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Ana Lucía Freire
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La trama de presunta corrupción judicial denominada “Mueble Fino” sumó un nuevo capítulo este lunes 23 de febrero de 2026. Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó formalmente al Juez Anticorrupción que la magistrada Nubia Vera sea llamada a juicio como presunta autora directa del delito de concusión.
La audiencia se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito y se reinstaló con el fin de analizar los avances de una investigación que inició formalmente con allanamientos en junio de 2025. Según la tesis fiscal, Vera, en su calidad de jueza de la Unidad de la Familia, Niñez y Adolescencia de Pichincha, habría solicitado dádivas a cambio de beneficiar a litigantes en procesos bajo su conocimiento.
La Fiscalía fundamentó su pedido en más de 55 elementos de convicción, que incluyen:
El Ministerio Público sostiene que la funcionaria habría recibido mobiliario de alto costo y consumos en establecimientos de lujo. En consecuencia, la Fiscalía no solo pidió el llamamiento a juicio, sino que solicitó la ratificación de las medidas cautelares ya vigentes:
Tras la exposición de la Fiscalía, el Juez Anticorrupción decidió suspender la diligencia. La audiencia se retomará el jueves 26 de febrero a las 14:30 horas, donde la defensa de la jueza Vera presentará sus argumentos para intentar desvirtuar la acusación.
Cabe recordar que, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de concusión ocurre cuando un servidor público, abusando de su cargo, exige o recibe contribuciones no debidas. Este delito se sanciona con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.
El caso Nubia Vera no es un proceso judicial aislado. La magistrada cobró notoriedad pública el 23 de diciembre de 2024 al aceptar una acción de protección a favor de la entonces vicepresidenta Verónica Abad, permitiéndole retornar a sus funciones tras una suspensión administrativa impuesta por el Ministerio del Trabajo. Esta decisión marcó el inicio de fricciones institucionales. Vera denunció haber recibido presiones externas, señalando directamente a las autoridades del Consejo de la Judicatura para que fallara en contra de Abad. Estas denuncias aún forman parte de investigaciones previas abiertas en la Fiscalía.
Información externa Caso Encuentro
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La audiencia se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito y se reinstaló con el fin de analizar los avances de una investigación que inició formalmente con allanamientos en junio de 2025. Según la tesis fiscal, Vera, en su calidad de jueza de la Unidad de la Familia, Niñez y Adolescencia de Pichincha, habría solicitado dádivas a cambio de beneficiar a litigantes en procesos bajo su conocimiento.
Elementos de prueba
La Fiscalía fundamentó su pedido en más de 55 elementos de convicción, que incluyen:
- Testimonios.
- Registros de ingresos a hoteles.
- Peritajes a bienes.
El Ministerio Público sostiene que la funcionaria habría recibido mobiliario de alto costo y consumos en establecimientos de lujo. En consecuencia, la Fiscalía no solo pidió el llamamiento a juicio, sino que solicitó la ratificación de las medidas cautelares ya vigentes:
- Prohibición de salida del país.
- Presentaciones periódicas los lunes.
- Prohibición de enajenar bienes.
- Retención de cuentas bancarias por un monto de 10 520 dólares, cifra que coincidiría con el beneficio económico que habría percibido de forma irregular.
Suspensión de audiencia
Tras la exposición de la Fiscalía, el Juez Anticorrupción decidió suspender la diligencia. La audiencia se retomará el jueves 26 de febrero a las 14:30 horas, donde la defensa de la jueza Vera presentará sus argumentos para intentar desvirtuar la acusación.
Contexto legal
Cabe recordar que, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de concusión ocurre cuando un servidor público, abusando de su cargo, exige o recibe contribuciones no debidas. Este delito se sanciona con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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Caso notorio
El caso Nubia Vera no es un proceso judicial aislado. La magistrada cobró notoriedad pública el 23 de diciembre de 2024 al aceptar una acción de protección a favor de la entonces vicepresidenta Verónica Abad, permitiéndole retornar a sus funciones tras una suspensión administrativa impuesta por el Ministerio del Trabajo. Esta decisión marcó el inicio de fricciones institucionales. Vera denunció haber recibido presiones externas, señalando directamente a las autoridades del Consejo de la Judicatura para que fallara en contra de Abad. Estas denuncias aún forman parte de investigaciones previas abiertas en la Fiscalía.
Información externa Caso Encuentro
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