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Fabiola Pomareda García
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La Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de Alajuela solicitó al Juzgado desestimar una investigación penal contra 16 personas que habitaban en la comunidad fronteriza de Chorreras, en Cutris de San Carlos, por usurpación de bienes de dominio público, en perjuicio de los recursos naturales, según un documento judicial.
Entre el 7 de mayo y el 9 de julio de 2025, funcionarios del Área Conservación Arenal Huetar Norte, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), reportaron que en esa zona había personas que habían invadido el “Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo” y vivían “en ocupación ilegal dentro de un área silvestre protegida, poniendo en riesgo los ecosistemas del sitio, debido a afectaciones generadas en el lugar como: deforestación, contaminación de fuentes de agua y presión sobre la fauna silvestre”.
El Sinac afirmó que se había dado un cambio de uso del suelo de 92 hectáreas en la zona de Chorreras, así como nuevas invasiones en dicha área, con construcciones sin permiso municipal ni viabilidad ambiental.
La Fiscalía abrió una causa “contra ignorado”, es decir sin señalar a una persona en específico. El Sinac presentó una lista de las viviendas y construcciones que estaban en la zona protegida. Y en noviembre se ejecutó el desalojo de estas viviendas y locales comerciales, en cumplimiento de una “medida cautelar atípica de la restitución de las cosas a su estado anterior” ordenada por el Juzgado penal, por proceso de usurpación de territorio estatal, parte del expediente 25-000857-306-PE.
“La prueba no es suficiente” afirma Fiscalía
A Chorreras, ubicada cerca de la margen del río San Juan, frontera con Nicaragua, se llega a través de la ruta Boca Arenal, recorriendo aproximadamente 65 kilómetros en dirección noreste.
La comunidad estaba ubicada en la franja fronteriza norte y durante años se desarrolló como cualquier otra comunidad rural. A lo largo de una calle se levantaron las viviendas, con una pulpería, un bar-restaurante, una iglesia católica y una evangélica, una escuela del Ministerio de Educación Pública (MEP) y un centro comunal.
Después del desalojo del pueblo, solo quedaron escombros, las viviendas destruidas, y la gente se fue a buscar vida en otro lado.
Según planteó la Fiscalía el pasado 22 de enero, se está solicitando que se desestime la causa contra 16 personas porque “la prueba recabada durante la investigación no es suficiente para determinar que las personas ubicadas en las viviendas y estructuras fueran las mismas que realizaron las construcciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo”.
“Se analiza que según los distintos informes del Sinac, estas estructuras son de vieja data, incluso algunas de ellas se encontraban deshabitadas”, explicó la Fiscalía.
“Ante la imposibilidad de incorporar elementos de prueba que nos permitan determinar que las personas identificadas fueran quienes construyeron, y habiéndose finalizado la investigación, lo pertinente es solicitar que se ordene la desestimación de la sumaria”, señaló.
Posteriormente, la Fiscalía expuso que no se puede afirmar que las personas que estaban viviendo en la zona, sabían que estaban cometiendo una usurpación de bien de dominio público “con dolo”.
“El sujeto activo debe saber lo que está haciendo y conocer además que esa acción es contraria al ordenamiento jurídico”, apuntó la Fiscalía; sin embargo, aclaró que las personas en su mayoría desalojaron las viviendas de previo al desalojo de manera pacífica, “eran personas indocumentadas en su mayoría de baja escolaridad, e incluso fueron terceros los que les arrendaron o permitieron vivir en el sitio, todo esto lleva a determinar una duda razonable en cuanto al conocimiento y voluntad de ejecutar la acción”.
Después de presentada la solicitud de desestimación, el Juzgado Penal deberá decidir si la acoge o la rechaza y si la rechaza, el caso contra estas personas continuaría.
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Un pueblo “sacrificado” por la minería de oro ilegal
En diciembre del año pasado, el abogado especialista en derecho penal Karl Villalobos interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Municipalidad de San Carlos y la delegación policial de San Carlos por haber desalojado a las familias sin que se hubiera realizado el estudio de impacto ambiental requerido en los casos en que se trata de un área protegida.
Villalobos siempre ha argumentado que Chorreras fue un pueblo que se originó gracias a las políticas públicas del Estado de los años 60s, que favorecían al pequeño campesino y que estos campesinos llegaron de buena fe a poblar la zona. “No existió nunca dolo”.
“Es increíble que se haya querido criminalizar a esas personas como invasoras de tierras del Estado, cuando ellos llegaron antes del decreto de 1994 que creó el Refugio. Ellos arribaron ahí por impulso del mismo Estado que les facilitó terrenos, agua, luz , escuelas…”, expresó Villalobos.
Cuando surgió la denuncia del Sinac, vecinos de Chorreras afirmaron que, si bien en años recientes llegaron a la zona personas que se dedicaron a la minería ilegal de oro en Crucitas, que se ubica a 10 kilómetros, eso es algo que ellos como vecinos del pueblo no podían controlar. Sin embargo, las autoridades los responsabilizaron del desastre causado por la minería ilegal y el pueblo entero fue sacrificado.
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