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Fabiola Pomareda García
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Mientras la ex diputada oficialista y actual asesora en comunicación del Gobierno, Pilar Cisneros Gallo, ofrecía una conferencia de prensa afuera de Casa Presidencial, un notificador judicial llegó y le entregó un documento para que se apersone a declarar en la causa penal en la que el Ministerio Público investiga una presunta estructura de financiamiento ilegal en la campaña presidencial de 2022.
La mañana de este jueves la oficina de Prensa del Ministerio Público confirmó que se emitió una alerta migratoria para Cisneros, en virtud de que requiere citarla para su declaración indagatoria y no había podido ser citada ni en su casa ni por medio de su teléfono. Ello implica que si Cisneros sale del país, ello deberá ser informado a la Fiscalía.
Desde Presidencia se convocó a una conferencia de prensa de Cisneros a las 2:30 pm, pero afuera de Casa Presidencial, donde la periodista calificó todo como “absolutamente ridículo”.
“Tengo diecisiete años de vivir en la misma casa. Veinticinco años de tener el mismo teléfono. ¿Y saben qué? Ustedes costarricenses, ¿pueden reconocer este edificio que está aquí atrás? La Casa Presidencial. El edificio más público que hay. Aquí trabajo yo. Vengo todos los días, a veces desde las seis de la mañana. Ah, pero la Fiscalía no me ha podido notificar (…). Mi correo electrónico personal lo tengo desde el 2010. Ah, y tampoco han podido conseguir”, dijo Cisneros en la rueda de prensa.
“Es más, vea, don Carlo (Díaz), son un cuarto para las 3. Yo me quedo ahí hasta las 6. Y solo hay 2 kilómetros y 300 metros de aquí a la Fiscalía. Venga y me notifica de una vez”, señaló.
Alrededor de las 3:10 p. m., cuando Cisneros llevaba varios minutos despotricando contra el Poder Judicial y el Fiscal General, llegó un notificador judicial y le entregó el documento.
Anteriormente, Cisneros ya había adelantado que iba a empezar por buscarse un abogado.
Siete personas imputadas
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigó el financiamiento privado de la campaña del exmandatario y actual ministro de Hacienda y de Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, en 2022.
Posteriormente, el Ministerio Público abrió una investigación sobre el fideicomiso Costa Rica Próspera y en junio de 2025, la Fiscalía presentó una acusación penal contra siete personas que en ese momento gozaban de inmunidad, entre ellas Pilar Cisneros Gallo.
Las otras personas son Rodrigo Chaves Robles, Stephan Brunner Neibig, Arnoldo André Tinoco, Luz Mary Alpízar Loaiza, Paola Nájera Abarca y Waldo Agüero Sanabria.
La exdiputada cuestionó la investigación y afirmó que ella nunca tuvo nada que ver con las finanzas del partido.
“El tribunal tuvo esa investigación más de dos años. ¿Y Pilar Cisneros estaba en la causa? No. ¿Por qué? Porque el Tribunal sabe que yo no tuve nada que ver con las finanzas del partido. Nada. Entonces, el fiscal secuestra el expediente, se lo lleva a su oficina. Dos días después, se le resbala el expediente hacia los medios canallas (…), cuando había sido secreto, mientras lo tuvo el Tribunal Supremo de Elecciones. Y el Fiscal decide meterme en la causa. ¿Por qué será? Yo he dicho, ¿sabe qué, Carlo Díaz? Usted va a quedar como un perfecto charlatán. Porque sabe que Pilar Cisneros no tuvo nada que ver con eso”, dijo hoy Cisneros.
“¿Sabe lo que dice Carlito Díaz? El mentiroso de siempre. Ah, que seguro yo me había beneficiado del fideicomiso para promover mi diputación. Yo nunca pagué una valla, nunca mandé a hacer una camiseta, nunca hice una bandera, nada. Yo no invertí. Yo no necesitaba invertir en signos externos. ¿Qué fue lo que yo hice? Hablar con el pueblo (…). El Fiscal General sabe perfectamente que no tiene ninguna prueba por una razón sencilla. No existe. No existe. Yo nunca tuve nada que ver con las finanzas del partido y él lo sabe”, declaró Cisneros.
También reiteró que Rodrigo Chávez se postuló el 18 de septiembre del 2021 y que el fideicomiso Costa Rica Próspera se cerró un día antes. “Nunca coexistieron. Entonces yo no sé de qué están hablando. Es una causa que no va para ningún lado. Estoy segura”, añadió.
“Nunca va a poder comprobar que yo tuve algo que ver, yo tengo mi conciencia tranquila”, insistió Cisneros.
El Tribunal Supremo de Elecciones entregó a la Fiscalía un informe sobre el financiamiento de la campaña electoral del expresidente Rodrigo Chaves que apunta a que, en apariencia, este llegó al poder de la mano de dos “estructuras paralelas de financiamiento”, algo que está “terminante prohibido”, según indica el propio órgano.
La primera de esas estructuras irregulares que el órgano electoral señala que habría existido “en grado de probabilidad razonable”, supuestamente se gestó a través de un fideicomiso constituido el 25 de febrero de 2021 por el grupo “Costa Rica Próspera” (CRP), al que, en apariencia, ingresaron, entre el 25 de febrero y el 8 de octubre de 2021, las sumas de ₡62.010.239,00 y $348.182,50, de los cuales el Tribunal pudo identificar “el sufragio de gastos político-electorales” por ₡47.733.108,60 y $98.741,44. El fideicomiso supuestamente fue administrado por la empresa ATA Trust Company S.A.
La segunda “estructura paralela” señalada por el TSE habría favorecido al Partido Progreso Social Democrático y, en particular, a Chaves y al exdiputado Waldo Agüero. En este caso habrían participado Jack Loeb Casanova y Sofía Agüero (hija del exlegislador), las cuentas bancarias de esta última habrían sido utilizadas en este caso.
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