3 de julio.
Durante una citación en el Congreso este lunes 15 de junio, la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que recibió una resolución del Ministerio Público (MP) mediante la cual se desestimó la investigación relacionada con las presuntas adopciones ilegales vinculadas al Hogar Elisa Martínez y que alcanzan a la exfiscal general María Consuelo Porras Argueta.
“Posteriormente, aproximadamente a los tres días, recibimos una resolución a través de la cual se nos notifica de la desestimación de la investigación, de la denuncia prácticamente”, explicó Liliana Guzmán, Coordinadora del Área Penal de la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la PGN.
Según la funcionaria, la fiscalía argumentó que una resolución previa de la Corte Suprema de Justicia que rechazó una solicitud de retiro de inmunidad contra la fiscal general, Consuelo Porras, impedía continuar con las pesquisas. “Consideraron que derivado de que la denuncia había sido declarada sin lugar, que no había materia para seguir investigando y por consiguiente se desestima la denuncia”, indicó.
PGN impugna resolución
Según expuso la PGN, la resolución que desestimó la denuncia fue promovida por la Fiscalía contra Operadores de Justicia. Durante la citación se indicó que la solicitud fue firmada por el fiscal José Raúl Hernández Rivera y avalada por la fiscal Leonor Eugenia Morales.
La PGN manifestó su desacuerdo con esa decisión y confirmó que presentó una oposición judicial. “Nos sorprendió mucho que nos resolvieran de esta forma”, afirmó Ferreira, quien agregó que las denuncias promovidas por la institución fueron planteadas “de forma general” y no contra una persona específica.
Lucrecia Prera, Subprocuradora de la PGN, señaló que la institución busca que un juez revise la decisión de archivar las actuaciones y determine si existen elementos para que la investigación continúe. “Presentamos ya la oposición ante el juzgado correspondiente y estamos a la espera de que se señale la audiencia correspondiente”, afirmó.
El diputado José Chic cuestionó la resolución y aseguró que existen elementos suficientes para profundizar las pesquisas. “Aquí hay toda una estructura criminal histórica que estuvo operando en aquel momento”, afirmó durante la reunión.
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Chic también criticó la decisión de archivar el caso. “Leonor Morales quiere dejar en impunidad a la jefa, pues eso es así”, declaró. Además, sostuvo que “el caso de las adopciones ilegales lleva implícito una serie de delitos cometidos en contra de familias guatemaltecas que no pueden quedar en impunidad”.
Este medio solicitó una reacción al Ministerio Público respecto a la decisión de desestimar la denuncia; no obstante, al cierre de la nota no se obtuvo respuesta
Visita de la ONU
En la misma citación, Claudia Ordóñez, representante de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), recordó que la visita del mecanismo internacional se realizará en los próximos días. “Del 23 de junio al 3 de julio tenemos la visita del Grupo de Trabajo precisamente de desaparición forzada o involuntaria, que fue precisamente el procedimiento especial que nos remitió al Estado de Guatemala para empezar con esta investigación”, señaló.
De acuerdo con la convocatoria oficial, el Grupo de Trabajo busca recabar información de primera mano sobre desapariciones forzadas en Guatemala, evaluar avances en verdad, justicia, reparación y memoria, así como identificar los obstáculos que persisten para el esclarecimiento de estos casos.
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El caso Elisa Martínez
El caso tomó relevancia internacional luego de que expertos del Grupo de la ONU expresaran preocupación por posibles adopciones internacionales irregulares ocurridas durante la década de 1980, en el contexto del conflicto armado interno.
Según los señalamientos trasladados al Estado de Guatemala, varios niños indígenas habrían sido víctimas de secuestro o desaparición forzada antes de ser entregados en adopción a familias en el extranjero mediante procesos presuntamente irregulares.
Las denuncias también hicieron referencia al Hogar Temporal Elisa Martínez, una institución que funcionó durante varios años como centro de atención para menores de edad. En ese contexto surgieron cuestionamientos sobre la participación de funcionarios y operadores que tuvieron relación con los procesos de adopción de la época. Entre ellos figura la fiscal general Consuelo Porras, quien trabajó en dicha institución durante la década de 1980, según registros mencionados por autoridades durante las citaciones legislativas.
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Durante la citación legislativa, el secretario de Bienestar Social informó que en los archivos de la institución existen registros de 1 mil 8 expedientes relacionados con el Hogar Elisa Martínez entre 1968 y 1997, de los cuales aproximadamente 860 concluyeron en procesos de adopción.
Asimismo, confirmó que el Ministerio Público ha solicitado documentación relacionada con expedientes de adopción, registros de trabajadores del hogar, información sobre tutores, notarios y expedientes laborales de personas vinculadas a la institución.
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Chic sostuvo que las investigaciones deben profundizarse para establecer el origen de los menores que fueron entregados en adopción durante ese período. “Esos 860 menores de edad no llegaron a Elisa Martínez por obra y arte del Espíritu Santo. Llegaron porque alguien los llevó”, afirmó.
El legislador también señaló que la futura visita de la ONU representa una oportunidad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Al concluir la misión, los expertos presentarán observaciones preliminares sobre sus hallazgos y posteriormente elaborarán un informe que será remitido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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